En la provincia de Kurdistán del Norte de Muş cuatro jefes de aldea del distrito de Malazgirt han sido depuestos a instancias del Ministerio del Interior turco. Los afectados son los jefes de los pueblos Mehmet Kaya del pueblo de Yaramış (Yeramîşa), Milazım Altun de Akören (Axwêran), Sertip Demir de Alikalkan (Elîqarxana) y Salih Söylemez de Kazgöl (Qasimî).

El motivo detrás de las destituciones es una investigación preliminar. Se desconocen los antecedentes exactos, ya que el archivo se mantiene en secreto. Los jefes de la aldea fueron detenidos temporalmente el 12 de febrero durante una operación de la policía militar (Gendarmería). Todavía no está claro si los miembros del AKP serán nombrados en su lugar.

La ola de represión que se está extendiendo por los municipios dirigidos por el HDP en las ciudades kurdas desde agosto de 2019 por orden del gobierno del AKP, como resultado de la cual casi cuarenta alcaldes elegidos han sido hasta ahora destituidos y sustituidos por un fideicomisario nombrado por el gobierno, también ha afectado a los jefes de los municipios y pueblos más pequeños. Muchos están acusados de "pertenencia a una organización terrorista" y de "propaganda terrorista" en investigaciones falsas.

Estrategia bien conocida

El HDP ha declarado repetidamente que la justificación de los fideicomisarios es completamente fabricada. La medida, dijo, mostraba la actitud hostil a la voluntad política declarada del pueblo kurdo. El Ministerio del Interior se está convirtiendo así en el centro de un golpe de estado, usurpando derechos y libertades y tomando decisiones que no muestran ningún rastro de democracia, según el HDP.

Las destituciones y la ola de detenciones son similares a las acciones del gobierno turco poco después del llamado intento de golpe de Estado en julio de 2016, cuando 98 de los 102 alcaldes de las ciudades kurdas fueron depuestos y reemplazados por síndicos nombrados por el Estado en el curso del estado de emergencia. Muchos de ellos fueron encarcelados posteriormente. Erdogan ya había amenazado con repetir esto en la campaña electoral antes de las elecciones locales de marzo de 2019, diciendo: "Todo candidato que tenga conexiones con "organizaciones terroristas" será depuesto si resulta elegido".

Durante el período de usurpación de los municipios de HDP entre 2016 y 2019, se han agotado todos los recursos de las administraciones locales kurdas. Los fideicomisarios del estado han dejado los ayuntamiento del HDP en ruinas, y los ayuntamientos se han convertido en centros de corrupción y robo. El HDP cree que el gobierno y el Ministerio del Interior quieren evitar que se expongan las violaciones de las normas y la corrupción que se produjeron durante este período. La burocracia militar y civil local, dice, ha apoyado esta corrupción porque ellos mismos se han beneficiado de ella.