El presidente del grupo parlamentario del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Abdullah Güler, anunció que han presentado el décimo paquete de reforma judicial al presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

Güler declaró: “Hemos presentado al Parlamento el décimo paquete de reforma judicial, que consta de 30 artículos. Este proyecto de ley es solo el comienzo; vendrán más reformas”.

La propuesta contiene 30 artículos e incluye enmiendas a 9 normas ya existentes. En una de las disposiciones, se prevé que los condenados deban cumplir al menos una décima parte de su pena en un centro penitenciario antes de poder acceder a la libertad condicional. Otra disposición introduce la posibilidad de libertad condicional para reincidentes. Con esta propuesta, también se busca reforzar los criterios para la buena conducta y la libertad condicional. Para quienes entren en este supuesto, el derecho a la libertad condicional se otorgará tras cumplir tres cuartas partes de la pena.

Güler añadió: “Actualmente, hay aproximadamente 19.800 reclusos en esta categoría. También estamos revisando el alcance de los procedimientos especiales de ejecución. Nuestra propuesta amplía estos procedimientos en favor de las mujeres y los menores. En particular, estamos aumentando el límite de condena para la ejecución durante fines de semana o por la noche de un año y medio a tres años en delitos intencionales. En el caso de delitos no intencionales, excluido el homicidio involuntario, aumentamos el límite de tres a cinco años. Además, ampliamos el alcance de la prisión domiciliaria. Para mujeres, menores y personas de 65 años o más, la duración pasa de uno a tres años. Para quienes tienen 70 años o más, se incrementa de dos a cuatro años. Para personas de 75 años o más, el límite se extiende de cuatro a cinco años. Además, para quienes tienen 80 años o más, se introduce la posibilidad de cumplir una condena de hasta seis años en prisión domiciliaria”.

Güler continuó: “Con excepción de las penas de cadena perpetua agravada, introducimos la posibilidad de prisión domiciliaria para otras condenas en los casos en que, según el Instituto de Medicina Forense, el condenado no pueda valerse por sí mismo en prisión debido a enfermedad o discapacidad. El objetivo es garantizar que los procesos de salud y tratamiento se lleven a cabo en condiciones más humanas. Por ello, hemos incluido en nuestra propuesta la posibilidad de cumplir una condena de cinco años en prisión domiciliaria, en lugar de los tres años actuales”.