A la sombra del juicio de clausura que se está celebrando contra el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el juicio de Kobani contra 108 políticos, entre ellos varios del HDP, incluidos los antiguos co-presidentes Figen Yüksekdag y Selahattin Demirtas, se está celebrando desde el 26 de abril en la sala del tribunal de la prisión de Sincar, cerca de Ankara, bajo fuertes restricciones para el público.

Los co-portavoces de Asuntos Exteriores del HDP, Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, han resumido en una declaración reciente titulada: “El caso Kobani: Violación del derecho a un juicio justo” los últimos acontecimientos importantes en este juicio por motivos políticos dictado por el régimen de Erdogan.

El comunicado publicado el miércoles incluye lo siguiente:

“En diálogo con los abogados y la comisión de asuntos legales del HDP, estamos escribiendo esta declaración para informarle sobre los alarmantes desarrollos ilegales que socavan la posibilidad de un juicio justo en el caso Kobani, que se inició contra 108 personas, incluidos los ex co-presidentes como también todos los demás miembros de la Junta Ejecutiva Central del partido en 2014, sobre la base de falsos cargos relacionados con el terrorismo.

La primera audiencia de la sexta sesión del caso Kobani se celebró el 8 de noviembre de 2021 en el campus de la prisión de Sincan en Ankara. Estuvo marcado por protestas de abogados y acusados, que afirmaron que las audiencias se están llevando a cabo de manera injusta.

El primer movimiento político del gobierno se produjo el 4 de noviembre, en el quinto aniversario de los ex co-presidentes y diputados del HDP, cuando el Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) destituyó al juez presidente del tribunal sin ninguna excusa o justificación formal. A la luz del principio de permanencia de los jueces, la retirada de un juez de un caso debe verse como la abolición de las garantías constitucionales y también de las previstas por el TEDH. Tal decisión e intervención en el tribunal constituye una clara injerencia política en el poder judicial y destruye su independencia e imparcialidad. Va contra la ley y anula la garantía de un juicio justo.

Durante el juicio, cada sesión duraba generalmente dos semanas, y la audiencia de cada día comenzaba a las diez de la mañana y continuaba hasta las cinco de la tarde. El 9 de noviembre, el tribunal decidió además reducir la pausa entre sesiones a una semana. Esta densidad de audiencias constituye un maltrato tanto para los acusados ​​como para los abogados que asisten al caso. Normalmente, debe haber una pausa de al menos 2 o 3 meses entre cada audiencia. Así, en la primera audiencia del 8 de noviembre, los abogados habían pedido a la junta judicial que las sesiones duraran una semana y estuvieran separadas por descansos de al menos dos meses. Y precisaron que si no se resuelve esta demanda, presentarán una denuncia penal ante el Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) y no asistirán a las audiencias hasta que el HSK responda a su denuncia.

El rechazo del tribunal a la demanda de los abogados es un claro indicio de la insistencia de las autoridades en poner fin al caso lo antes posible. Esta insistencia es política y se deriva especialmente de Devlet Bahçeli, presidente general del MHP, socio del gobierno del AKP. Bahçeli afirmó, el 27 de abril, que ´la decisión que llevará a los 108 acusados ​​a pasar momentos difíciles debe tomarse en poco tiempo y el HDP debe estar encerrado y sellado por la ley´.

El 11 de noviembre, los abogados defensores presentaron una denuncia penal ante el Consejo de Jueces y Fiscales contra los miembros del tribunal del caso Kobanê por faltas de conducta. Pero ese mismo día, el tribunal rechazó todas las demandas de los abogados y los imputados. Éstos ​​se habían negado a asistir al tribunal para protestar por la prisa del mismo, pero éste continuó la audiencia en su ausencia. Es completamente ilegal que el tribunal continúe la audiencia y tome decisiones sin abogados ni acusados. Con prisa por finalizar el caso lo antes posible, la junta judicial, sin ningún fundamento legal, decidió aplazar la audiencia hasta el 29 de noviembre.

Todas estas prácticas ilegales han tenido lugar a la sombra de la sentencia del TEDH sobre el Sr. Selahattin Demirtaş. Las acusaciones contra el HDP en relación con las protestas de Kobanê ya han sido analizadas por el TEDH en su sentencia sobre el Sr. Demirtaş hecha en diciembre. La sentencia de la Gran Sala señaló que ´las llamadas a Kobani no son llamadas a la violencia´, y agregó que ´no existe una relación causal entre las llamadas realizadas por la Sede del HDP y los hechos ocurridos, y éstas entran en el ámbito de la libertad de expresión´.

Terminaremos esta nota informativa con un recordatorio de algunos hechos básicos sobre este caso. Se presentó contra 108 personas, incluidos, entre otros, los ex co-presidentes del HDP, el Sr. Selahattin Demirtaş y la Sra. Figen Yüksekdağ, la actual co-presidenta, la Sra. Pervin Buldan, varios diputados y alcaldes actuales y anteriores del HDP, y todos los miembros de la Central del HDP. Junta Ejecutiva en 2014. El caso fue lanzado como una contramedida por parte del gobierno turco solo dos semanas después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera su sentencia final y exigiera la liberación inmediata de Selahattin Demirtaş. La acusación exige más de 15.000 años de prisión solo para Selahattin Demirtaş. El caso es crucial en sí mismo y el gobierno lo está utilizando como pretexto para cerrar el HDP y prohibir la política a sus ejecutivos.

En la actualidad, veinticuatro políticos se encuentran en prisión preventiva por el caso Kobani. Otros ocho han sido puestos en libertad, pero con restricciones. El 15 de junio, el tribunal falló a favor de la liberación de cuatro detenidos, pero con una prohibición de viajar internacionalmente. Los cuatro eran el co-alcalde suspendido de Kars, Sr. Ayhan Bilgen, y tres ex miembros de la Junta Ejecutiva Central (CEB) del HDP: la Sra. Berfin Özgü Köse, el Sr. Can Memiş y el Sr. Cihan Erdal. El 26 de junio, otro miembro de la Junta de los jefes ejecutivos, el Sr. Zeki Çelik, y los ex diputados, el Sr. İbrahim Binici, la Sra. Emine Beyza Üstün y la Sra. Emine Ayna, fueron puestos en libertad con medidas de control judicial y una prohibición de viajes internacionales”.