Si la corrupción se ha convertido en las últimas décadas en una enfermedad endémica en América Latina, alcanzando de hecho un grado de epidemia, el caso de Perú es sin duda el mejor ejemplo de la trascendencia de esta “enfermedad”.

El reciente arresto en California del ex presidente peruano Alejandro Toledo, quien enfrenta una petición de extradición a su país por corrupción y lavado de dinero, es el último capítulo conocido de una larga serie, que ha llevado a los tribunales a todos los ocupantes de la Presidencia del país andino desde 2001.

De hecho, incluso antes de 2001, Alberto Fujimori fue sentenciado a una larga condena, no solo por problemas de corrupción sino también por su responsabilidad en la organización y las acciones de un grupo paramilitar durante su largo período como presidente.

Alejandro Toledo se enfrenta a cargos de corrupción, soborno y lavado de dinero en su país, debido a su relación con la extensa red de corrupción establecida por la poderosa constructora brasileña Odebrecht, que incluye sobornos a numerosos políticos en la región (Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú).

Se sumaron además nuevos cargos a la causa inicial que originó la orden de detención internacional contra él en 2017. Estos cargos son el resultado de las declaraciones de su representante y amigo, el empresario judío-peruano Josef Maiman (actualmente en Israel), quien después de un acuerdo con el Grupo Especial de la Fiscalía del caso Olderbrecht, declaró haber recibido una suma de 36 millones de dólares para transferir a las cuentas de Toledo y su esposa.

Por este último caso, la fiscalía solicita 18 años y 6 meses de prisión, tanto para Toledo como para su esposa Eliane Karo.

El caso de Alejandro Toledo se suma al del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos actualmente en prisión provisional por el mismo caso Olderbrecht, y contra quienes la fiscalía solicita 20 y 26 años de prisión, respectivamente.

Por otro lado, y dentro de la misma red de corrupción, el dos veces presidente Alan García, se suicidó en abril de este mismo año, poco antes de ser arrestado en su casa, mientras que el ex presidente Pablo Kuczynski se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de juicio.

La eficiente conspiración de la constructora brasileña no se limitó, en el caso peruano, a comprar presidentes, sino también a extender su influencia a otros niveles, como los casos de los dos candidatos a la presidencia y el líder de la oposición; Keiko Fujimori (la hija del condenado ex presidente Alberto Fujimori), que espera en prisión, junto con sus colaboradores más cercanos, un juicio por financiamiento ilegal de sus campañas con fondos proporcionados por la empresa constructora; o el de la ex alcaldesa de la capital de Lima, Susana Villarín, encarcelada por un delito similar.