Dilan Kunt Ayan, diputada por Urfa (Riha) del Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM) y miembro de la Comisión de Justicia, afirmó que los anuncios del gobierno sobre nuevas reformas legales para septiembre y octubre reflejan un intento de prolongar el proceso. Subrayó la necesidad urgente de corregir las deficiencias sin más demora.

El décimo paquete judicial fue presentado al Parlamento sin atender las expectativas del público ni las demandas del Partido DEM. El paquete se encuentra actualmente en debate en la Comisión de Justicia.

La diputada del DEM y miembro de dicha comisión, Dilan Kunt Ayan, habló con ANF y afirmó que están trabajando intensamente para cumplir el papel que se les asignó tras el llamamiento realizado el 27 de febrero.

Dilan Kunt Ayan destacó la importancia de la frase final en la declaración emitida por Abdullah Öcalan: “Sin duda, el abandono de las armas solo será significativo si se realizan arreglos legales”. Y explicó: “Esto señala claramente la necesidad de cambios inmediatos en las leyes antidemocráticas de Turquía y de la aplicación de leyes democráticas y basadas en la igualdad. Uno de los mayores obstáculos legales para una solución democrática a la cuestión kurda es la legislación desigual e injusta en materia de ejecución de sentencias. Sin embargo, el paquete propuesto no incluye el nivel de reforma que esperábamos en relación con una ejecución equitativa y justa de las penas”.

Viola el principio de igualdad y el espíritu del proceso

Dilan Kunt Ayan señaló que incluso las disposiciones relativas a los presos gravemente enfermos, una cuestión que han planteado durante años, siguen siendo insuficientes en el paquete propuesto, y declaró: “Las personas condenadas a cadena perpetua agravada están siendo tratadas por separado. Esto viola tanto el principio de igualdad como el espíritu del proceso. Tratar de manera diferente a quienes tienen penas agravadas significa que no podrán ser liberados para recibir tratamiento médico fuera de prisión. Consideramos que esto es discriminatorio, y hemos presentado una propuesta para cambiarlo. Exigimos que el arresto domiciliario esté disponible para todos los presos gravemente enfermos, incluidos aquellos con condenas agravadas. Incluso en casos de condenas graves, esto debería considerarse una medida preventiva que permita recibir tratamiento en condiciones hospitalarias adecuadas.

Otro problema es que, además de lo anterior, estas personas están sujetas a una condición adicional: un juicio sobre si ‘la persona representa una amenaza para la sociedad’. Este es un criterio vago y abstracto. ¿De dónde saldrá esa evaluación? El Ministerio del Interior escribirá a la policía preguntando: ‘¿Representa esta persona una amenaza para la sociedad?’ Naturalmente, la policía responderá en función de la naturaleza del delito y la situación, con opiniones personales, vagas y subjetivas. Además, esta condición queda a discreción del juez. La decisión la tomará el juez de ejecución de sentencias, a quien también se le otorga un poder discrecional amplio y abstracto. Tampoco consideramos que este enfoque sea justo o igualitario, y hemos dejado claro que también debe modificarse”.

Debe corregirse la desigualdad de la ley COVID

Dilan Kunt Ayan también recordó que la ley COVID aprobada anteriormente ni siquiera está incluida en el actual paquete judicial. Y continuó: “Esta fue una ley que aprobaron durante la pandemia de COVID. Los criterios de elegibilidad se basaban en la fecha en que la sentencia de una persona se volvía definitiva. También impusieron una fecha límite: quienes tuvieran una sentencia definitiva antes del 31 de julio de 2023 podían acogerse a cinco años de libertad condicional supervisada. Pero quienes la tuvieran a partir del 1 de agosto de 2023 quedaron excluidos. Esto ilustra claramente el carácter desigual de la medida. Las leyes de ejecución nunca se basan en la fecha de la sentencia firme, sino en la fecha en que se cometió el delito. Ese debería haber sido el principio rector también en esta ocasión, pero no se respetó.

Incluso cuando se promulgó la ley COVID, excluyeron a los presos políticos. En esta propuesta, exigimos un trato igualitario tanto para los presos comunes como para los políticos en el marco de la ley COVID. Exigimos igualdad en el régimen de ejecución de penas, pero una vez más, esa demanda fue ignorada”.

Seguiremos luchando en la comisión

También hay una disposición en este borrador sobre los delitos reincidentes. Por supuesto, la parte relacionada con los presos comunes debe reconocerse como positiva en cuanto a la equiparación del régimen de ejecución. Pero nuevamente, no abordaron el requisito del artículo 17 de la Ley Antiterrorista (TMK-17), que obliga a que quienes han sido condenados a cadena perpetua agravada cumplan la pena completa. Solo lo regularon para delitos comunes. Sin embargo, lo que debía hacerse era eliminar por completo el artículo 17, porque impone un régimen de ejecución desigual. Hemos hecho todas estas valoraciones y las manifestaremos en la comisión, tanto a través de propuestas de enmienda como exigiendo su inclusión”.

Deben tomarse medidas sin demora

Ante las declaraciones del gobierno que sugieren que las nuevas reformas legales se introducirán gradualmente en septiembre y octubre, Dilan Kunt Ayan declaró: “La parte gubernamental ha dicho que estas leyes se aprobarán gradualmente en el próximo período, pero no estamos de acuerdo con extender en el tiempo las reformas del régimen de ejecución de penas. El espíritu del proceso exige urgencia. La gente quiere ver pasos concretos. Sí, ahora mismo hay un paso respecto a los presos enfermos, pero ¿por qué no se acelera? ¿Por qué se están tomando estas medidas con exclusiones? Estamos presenciando un proceso que se prolonga deliberadamente. Si este paquete hubiera incluido medidas que cubrieran a todos los presos políticos, habría sido una señal fuerte para reforzar y socializar la implicación pública en el proceso. Por eso creemos que debe actuarse sin demora, sin seguir estirándolo más”.