Ha concluido la investigación sobre el abogado Fırat Epözdemir, miembro de la junta ejecutiva del Colegio de Abogados de Estambul. La Fiscalía General de Estambul, que inició la investigación por los cargos de “pertenencia a una organización terrorista” y “propaganda de una organización terrorista”, ha solicitado una pena de prisión de entre 7 años y 6 meses y 15 años en su escrito de acusación contra Epözdemir.

En su escrito de acusación, la Fiscalía General de Estambul declara: “Sobre la base de la información obtenida en el informe de la investigación, se ha determinado que a raíz de declaraciones que se alineaban con la directiva de Abdullah Öcalan de formar alianzas con grupos políticos de izquierda, el sospechoso participó en el Congreso Democrático de los Pueblos (HDK) como presidente del distrito de Bağcılar. El HDK, especialmente en las provincias occidentales, tiene como objetivo canalizar el poder político y el potencial de masas de las organizaciones de izquierda y los grupos marginales hacia la organización”.

El 27º Tribunal Superior de lo Penal de Estambul, ante el que se ha presentado la acusación, decidirá si acepta la acusación tras realizar la revisión pertinente.

Fırat Epözdemir lleva casi tres meses en prisión preventiva por este caso.

Pérdida del estado de derecho en la República turca

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de “terrorismo”, un término indefinido, por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Además, el gobierno turco está constantemente destituyendo a cargos electos y sustituyéndolos por fideicomisarios afines al régimen de Erdogan, lo que contraviene todos los principios democráticos. En lugar de sustituir a los cargos destituidos por los segundos en su lista, los cargos son arrebatados a los partidos que salieron victoriosos en elecciones y entregados al gobierno central.

Por si fuera poco, todo esto llega en un momento en que desde el propio gobierno se habían hecho declaraciones y dado pasos para establecer un proceso de paz de cara a resolver la cuestión kurda, uno de las principales conflictos en Turquía y el Kurdistán Norte de cara al establecimiento de una convivencia pacífica. El líder popular kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado en un régimen de aislamiento agravado al margen de toda legalidad desde 1999, según el que no puede reunirse ni comunicarse ni con sus familiares ni tan siquiera con sus abogados, acogió de buen grado estos pasos e hizo una declaración histórica. Sin embargo, desde entonces el gobierno turco no ha dado ni un solo paso en la consecución de una solución, abogando sin embargo por continuar con golpes políticos contra la democracia y ataques de invasión en otras zonas del Kurdistán como en Siria o Irak.

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