En 2018, Global Witness documentó 164 asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente: personas comunes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos contra industrias destructivas. Innumerables más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.

Sin embargo, los datos de Global Witness sobre asesinatos nunca proporcionarán una imagen precisa de la verdadera magnitud de este problema. En algunos países, la situación a la que se enfrentan los defensores es difícil de medir porque la prensa no es libre, y los gobiernos o las ONG no vigilan o documentan sistemáticamente los abusos. El acaparamiento de tierras también puede ser muy difícil de monitorear en partes del mundo que
están envueltos en un conflicto.

Estos factores, junto con el hecho de que mantenemos un enfoque estricto para verificar los informes de asesinatos, significan que nuestras cifras son sólo aproximadas.

Algunas de las principales conclusiones del informe:

164 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron registrados muertos en 2018, lo que promedia a más de tres por semana. Muchos más fueron atacados o encarcelados.

Por primera vez desde que Global Witness comenzó a documentar asesinatos en 2012, Brasil ha pasado del primer lugar en nuestro ranking. Esto está en línea con la caída general de las tasas de homicidio del año pasado.

Filipinas fue el país que sufrió el mayor número de muertes en 2018, con 30 muertos. 15 de estos asesinatos estaban relacionados con la agroindustria.

Guatemala pasó de tres asesinatos en 2017 a 16 el año pasado, lo que la convierte en el país más peligroso per cápita en 2018.

Más de la mitad de los asesinatos de 2018 tuvieron lugar en América Latina, siempre clasificado como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012. Un factor que contribuye es la fuerte tradición de activismo de derechos humanos en la región. Esto significa que hay muchos grupos que trabajan con defensores de la tierra y del medio ambiente y que vigilan y denuncian los abusos.

La minería fue el sector más mortífero, con 43 defensores muertos en protesta contra los efectos destructivos de la extracción de minerales en la tierra, los medios de subsistencia y el medio ambiente de la población.

Se produjo una escalada de asesinatos de defensores que luchaban por la protección de las fuentes de agua, que pasaron de 4 en 2017 a 17 en 2018.

La impunidad generalizada dificulta la identificación de los perpetradores, pero Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes.