El Ministerio del Interior turco retiró el pasado 19 de agosto al alcalde de Diyarbakır, Adnan Selçuk Mızraklı; el alcalde de Mardin, Ahmet Türk; y a la alcaldesa de Van, Bedia Özgökçe Ertan.

Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, ha declarado: “El gobierno del presidente Erdogan ha cancelado los resultados de las elecciones locales de marzo en las tres ciudades principales del sureste y este kurdos al destituir a los alcaldes elegidos por los votantes, todos candidatos válidos, y pasar a hacerse cargo de estos municipios”.

Human RIghts Watch ha recordado que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha criticado duramente a Turquía por sus acciones en la búsqueda de cargos de terrorismo sin fundamento contra miembros electos del Parlamento”.

Los tres alcaldes destituidos el pasado 19 de agosto ganaron sus escaños en las elecciones locales del 31 de marzo: Mızraklı con el 63 por ciento de los votos, Türk con el 56 por ciento y Özgökçe Ertan con el 53. Es la segunda vez que los alcaldes electos en la parte sureste del país han sido destituidos y reemplazados por nombramientos hechos desde Ankara.

Human Rights Watch ha agregado que “estos movimientos del gobierno de Erdogan contra candidatos elegidos democráticamente violan las obligaciones que tiene Turquía bajo las leyes internacionales y regionales de derechos humanos.

Las medidas violan el derecho a la participación política, el derecho a elecciones libres y el derecho a la libertad de expresión en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Antecedentes

En septiembre de 2016, la Ley de Municipios se modificó en virtud de un decreto fruto del estado de emergencia para facilitar la destitución de alcaldes acusados de vínculos terroristas y su sustitución por gobernadores provinciales.

Noventa y cuatro alcaldes del Partido de las Regiones Democráticas (DBP) fueron entonces destituidos, y posteriormente enviados a prisión preventiva prolongada.