Hişyar Özsoy, vicepresidente adjunto del HDP responsable de Asuntos Exteriores y diputado por Diyarbakır, ha emitido un comunicado sobre los fideicomisarios designados en los municipios gobernados por el HDP.

El texto completo del informe del HDP dice lo siguiente:

"Nombramiento de “fideicomisarios” en las municipalidades kurdas de Diyarbakir, Mardin y Van, ¡otra vez!

El régimen de Erdogan está decidido a mantener su gobierno autoritario e ilegal que ha dirigido contra las provincias kurdas durante los últimos tres años. Desde las elecciones locales del 31 de marzo de 2019, los municipios del HDP han permanecido bajo constantes amenazas y ataques del gobierno del AKP liderado por Erdogan y sus aliados ultranacionalistas del MHP. Estas amenazas cobraron mayor importancia a partir del 19 de agosto de 2019, cuando el Ministerio del Interior destituyó a los alcaldes electos y disolvió las Asambleas Municipales de los tres Ayuntamientos metropolitanos kurdos en Diyarbakır, Mardin y Van.

Los municipios del HDP y la voluntad popular que representan ya fueron severamente eludidos en el pasado, ya que cuando el régimen de Erdogan declaró el estado de emergencia durante dos años tras el aborto del golpe militar del 15 de julio de 2016, lo utilizó para fomentar su consolidación autoritaria. En ese contexto, emitió un Decreto de Gobierno (No. 674) en septiembre de 2016, que pronto permitió, como señalaba el Informe de la ONU de 2017: ‘El total reemplazo de los cargos electos de origen kurdo en todo el sudeste de Turquía ... por fideicomisarios [designados por el gobierno central]. En la mayoría de los casos, los fideicomisarios fueron nombrados inmediatamente después de la detención de los cargos democráticamente electos, lo que indica un alto grado de coordinación entre el poder judicial y los poderes ejecutivos’.

Desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2018, 94 de los 99 gobiernos locales dirigidos por el DBP (partido hermano del HDP en los gobiernos locales en aquel momento), incluyendo cuatro municipales (y metropolitanos) y diez provinciales en la región kurda, fueron disueltos y reemplazados por fideicomisarios. 93 co-alcaldes y otros cientos de miembros de las Asambleas Municipales fueron encarcelados por varios períodos. Aunque el estado de emergencia finalizó oficialmente en julio de 2018, sus reglamentos, incluidos los relacionados con los gobiernos locales, fueron ratificados en el Parlamento turco como estatutos permanentes y permanecieron intactos. En el período previo a las elecciones municipales del 31 de marzo de 2019, 50 alcaldes kurdos todavía permanecían en prisión. Entre ellos, 29 llevaban aproximadamente dos años en preventiva antes de la celebración del juicio.

En prácticamente todos los casos, desde 2016 hasta 2018, la destitución de los alcaldes kurdos se realizó bajo el pretexto de la ley antiterrorista. Como ha sido ampliamente criticado por observadores también transnacionales, esta ley, con ‘su definición amplia y excesivamente vaga de terrorismo, crimen organizado y propaganda, hace que sea manifiestamente imposible determinar la naturaleza precisa de tales delitos’, y actúa como ‘un instrumento para la represión del disenso interno’ a nivel general. Esta arbitrariedad es aún más acusada cuando se presenta la acusación de ‘terrorismo’ contra las expresiones de demanda kurdas, especialmente en el contexto reciente de negación de su identidad y el conflicto kurdo, un proceso que ha cobrado impulso después de que el Sr. Erdogan diera la vuelta a la mesa de negociaciones en abril de 2015 y declarara que: ‘No existe nada parecido a un problema kurdo y que quien lo mencione ‘está incurriendo en separatismo’.

En las elecciones locales del 31 de marzo de 2019, el HDP ganó la abrumadora mayoría de los municipios kurdos usurpados por el régimen de Erdogan, y las prácticas autoritarias e ilegales del régimen se reanudaron de inmediato. En primer lugar, aunque la Ley de Electoral de Turquía (No 3627) requiere de la aprobación previa de la elegibilidad por parte de las juntas electorales locales de cada candidato, a casi un centenar de los candidatos ya elegidos en las urnas se les negaron posteriormente sus certificados con diversos pretextos. En su lugar, se otorgaron estos certificados electorales a candidatos del AKP que habían perdido en las urnas. Además, el Ministerio del Interior denegó a 88 miembros del Consejo Municipal de HDP sus certificados upuestamente debido a investigaciones penales pendientes.

Más recientemente, el 19 de agosto de 2019, el Ministerio del Interior retiró del cargo al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Diyarbakır, Adnan Selçuk Mızraklı, al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Mardin, Ahmet Türk, y a la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Van, Bedia Ertan Özgökçe.

En su declaración escrita, el Ministerio del Interior intentó justificar este golpe de Estado sobre la voluntad del electorado kurdo con investigaciones pendientes sobre ‘terrorismo’. El Ministerio comentó: ‘Los alcaldes vinculados con organizaciones terroristas y o que apoyan a organizaciones terroristas han sido destituidos de conformidad con el Artículo 127 de la Constitución y el Artículo 47 de la Ley Municipal Nº 5393’.

El Ministerio del Interior también citó el sistema de co-alcaldías del HDP como una de las razones para la purga de nuestros alcaldes, señalando esta práctica como una ‘evidencia’ de la conexión del HDP con una ‘organización terrorista’. El HDP busca un sistema de co-presidencia en todos los niveles de representación como una herramienta política por la de igualdad de género. Los gobiernos locales no están exentos de esta práctica. La Ley Municipal existente no reconoce el sistema de co-alcaldía. Sin embargo, llevamos a cabo esta práctica de facto y con total transparencia pública y consentimiento al nominar informalmente a cada uno de nuestros candidatos al consejo municipal en las plataformas electorales locales como ‘co-alcaldes’ durante todo el período de la campaña. Para nosotros, esta práctica es un componente esencial para promover la igualdad de género en la representación política, y consideraríamos un insulto atacarla bajo el pretexto del terrorismo.

No solo la purga de nuestros alcaldes, sino también su reemplazo por fideicomisarios designados por el gobierno, implican un golpe de estado contra la voluntad democrática kurda. La Ley Municipal de Turquía (No 5393) establece que en caso de que un alcalde sea suspendido o destituido de su deber, la asamblea municipal elige a uno de sus miembros como nuevo alcalde. Esta regla se observó cada vez que, en el término anterior, los alcaldes del AKP, el MHP o el CHP fueron retirados de sus cargos por unas u otras razones. Una cláusula adicional al Artículo 45 de la Ley Municipal en 2016 eximió de esta regla a los ‘casos de destitución de alcaldías por vínculos con organizaciones terroristas’ y autorizó al ‘Ministerio del Interior y los fideicomisarios a designar los individuos pertinentes para reemplazarlos’. Esta cláusula del estado de emergencia se convirtió más tarde en permanente y se ha implementado en los casos de las alcaldías purgados al DPB y al HDP sin excepción.

Esta administración especial refleja la excesiva hostilidad hacia la existencia y los derechos del pueblo kurdo, que ha sido una característica constitutiva de la reincidencia autoritaria de Turquía bajo la coalición AKP-MHP liderada por Erdogan desde 2015. En este proceso, no solo la voluntad democrática popular kurda ha sido suprimida por la purga de sus mandatarios parlamentarios o locales, sino que se ha puesto en práctica un régimen integral de opresión e intimidación en las ciudades y pueblos kurdos para obstaculizar cualquier atisbo de protesta popular. Por eso, más recientemente, en la madrugada del 19 de agosto, antes de que se emitiera la decisión de purga del Ministerio del Interior, la policía detuvo al menos a 418 figuras públicas en Diyarbakır, Van, Mardin y muchas otras provincias en redadas preventivas coordinadas. Después de la purga de nuestros alcaldes, los gobernadores provinciales prohibieron e incriminaron preventivamente cualquier forma de protesta de ‘ayuda al terrorismo’.

Sin embargo, el electorado kurdo hadefendido determinantemente sus derechos a la representación democrática. Durante los últimos dos días, se han llevado a cabo protestas masivas no violentas en Diyarbakır, Van y Mardin, que se han enfrentado a la brutalidad policial. Cientos de manifestantes han sido detenidos en este proceso, y decenas han resultado heridos y han tenido que ser hospitalizados, incluidos los diputados del HDP Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Tülay Hatimoğulları, Semra Guzel, Serpil Kemalbay, Remsiye Tosun, Kemal Pekoz y Ridvan Turan.

Es imperativo tener en cuenta que esta hostilidad discriminatoria contra la voluntad popular kurda implica y, sin embargo, busca esconderse bajo una retórica nacionalista turca de ‘terrorismo’. El deslizamiento de Turquía hacia la autocracia institucional comenzó con la purga de los parlamentarios del HDP con la total complicidad de otros partidos de la oposición, incluyendo al Partido Popular Republicano (CHP). A menos que la oposición no perteneciente al HDP tome una posición inmediata y unívoca contra este golpe inconstitucional contra la voluntad popular, es muy probable que los municipios en poder de otros partidos de la oposición pronto sean atacados de la misma manera, como el gobierno del CHP en Ankara y los municipios metropolitanos de Estambul.

Como HDP, seguimos comprometidos en la protesta contra este golpe autocrático dirigido contra la voluntad popular de nuestro electorado como parte de nuestra lucha por un sistema político democrático pluralista, una poderosa democracia local y una paz sostenida en nuestro país. Instamos a la oposición política más grande de Turquía y a la comunidad democrática internacional a no perder tiempo en actuar contra este golpe político cumpliendo con su parte para devolverle a Turquía la democracia parlamentaria y local y el estado de derecho.