En un comunicado leído en la Cámara de los Comunes, el Gobernador británico Brandon Lewis ha anunciado que abandonan los compromisos de Londres de llevar a cabo investigaciones independientes de los asesinatos de estado. Se ha establecido una legislación para que la mayoría de los casos sin resolver sean cerrados.

Una nueva ley propuesta impediría que se reabrieran estas investigaciones.

Mark Thompson, de la campaña Familiares por la Justicia, ha acusado a Londres de abusar de la fraseología asociada al proceso de paz para encubrir una intención “maligna”.

“El comunicado es poco sincero e insultante para las familias a las que se les ha negado la justicia desde los asesinatos de sus seres queridos”, dijo.

La propuesta eliminaría la Unidad de Investigaciones Históricas (HIU), un elemento clave del Acuerdo de Stormont House de 2014 para abordar el legado del conflicto pasado. Un único y nuevo organismo haría ahora hincapié en la recuperación de la información, en lugar de asegurar la justicia. Se cree que la medida requerirá además cambios en la legislación británica vigente sobre derechos humanos.

Michelle O'Neill, del Sinn Féin, ha dicho que la propuesta rompe el Acuerdo de Stormont House y que causará daño y rabia entre las familias que perdieron a sus seres queridos durante el conflicto.

“Se trata de una medida unilateral del gobierno británico para reescribir el Acuerdo de Stormont House sin consultar a los partidos políticos o al gobierno irlandés”.

O'Neill ha añadido: “No puede haber una jerarquía de víctimas y nadie, incluyendo las Fuerzas Estatales Británicas, puede estar por encima de la ley”.