Piden hasta 450 años de prisión para los abogados de ÇHD
Piden hasta 450 años de prisión en el caso parcialmente reabierto contra 19 abogados de la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD).
Piden hasta 450 años de prisión en el caso parcialmente reabierto contra 19 abogados de la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD).
En el juicio parcialmente reabierto contra los abogados de la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD), la Fiscalía General de Estambul ha pedido una condena total de hasta 450 años de prisión. A los acusados de les imputa pertenencia y/o liderazgo de una organización terrorista -es decir, el prohibido "Partido Revolucionario de Liberación Popular-Frente" (DHKP-C)-, así como realización de propaganda terrorista.
Un total de diecinueve abogados están acusados en el juicio, entre ellos el presidente de ÇHD, Selçuk Kozağaçlı, galardonado con el premio Hans Litten, que lleva cinco años encarcelado, y su colega Barkın Timtik, galardonada con el premio Ludovic Trarieux de Derechos Humanos 2020 y hermana de la abogada Ebru Timtik, que murió el año pasado tras un ayuno de 238 días por un juicio justo.
Sin pruebas, sólo acusaciones
En el caso contra los ÇHD, no hay pruebas, sólo acusaciones. La acusación se basa principalmente en declaraciones de supuestos desertores del DHKP-C, que se cree que son agentes del servicio de inteligencia turco (MIT), y en supuestos documentos de las autoridades policiales de Bélgica y Holanda. Según un informe del fiscal, estos documentos, que la policía turca afirma haber obtenido a través de solicitudes de información, demuestran que los acusados tenían vínculos con el DHKP-C y actuaban "de acuerdo con sus objetivos". Según las autoridades de seguridad belgas y holandesas, la Oficina Jurídica del Pueblo (HHB), afiliada a ÇHD, es una "organización subsidiaria" del DHKP-C.
Kozağaçlı: Ataque a la abogacía libre
Selçuk Kozağaçlı calificó el juicio, que se celebró en la sala del complejo penitenciario de Silivri, de ilegal y de "ataque a la libre defensa". Dijo que la fiscalía había copiado la acusación del juicio del tribunal inferior y que el tribunal era culpable de una ofensa criminal con el proceso. "Es un proceso que no se puede legitimar y tiene una motivación política. Estamos imputados porque como abogados hemos cumplido con nuestras obligaciones y hemos ejercido nuestro derecho a la libertad de expresión." Hubo aplausos de las filas de espectadores, entre los que había numerosos observadores del extranjero.
Juicio aplazado hasta enero
El tribunal rechazó todas las peticiones de suspensión del juicio, pero ordenó la inspección de los documentos policiales holandeses y belgas, así como el testimonio de los testigos y un control de identidad en el caso del presunto agente del MIT Ismet Özdemir. Kozağaçlı y Timtik siguen en prisión preventiva, y el juicio no se reanudará hasta el próximo año. Según el tribunal, la quinta vista principal tendrá lugar del 5 al 7 de enero de 2022.
Represión estatal contra ÇHD y HHB
Los miembros de ÇHD y HHB llevan décadas en el punto de mira de las autoridades represivas turcas. Son conocidos por su lucha para hacer valer los derechos humanos y civiles y asumen predominantemente mandatos políticos: por ejemplo, todos ellos participaron en juicios exitosos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Turquía. Selçuk Kozağaçlı, por ejemplo, que es uno de los acusados más destacados en el juicio ÇHD, representó, antes de su encarcelamiento, a los familiares de Metin Lokumcu, de 54 años, asesinado en 2011 durante las protestas contra los mítines electorales de Recep Tayyip Erdoğan en la región costera del Mar Negro cuando la policía utilizó gases lacrimógenos. También se involucró en el caso de Berkin Elvan, de 15 años, que fue golpeado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno durante las protestas de Gezi en 2013 y murió tras nueve meses en coma, representó a las familias de los fallecidos en el accidente de la mina de Soma, y a la profesora universitaria Nuriye Gülmen y al profesor Semih Özakça, que fueron despedidos de la administración pública tras el golpe militar frustrado en 2016.