Hoy se ha celebrado en Amsterdam la vista judicial sobre la extradición de Serdar Karakoç. El periodista kurdo fue detenido el 23 de mayo en su domicilio de los Países Bajos a petición de Alemania. El 14 de junio fue puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de 5.000 euros. Le han confiscado el pasaporte, no puede salir del país y tiene que presentarse en la comisaría una vez a la semana. El periodista, de 64 años, está siendo investigado en Alemania en virtud de la Ley 129b por su presunta pertenencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Decenas de profesionales de los medios de comunicación y activistas, algunos de los cuales habían viajado desde otros países para asistir a la vista, se reunieron frente al edificio del tribunal en Ámsterdam. La iniciativa "Libertad para Serdar Karakoç" hizo un llamamiento a la solidaridad con el periodista y a la protesta contra la política de criminalización de Alemania. Sólo un pequeño grupo pudo observar el juicio.

Al comienzo de la vista, el tribunal explicó que la justicia holandesa sólo examinaba la solicitud de extradición y no las acusaciones alemanas. Alemania acusa a Karakoç de trabajar para una organización terrorista, una acusación que no se formula en los Países Bajos.

Los abogados de Serdar Karakoç señalaron que su cliente sólo estaba acusado de actividades periodísticas y políticas en Alemania y subrayaron que esta actividad no podía estar relacionada con el terrorismo. Los abogados destacaron los estrechos vínculos entre Alemania y Turquía y expresaron su opinión de que el proceso penal alemán se había iniciado a petición de Turquía.

Los abogados exigieron que se rechace la petición de Alemania de entregar a Serdar Karakoç.

Karakoç dijo después que había trabajado como periodista en Turquía y luego en Europa después de su fuga: “He vivido en los Países Bajos durante más de veinte años. Durante este tiempo, viajé a menudo a Alemania, Francia y otros países, incluso durante el presunto período del crimen de 2017 a 2018 y después. El motivo principal de mis viajes era mi trabajo periodístico. También tengo familiares que viven en Alemania. Aunque mi trabajo es público, el estado alemán me está juzgando en virtud de la Ley 129b, es decir, por pertenencia a una organización terrorista”.

El periodista Karakoç afirmó que el concepto de terrorismo debería explicarse bien y que incluso en Turquía se asocia el concepto de terrorismo con la violencia. Subrayó que en el caso por el que fue juzgado en Alemania no hubo ningún acto de violencia y que él estaba haciendo periodismo. Afirmó que, según la legislación alemana, no debería ser juzgado en virtud de la Ley 129b.

Karakoç recordó las decisiones de diferentes tribunales europeos en 2014 y 2018 que afirmaron que "el PKK no es una organización terrorista" y subrayó que el PKK no es una organización prohibida.

Serdar Karakoç, en referencia al contenido de la ley 129b de Alemania, que penaliza las actividades democráticas de la comunidad kurda, afirmó que Alemania intenta presentar a todo el pueblo kurdo como terrorista utilizando como excusa sus actividades democráticas y legales. Señaló que las actividades periodísticas también están contempladas en la ley 129b y que esto es inaceptable.

También denunció que la organización del servicio de inteligencia turco MIT en Europa, Karakoç recordó las dos masacres en París y los intentos de asesinato contra políticos kurdos en Bruselas.

En cuanto a las actividades del MIT en Alemania, Karakoç dijo: “Según los informes oficiales anteriores de Alemania, 6 mil miembros del MIT están activos en Alemania. Estas personas han amenazado repetidamente a kurdos, figuras de la oposición, políticos y periodistas. He estado en Alemania muchas veces para investigar esta situación y para hacer entrevistas con las personas amenazadas. También hubo diputados alemanes que fueron amenazados, también los entrevisté. Por lo tanto, es seguro que el Estado turco tiene algo que ver en el caso contra mí”.

Tras la defensa de Serdar Karakoç, el tribunal decidió mantener el control judicial y anunció que el 7 de agosto tomará una decisión definitiva sobre su extradición a Alemania.