El bufete de abogados Asrin, con sede en Estambul, que representa a Abdullah Öcalan y sus tres compañeros de prisión en la prisión de alta seguridad de la isla de Imrali, ha publicado el “Informe de evaluación anual de 2023 sobre las violaciones de derechos y las condiciones actuales en la prisión de la isla de Imrali”.

“A pesar de todas nuestras solicitudes para el cumplimiento de las recomendaciones del CPT y las solicitudes de medidas de la ONU, no ha habido cambios en la práctica a lo largo de 2023, y la detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes ha continuado sin intermitencias, incluso en los casos en los que la ley lo exige, como temblores. Por lo tanto, 2023 ha sido otro año de absoluta incomunicación, en el que no hemos podido recibir ni una sola señal de vida de nuestros clientes”, señala el informe difundido por la Oficina Legal Asrın, que incluye lo siguiente:

I. INTRODUCCIÓN

1. Desde el principio, la prisión de la isla de İmralı se construyó como una cárcel con una sola celda para un solo prisionero basándose en la idea de aislamiento dentro del aislamiento. Hasta noviembre de 2009, nuestro cliente, el señor Abdullah Öcalan, era el único preso en la prisión. En 2009, después de que se renovó el edificio y se agregaron celdas adicionales, otros presos fueron trasladados a la prisión. Aquí, fueron sometidos a prácticas mucho más severas que las que habían enfrentado en las cárceles de donde procedían, es decir, fueron sometidos al “Sistema de Aislamiento de İmralı”, diseñado e implementado específicamente para el Sr. Öcalan. Después de noviembre de 2009, lo único que cambió fue que el régimen de aislamiento contra una persona se convirtió ahora en una forma de aislamiento grupal. Después de seis años en İmralı, estos presos fueron trasladados a otras prisiones. Nuestros clientes Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş, Nasrullah Kuran y Çetin Arkaş, que sustituyeron a los demás prisioneros los días 16 y 17 de marzo de 2015, comenzaron a ser sometidos a la misma práctica de aislamiento absoluto y detención en incomunicación específica al señor Öcalan desde el 5 de abril de 2015. No se ha sabido nada de ellos desde hace unos tres años.

II. DETENCIÓN INCOMUNICADA: NI UNA SOLA SEÑAL DE VIDA

2. El Sr. Abdullah Öcalan se encuentra recluido en una celda de aislamiento en la prisión insular de İmralı desde el 15 de febrero de 1999. Durante los primeros diez años fue el único recluso en la prisión insular unicelular. Aunque el 17 de noviembre de 2009 fueron detenidos seis presos, continuó recluido en régimen de aislamiento durante 23 horas al día entre semana y 24 horas los fines de semana. Durante los primeros doce años, su derecho a ver a un abogado estuvo ilegalmente limitado a una hora un día a la semana, pero las autoridades alegaron constantemente pretextos como “condiciones climáticas adversas” o “fallos técnicos del buque costero” para impedirle ejercer incluso este derecho limitado. Desde el 27 de julio de 2011 hasta hoy, solo ha podido reunirse con sus representantes legales en cinco ocasiones, y todas estas reuniones tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2019. La última de estas cinco reuniones fue el 7 de agosto de 2019. Desde 2014, sólo se le han permitieron cinco visitas de familiares. El último encuentro cara a cara fue con su hermano el 3 de marzo de 2020. Desde el primer día, solo se le ha permitido comunicarse por teléfono dos veces con sus familiares (el 27 de abril de 2020 y el 25 de marzo de 2021). La última llamada telefónica del 25 de marzo de 2021 se interrumpió poco después de comenzar y no se pudo restablecer la conexión. Desde ese día no se ha vuelto a saber nada del señor Öcalan.

3. El Sr. Çetin Aktaş y el Sr. Nasrullah Kuran, que fueron trasladados a İmralı los días 16 y 17 de marzo de 2015, fueron llevados a la prisión cerrada de Marmara contra su voluntad el 26 de diciembre de 2015, de modo que tres presos distintos del Sr. Öcalan permanecieron en İmralı. A nuestro cliente Hamili Yıldırım no se le ha permitido ni una sola reunión con sus abogados desde el 29 de marzo de 2015, cuando fue llevado a la prisión de la isla. Durante ocho años sólo ha podido recibir dos visitas de familiares. Su último contacto cara a cara con uno de sus familiares fue el 12 de agosto de 2019. Solo en dos ocasiones se le concedió el derecho a contactar con su familia por teléfono, el 27 de abril de 2020 y el 25 de marzo de 2021, respectivamente. No hemos sabido nada de él desde el 25 de marzo de 2021.

4. A nuestro cliente Ömer Hayri Konar no se le ha permitido ni una sola reunión con sus abogados desde el 16 y 17 de marzo de 2015, cuando fue llevado a la prisión de la isla de İmralı. Durante ocho años, sólo ha podido recibir visitas de familiares en tres ocasiones. El último contacto cara a cara con él tuvo lugar durante una visita familiar el 3 de marzo de 2020. Desde que lo llevaron a la prisión de la isla de İmralı, se comunicó con el mundo exterior por teléfono solo una vez, cuando se le concedió una llamada única a los presos el 27 de abril de 2020 por motivos de la pandemia de COVID-19. En cuanto a la llamada telefónica prevista para el 25 de marzo de 2021, la fiscalía informó a la familia de que el Sr. Konar se negó a atender la llamada telefónica en protesta por sus condiciones de detención. No se ha sabido nada de él desde el 27 de abril de 2020.

5. A nuestro cliente Veysi Aktaş no se le ha permitido ni una sola reunión con sus abogados desde el 16 y 17 de marzo de 2015, cuando fue llevado a la prisión de la isla de İmralı. Durante ocho años, sólo ha podido recibir visitas de familiares en tres ocasiones. El último contacto cara a cara con él tuvo lugar durante una visita familiar el 3 de marzo de 2020. Desde que lo llevaron a la prisión de la isla de İmralı, se comunicó con el mundo exterior por teléfono solo una vez, cuando se le concedió una llamada única a los presos el 27 de abril de 2020 por motivos de la pandemia de COVID-19. En cuanto a la llamada telefónica prevista para el 25 de marzo de 2021, la fiscalía informó a la familia que el Sr. Aktaş se negó a atender la llamada telefónica en protesta por sus condiciones de detención. No se ha sabido nada de él desde el 27 de abril de 2020.

III. SOLICITUDES, QUEJAS Y LA RESTRICCIÓN CONTINUA DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN Y VISITAS DE NUESTROS CLIENTES

6. Los familiares, tutores y abogados presentaron periódicamente solicitudes cada semana a la Fiscalía General de Bursa, que está a cargo de la prisión de la isla de İmralı, y a la Dirección de la Institución Penal Cerrada de Alta Seguridad Tipo F de İmralı. Durante 2023, se presentaron a ambas autoridades un total de 110 solicitudes de visitas de abogados y 59 solicitudes de visitas familiares, que las ignoraron por completo. De ellas, 14 solicitudes de abogado y 10 familiares se presentaron en relación con el gran terremoto que sacudió Turquía en febrero de 2023, pero incluso en estas circunstancias, en las que la ley declara obligatorios los derechos de visita, las autoridades no concedieron ni a una sola familia ni a un abogado.

7. Tampoco se sabe si nuestros clientes recibieron las cartas que les enviamos durante 2023. En cualquier caso, no hemos recibido ni una sola respuesta escrita por parte de los clientes. Además, a nuestros clientes se les siguió impidiendo ejercer su derecho a comunicarse por teléfono durante 2023, incluso cuando la ley lo establece como obligatorio, por ejemplo, en caso de terremoto.

8. Los terremotos del 6 de febrero de 2023 y sus réplicas, que tuvieron su epicentro en la provincia de Kahramanmaraş, causaron grandes víctimas y devastación en diez provincias del sudeste de Turquía (Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana, Urfa, Gaziantep, Elazığ, Malatya y Diyarbakır). Algunos de los familiares de los autores residían en estas regiones y fueron directamente afectados por los terremotos. Para que nuestros clientes obtengan información sólida sobre la situación de sus familiares, presentamos 12 solicitudes de visitas de abogados y nueve solicitudes de visitas de familiares todos los días del 6 al 17 de febrero ante la Fiscalía General de Bursa y la Dirección de la Prisión de İmralı. Sin embargo, no se recibió respuesta a ninguna de ellas. Asimismo, a los presos no se les permitió ponerse en contacto con sus familiares por teléfono, carta o fax, como exige en estos casos la Ley No. 5275. Presentamos una denuncia ante el Juzgado de Ejecución de Bursa, en la que le recordábamos las circunstancias especiales. Sin embargo, la Juez de Ejecución recurrió a sus habituales justificaciones para desestimar nuestras solicitudes y afirmó que “la sanción disciplinaria y la prohibición de visitas de abogados siguen vigentes”, actuando así como si el terremoto no hubiera ocurrido. Después de que nuestras apelaciones contra estas decisiones ilegales también fueran rechazadas, llevamos el caso al Tribunal Constitucional, donde aún está pendiente.

9. Después del doble terremoto del 6 de febrero, la alta probabilidad de que se produjera una fuerte replica en el Mar de Mármara pasó a ser un tema importante en las noticias y entre el público. Los expertos hicieron apariciones públicas para presentar sus opiniones e informes. En medio de estos debates, el 4 de diciembre de 2023 se produjo un terremoto de magnitud 5,1 en el golfo de Gemlik. Mencionamos esta urgente circunstancia en nuestras solicitudes ante la Fiscalía General de Bursa y la Dirección de la Prisión de İmralı los días 5, 7 y 8 de diciembre de 2023. Sin embargo, nos quedamos sin respuesta a nuestras solicitudes de reunión inmediata con nuestros clientes para asegurarnos de su bienestar e inspeccionar sus condiciones. Inmediatamente después, hubo otro terremoto de magnitud 3,0 y luego, más recientemente, el 17 de diciembre, se produjo un terremoto de magnitud 4,1 en Çınarcık, Yalova. A la luz de la información disponible para el público, después de estos terremotos, se ha vuelto imperativo abordar la ubicación geográfica de la prisión de la isla de İmralı desde el punto de vista de su vulnerabilidad a los riesgos de terremotos.

10. La práctica de impedir las visitas familiares mediante sanciones disciplinarias, que se imponen por motivos engañosos y se repiten cada tres meses, continuó sin interrupciones en 2023. Desde que las autoridades dejaron de indicar la fecha y el número de las sanciones disciplinarias, su ejecución puede ya no ser supervisado y se ha convertido en una cuestión de conjeturas. A lo largo del año, a pesar de todas nuestras solicitudes, los procedimientos disciplinarios y la ejecución de sanciones disciplinarias se llevaron a cabo en secreto para nosotros, los abogados, y nuestras solicitudes de que se nos asignaran los expedientes relacionados en el sistema judicial electrónico UYAP y de tener acceso a las pruebas y razonamientos y la documentación fue rechazada. Además, para impedir los derechos constitucionales de apelación de nuestros clientes y buscar remedios legales, los procedimientos fueron completamente retirados de cualquier supervisión legal. Cuando nuestras objeciones coincidieron por casualidad con períodos de objeciones, las autoridades no las procesaron y las hicieron esperar. De esta manera, finalizaron ilegalmente el proceso a través de nuestros clientes, quienes quedaron aislados de todo vínculo con el mundo exterior y no pudieron recibir apoyo legal. Al eludir la ley, han construido un régimen de castigo malicioso y estratificado. Al interpretar justificaciones irrelevantes para restringir las visitas de familiares y tutores (como el paseo durante las actividades deportivas), las autoridades han impuesto prohibiciones que carecían de cualquier vínculo causal o base legal y material. Si bien sería posible restringir las actividades deportivas en caso de una supuesta “infracción de disciplina” durante una actividad deportiva, es ilegal utilizar esto como justificación para restringir las visitas de familiares y tutores, que no tienen nada que ver con esto. Además de esto, a pesar del obstáculo absoluto del artículo 43, numeral 3 de la Ley N° 5275, que establece que “[l]a disposición de este artículo no se aplicará en reuniones con autoridades oficiales y competentes, abogados y representantes legales”, la disposición se ha aplicado de manera que incluya al representante legal, es decir, al tutor. A través de este tipo de acciones, los responsables de las autoridades administrativas y judiciales actuaron como legisladores. Recurrimos ante la Corte Constitucional contra las formas de tortura y violaciones sistemáticas de derechos que conllevan estas sanciones disciplinarias.

11. La prohibición de seis meses de visitas de abogados impuesta por el Juzgado de Ejecución de Bursa en 2022 continuó en 2023. El 27 de abril de 2023, se presentó una solicitud al Juzgado de Ejecución de Bursa para visitar a nuestros clientes en Imralı tan pronto como terminara esta prohibición. Sin embargo, supimos que el día anterior se había impuesto una nueva prohibición de seis meses para las visitas de abogados. Por lo tanto, presentamos una nueva solicitud ante el tribunal sobre visitas de abogados el 30/10/2023. Esta vez nos informaron que el día después de nuestra presentación ante el Juzgado de Ejecución de Bursa se nos había impuesto una nueva prohibición de seis meses de recibir visitas de abogados. En ambas solicitudes, argumentamos que la administración penitenciaria y la fiscalía nunca respondieron a nuestras solicitudes de visita, que las órdenes de prohibición habían expirado, que dichas prohibiciones y otros aspectos de las condiciones de detención de nuestros clientes eran contrarios a la prohibición de la tortura y que se les debería permitir inmediatamente el acceso a sus abogados. Junto con estas solicitudes y quejas, solicitamos que se nos notifiquen los fundamentos de las órdenes de prohibición y que se nos asignen los archivos correspondientes en el sistema UYAP. Estas solicitudes también fueron rechazadas. Luego presentamos un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las prohibiciones de visitas de abogados que se imponen sin fundamento legal, basándose únicamente en motivos de seguridad impredecibles, generales y abstractos, y se llevan a cabo en secreto, completamente fuera del control legal, dando lugar así a condiciones de detención inhumanas.

12. Desde 2015, se han presentado decenas de solicitudes ante el Tribunal Constitucional en nombre de nuestros clientes. El estancamiento ha neutralizado el impacto potencial de todas estas aplicaciones. Hay decenas de solicitudes presentadas especialmente con el fin de poner fin a la incomunicación de nuestros clientes, es decir, pedidos relativos a las prohibiciones de visitas, las sanciones disciplinarias dudosas y las prohibiciones material y jurídicamente infundadas de abogados y teléfonos, que están pendientes durante más de nueve años. En 23 de estos recursos, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado. Mientras tanto, a finales de marzo y principios de abril, es decir, en un corto período de tiempo, fuimos notificados de las opiniones contrarias del Ministerio de Justicia sobre estas solicitudes. En circunstancias normales, existe un período de respuesta de 15 días para que una parte comente la opinión del ministerio en las solicitudes ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nos envió las observaciones del ministerio sobre 23 casos distintos aproximadamente al mismo tiempo, esperando que respondamos a ellas en un plazo de 2 a 3 semanas. Aunque el Tribunal Constitucional no nos dio tiempo suficiente, logramos presentar nuestros comentarios sobre las observaciones del Ministerio.

IV. OTRAS SOLICITUDES Y QUEJAS

13. Además de los pedidos presentados a nivel local, en 2023 se presentaron ocho solicitudes al Tribunal Constitucional en relación con las graves violaciones de derechos humanos en İmralı. Uno de ellos está relacionado con que a nuestros clientes se les negaron sus derechos de visita y comunicación tras el terremoto a pesar de la exigencia legal expresa al respecto. Cuatro de ellos están relacionados con la denegación de visitas de familiares/tutores. Dos de ellos están relacionados con la denegación de visitas de abogados. Finalmente, el 6 de septiembre de 2022 , el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó a Turquía que “les permita el acceso inmediato y sin restricciones a un abogado de su elección” . Dado que las solicitudes presentadas ante la administración y el tribunal para el cumplimiento de esta solicitud resultaron infructuosas, se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por no haberse ejecutado la solicitud de medidas provisionales.

14. De acuerdo con las solicitudes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exigimos al Juzgado de Ejecución de Bursa que pusiera fin a la detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes y les permitiera el acceso inmediato y sin restricciones a un abogado de su elección. Sin embargo, la Magistratura respondió al énfasis del Comité de la ONU en el acceso “ilimitado” refiriéndose a la decisión de “restringir el derecho de los prisioneros a ver a un abogado por un período de seis meses”. En otras palabras, la Magistratura declaró que continuaría la restricción de reuniones entre abogado y cliente, ignorando por completo la solicitud del Comité de la ONU. Por lo tanto, consideró superior a los tratados de la ONU, reconocidos en la Constitución, una orden de restricción desprovista de cualquier base material o jurídica, impuesta a nuestros clientes por motivos de seguridad generales y abstractos. Solicitamos al Tribunal Constitucional impugnar estos obstáculos alegados por la Magistratura, anticipando curiosamente cómo se pronunciaría el Tribunal sobre este caso a la luz del artículo 90 de la Constitución. Pero aunque nuestra solicitud individual, que es la base de la solicitud de medidas provisionales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha estado ante el Tribunal Constitucional durante más de dos años, este aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la solicitud. El 19 de enero de 2023, el CDH de la ONU renovó sus solicitudes, esperando que el gobierno las cumpliera. Es testimonio del estancamiento legal que rodea a la prisión de İmralı que el Tribunal Constitucional se haya negado a intervenir e incluso haya retrasado su sentencia sobre el fondo de nuestra solicitud, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya solicitado a Turquía que restablezca inmediatamente el contacto de nuestros clientes con sus abogados, pero que los tribunales locales no ordenaron ninguna medida provisional y que finalmente tuvimos que presentar una segunda demanda ante el Tribunal Constitucional para poner fin a las violaciones en curso.

15. El 6 de enero de 2023, presentamos una queja ante la Unión de Colegios de Abogados de Turquía en relación con el hecho de que se nos impidiera tanto visitar a nuestros clientes en la prisión de İmralı como llevar a cabo nuestras actividades profesionales en su conjunto. En la solicitud, pedimos a la Unión que llevara a cabo las solicitudes e iniciativas necesarias para levantar la prohibición de 11 años de visitas de abogados en lo que respecta a nuestros clientes en la prisión de İmralı, y que tomara las medidas necesarias para identificar, seguir e impedir las prácticas en el seguimiento de los procesos legales relacionados con la representación por abogados que violan la ley e impiden a los abogados ejercer su profesión. Sin embargo, la Unión de Colegios de Abogados de Turquía no ha llevado a cabo acciones efectivas en relación tanto con el ejercicio de la abogacía como con el fin de las condiciones de tortura en İmralı.

16. Las condiciones de aislamiento absoluto e incomunicación no surgen de normas legales y constitucionales. En una carta enviada al Ministro de Justicia el 14 de marzo de 2023, se llamó la atención sobre el hecho de que la prisión de la isla de İmralı se mantiene fuera del sistema legal, recordando al Ministerio su responsabilidad por esta situación ilegal. Exigimos al Ministerio que garantice que prevalezca el Estado de derecho y que se cumplan los requisitos legales. Sin embargo, no ha habido ningún cambio en la práctica. Obviamente, las decisiones y prácticas administrativas y “judiciales”, que ocurren en violación de la legislación interna y que encubren la detención incomunicada de nuestros clientes (durante casi tres años en este momento), constituyen una forma de abuso de autoridad y deber.

17. Ni en los convenios internacionales de los que la República de Turquía es parte ni en la legislación nacional existe una norma que justifique la detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes. Los responsables de implementar y mantener este estado de cosas, que contraviene todas las obligaciones internacionales negativas y positivas, así como las normas constitucionales y legales, cometen los delitos de abuso de deber, impedir el ejercicio de derechos y violar la prohibición de la tortura. Sin embargo, nuestras denuncias ante el Consejo Superior de Jueces y Fiscales contra los responsables no fueron tramitadas y nuestras solicitudes y objeciones para un nuevo examen de esta decisión en 2023 fueron rechazadas.

18. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha anunciado que completó su informe sobre su visita a la prisión de la isla de İmralı el 22 de septiembre de 2022 y lo presentó al gobierno el 20 de marzo de 2023. No se sabe si Turquía ha respondió a este informe hasta hoy, y el CPT no se ha pronunciado al respecto. En 2023, presentamos cuatro comunicaciones separadas al CPT, que es responsable de prevenir, detectar y eliminar la tortura y los malos tratos inhumanos y malos tratos dentro de las fronteras del Consejo de Europa. En estas comunicaciones, proporcionamos información detallada para resaltar que las condiciones de detención en la prisión de la isla de İmralı excedían los malos tratos, que las prácticas bajo el régimen de cadena perpetua agravada que violan la prohibición de la tortura y la prohibición de la discriminación continuaban sistemáticamente. Además, informamos que no habíamos tenido noticias de nuestros clientes desde el 25 de marzo de 2021 y que su detención en incomunicación continuaba, que Turquía no había cumplido ninguna de las recomendaciones y solicitudes anteriores del CPT, que las condiciones en İmralı siempre se habían deteriorado en lugar de mejorar, y que la durabilidad de la prisión de İmralı debería ser examinado dada su posición en una línea de falla. Por estas razones, se pidió al CPT que hiciera una declaración pública sobre las condiciones en İmralı, que invocara el artículo 10/2 del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, que realizara una visita de facto a la prisión de la isla para observar y examinar nuestra las condiciones de los clientes en el lugar, y poner fin a iniciar los procedimientos pertinentes para tomar medidas coercitivas en un esfuerzo por levantar la prohibición de visitas y mejorar las condiciones de detención. Sin embargo, 2023 pasó a los libros como otro año en el que el CPT se abstuvo de tomar cualquier medida coercitiva para contrarrestar el Sistema de Aislamiento de İmralı y permaneció inactivo e ineficaz.

V. INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TEDH SOBRE ÖCALAN Y EL PROCESO DE SUPERVISIÓN

19. El régimen de cadena perpetua agravada, que se introdujo específicamente para el Sr. Öcalan, está regulado en los artículos 25 y 107 de la Ley nº 5275. En consecuencia, la pena de prisión continuará durante toda la vida del condenado y no se interrumpirá en ningún momento. En su sentencia sobre Öcalan núm. 2 de 18 de marzo de 2014, el TEDH dictaminó que estas normas legales violaban la prohibición de la tortura y afirmó que la legislación debería modificarse para ponerla en conformidad con los principios legales. Se solicitó la ejecución de esta sentencia con el pedido de solicitar al Tribunal Constitucional la anulación del artículo 107/16 de la Ley N° 5275 y del artículo 17/4 de la Ley N° 3713, que impiden la libertad condicional, por a su inconstitucionalidad. Al final, como determinó el TEDH en su sentencia, el Sr. Öcalan ha estado recluido en condiciones contrarias a la prohibición de la tortura durante 25 años. Por lo tanto, solicitamos que su sentencia sea revisada sin más demora desde un punto de vista social, político y legal y que se le brinde una perspectiva real de liberación. Sin embargo, el juez de ejecución ignoró las conclusiones y valoraciones del TEDH sobre una violación del Convenio y rechazó la solicitud. También se desestimó el recurso de apelación contra esta decisión. Posteriormente se presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso sobre las mismas solicitudes, que aún se encuentra pendiente.

20. Tras su sentencia en Öcalan No.2, donde sostuvo que la sentencia de cadena perpetua agravada que significaba el encarcelamiento hasta la muerte de los condenados violaba la prohibición de la tortura, el TEDH encontró violaciones similares en los casos Kaytan c. Turquía , Gurban c. Turquía y Boltan c. Turquía . Estos cuatro casos fueron incluidos en el procedimiento de supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, pero no fueron incluidos en el orden del día del Comité durante ocho años a pesar del incumplimiento de las sentencias por parte de Turquía. En 2021, ÖHD, IHD, TIHV y TOHAV presentaron una comunicación al Comité de conformidad con el artículo 9.2 del Reglamento interno alegando que Turquía no había aplicado las sentencias del TEDH. De manera similar, se presentaron comunicaciones en nombre del Sr. Öcalan en 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 y enero de 2023 de conformidad con el artículo 9.1 del Reglamento del Comité de Ministros. Estas comunicaciones contenían observaciones, conclusiones y explicaciones detalladas sobre el hecho de que Turquía no haya adoptado medidas individuales y generales de conformidad con la sentencia del Tribunal. Luego de las presentaciones de la Regla 9.1 y 9.2, el Comité decidió incluir las cuatro sentencias en su agenda.

21. En sus resoluciones provisionales de su reunión del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, encargado de garantizar que cesen las violaciones de la sentencia en cuestión, reafirmó que la violación de la prohibición de la tortura continuó, que las penas de cadena perpetua de los demandantes seguían siendo irreducibles a pesar de la recomendación del Tribunal, que Turquía no había compartido la información disponible sobre el asunto y que no había cumplido con los requisitos de la sentencia. El Comité declaró además que debían adoptarse sin demora medidas legislativas y otras adecuadas para garantizar un mecanismo que revisara la pena de cadena perpetua agravada después de un período mínimo determinado y permitiera la liberación de los condenados por motivos penales, y pidió a Turquía que proporcionara información sobre el número de personas detenidas que actualmente cumplían penas de cadena perpetua irreductibles y no revisables. También se alentó a Turquía a inspirarse en buenos ejemplos de reformas adoptadas en otros Estados miembros. A la luz de estas resoluciones, se pidió a Turquía que adoptara inmediatamente las medidas necesarias e informara al Comité de ellas a más tardar en septiembre de 2022.

22. Turquía defendió claramente el régimen de cadena perpetua agravada tanto en planes de acción anteriores como en sus comunicaciones de 2022, mostrando su intención de no cambiar la legislación, lo que significa que las condiciones que violan la prohibición de la tortura continuarán. Mientras tanto, no dio respuesta respecto de las demás solicitudes que le habían sido requeridas. Dado que el “Proceso de Supervisión” del Comité de Ministros del Consejo de Europa ha entrado en su décimo año, Turquía todavía está lejos de cumplir los compromisos que ha asumido en virtud del artículo 46 de la Convención.

23. El 26 de enero de 2023, presentamos otra comunicación al Comité de Ministros del CdE, invitandolo a hacer un seguimiento de las decisiones provisionales adoptadas en la reunión de noviembre-diciembre de 2021, a declarar decisiones provisionales más firmes en relación con las acciones necesarias y las medidas estructurales, a instar al Gobierno a adoptar inmediatamente medidas generales que incluyan medidas individuales, solicitar al Gobierno que presente un nuevo plan de acción que sea adecuado para remediar verdaderamente la violación constatada en la sentencia del Tribunal, e iniciar un procedimiento de infracción contra Turquía de conformidad con el artículo 46 § 4 del Convenio por su falta de adopción de medidas generales durante un período de nueve años. Sin embargo, en contra del espíritu de la sentencia del TEDH, el CdM hizo caso omiso de nuestras peticiones durante todo el año.

24. Por otra parte, a lo largo de 2023 hubo protestas, campañas de recogida de firmas, diversas marchas, incluida la marcha de Gemlik, declaraciones a la prensa, paneles, conferencias, talleres y, más recientemente, huelgas de hambre y vigilias por la justicia para oponerse a las condiciones en İmralı y a las políticas en todo el país que tienen su origen en la prisión. En la actualidad, continúan las huelgas de hambre y las vigilias de justicia impulsadas por las demandas de "libertad para Abdullah Öcalan y una solución democrática a la cuestión kurda".

25. En tiempos en que la verdad se pone patas arriba, es de vital importancia identificar correctamente la fuente y los mecanismos de la mentalidad que prefiere el estancamiento político prolongado en la cuestión kurda y entender hacia dónde volver la cabeza para lograr una solución democrática y futuro libre. Desde 1993, el señor Öcalan ha realizado esfuerzos y trabajo para la resolución de la cuestión kurda a través de medios democráticos. Durante 25 años en İmralı, ha mantenido su voluntad y determinación de garantizar la solución democrática de la cuestión kurda basada en el derecho internacional. Siempre ha llamado a la opinión pública, ha hecho sus propuestas y ha declarado su disposición a una solución democrática. Ha optado por el diálogo y la negociación para resolver la cuestión kurda y los problemas sociales relacionados por medios pacíficos y democráticos. Pero a pesar de esto, las políticas de estancamiento del gobierno han prevalecido e incluso se han vuelto más pronunciadas.

CONCLUSIÓN Y HALLAZGOS

I. İmralı se rige por un régimen extraordinario en condiciones extraordinarias. Los derechos y libertades fundamentales están constantemente suspendidos en un contexto de ausencia de control legal alguno. Ya no hay seguridad jurídica ni previsibilidad. Se cortan todos los vínculos de los reclusos con el mundo, los órganos judiciales actúan sin imparcialidad e independencia, un escudo de impunidad protege los procedimientos, decisiones y acciones penales, las visitas de abogados, familiares y tutores están prohibidas hasta un punto que los procedimientos carecen de precedentes en todo el mundo. Las sanciones relativas a estas prohibiciones se llevan a cabo en secreto y se impide a los abogados ejercer su profesión. Hace tres años que no sabemos nada de nuestros clientes, ni siquiera en el contexto de iniciativas legales y humanitarias.

II. La sentencia del TEDH en Öcalan nº 2 de 18 de marzo de 2014 estableció que el régimen de prisión con agravantes hasta la muerte ha violado la prohibición de la tortura desde el momento de su implementación. En la misma sentencia, el Tribunal consideró que el aislamiento de Öcalan en İmralı también violaba la prohibición de la tortura y recomendó a Turquía que tomara medidas para mejorar las condiciones de detención de Öcalan. Por el contrario, las condiciones de aislamiento se han agravado aún más y han alcanzado el nivel de aislamiento absoluto desde 2015. Así, nuestro cliente, el señor Abdullah Öcalan, ha sido sometido a las formas más graves de tortura y tratos inhumanos durante 25 años. Lo mismo se aplica a nuestros clientes, los señores Konar, Aktaş y Yıldırım, que han estado sometidos a estas medidas durante nueve años desde marzo de 2015, cuando fueron llevados a prisión.

III. En su informe del 5 de agosto de 2020, el CPT consideró que nuestros clientes estaban detenidos en régimen de incomunicación, afirmando que esta situación era inaceptable y contravenía claramente la ley y las normas internacionales ( párr. 48 ) y recomendó a las autoridades turcas que pusieran fin a estas condiciones. El CPT también concluyó que las sanciones disciplinarias impuestas para restringir el derecho de los presos a recibir visitas de familiares se basaban en razones poco convincentes y engañosas ( párr. 49 ). Anteriormente, el Comité ya había determinado que la denegación de visitas de abogados desde el 27 de julio de 2011 - excepto cinco visitas excepcionales - era una decisión política y una medida contraria al derecho internacional y nacional (Informe del CPT de 2013, par. 18 ).

IV. Finalmente, como puede verse en la solicitud de medidas provisionales del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 6 de septiembre de 2022, que luego recordó al Gobierno el 19 de enero de 2023, la detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes en Imralı constituye una forma de tortura. Se trata de condiciones inaceptables a las que hay que poner fin de inmediato.

V. A pesar de todas nuestras solicitudes para el cumplimiento de las recomendaciones del CPT y las solicitudes de medidas de la ONU, no ha habido cambios en la práctica a lo largo de 2023, y la detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes ha continuado sin intermitencias, incluso en los casos en que la ley así lo exige, como como terremotos. Por tanto, 2023 ha sido un año más de incomunicación absoluta, en el que no hemos podido recibir ni una sola señal de vida de nuestros clientes.

VI. La detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes durante casi tres años es una violación flagrante de la prohibición de la tortura prevista en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, ha habido violaciones sistemáticas y continuas del derecho a un juicio justo en virtud del artículo 6, el derecho al respeto de la vida familiar y privada y el derecho a la comunicación en virtud del artículo 8, el derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 13, y Artículo 18, que prohíbe la restricción injustificada de derechos y libertades.

VII. Las prohibiciones de visitas de familiares y tutores, que se renovaron cada tres meses a lo largo de 2023, y las prohibiciones de visitas de abogados y de comunicación telefónica, que se renovaron cada seis meses, carecen de fundamento material y jurídico. Aparentemente son “decisiones judiciales o sanciones disciplinarias”, pero en sustancia y contenido se basan en la lógica política del gobierno. Al ser decisiones políticas ilegales, no pueden legitimar la detención en régimen de incomunicación. Por el contrario, el hecho de que estas decisiones se implementen juntas de manera que impidan incluso un mínimo contacto con el mundo exterior es una prueba tanto de la detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes como de la existencia de un mecanismo de facto secreto y extralegal específico para İmralı se basa en la cooperación encubierta entre el gobierno, la administración y el poder judicial.

VIII. El aislamiento absoluto y la detención en incomunicación de nuestros clientes no sólo es contrario a los estándares legales internacionales, sino también a las normas legales y constitucionales vigentes. Ni en los convenios internacionales en los que la República de Turquía es parte ni en la legislación nacional existe ninguna regulación que justifique la detención de nuestros clientes en condiciones en las que están completamente aislados de todo contacto con el mundo exterior. Aquellos involucrados en la implementación y el mantenimiento del Sistema de Aislamiento de İmralı y la concomitante detención en régimen de incomunicación de nuestros clientes, que no deriva de la constitución y las leyes y viola todas las obligaciones internacionales negativas y positivas, cometen sistemáticamente delitos de abuso del deber, impidiendo la ejercicio de derechos y libertades y violar la prohibición de la tortura.

IX. No es difícil ver el paralelismo entre la construcción de una vida al margen de la ley y la democracia en Turquía, que tiene sus raíces en el estricto enfoque de seguridad basado en la falta de voluntad para encontrar una solución política a la cuestión kurda, y el Sistema de Aislamiento de İmralı en el que se ignoran la Constitución, el CEDH y otros acuerdos legales. En este sentido, el señor Öcalan, a lo largo de sus 25 años en Imrali, siempre ha declarado que está a favor de una solución democrática, constitucional y pacífica a la cuestión kurda y se ha posicionado en consecuencia. Frente a las fuerzas que se oponen al diálogo y la solución, ha aprovechado cada oportunidad para avanzar en su notable Proyecto de una política de solución democrática, paz y mantenimiento de la vida.

X. Recordamos veinticinco años de aislamiento. Tras el giro hacia el aislamiento absoluto en 2015, las autoridades recurrieron a políticas y prácticas de detención en incomunicación absoluta en 2021, que reforzaron aún más en 2022 y 2023. Esto significa que el gobierno ha optado por desactivar los medios legales y políticos, y recurrir a la fuerza y políticas de seguridad en su lugar. Ésta es la política de quienes se oponen a la democracia, a la solución democrática y al diálogo y la negociación para la paz, y que aprovechan el estancamiento político, el conflicto, la polarización y el desgarro. Las consecuencias negativas de estas políticas han arrastrado al país y a la región a múltiples crisis inmanejables y han llevado a la explotación de todos los recursos del pueblo y de la región por parte de los grupos gobernantes.

XI. Todos los indicadores económicos, políticos, sociales y legales actuales muestran que es imperativo que se abran las puertas de İmralı y que Öcalan asuma plenamente su papel central para garantizar una solución democrática y la paz. Sin más demora, se debe adoptar una política de diálogo y negociación en la que se garanticen la salud, la seguridad y la libertad del Sr. Öcalan para que su posición de solución democrática y paz pueda beneficiar a todos. Esto significa optar por medios legales y políticos.

XII. Es una necesidad histórica que el año 2024 traiga la libertad del señor Öcalan y, en relación con esto, la solución de la cuestión kurda en el contexto de la transición a una constitución democrática y un estado de derecho democrático, adaptado a las normas internacionales de la ONU. y los Convenios Europeos de Derechos Humanos, que garantizan tres generaciones de derechos humanos y libertades."