En la región costera de Siria se han producido ejecuciones sumarias y otras atrocidades tras ataques de insurgentes contra las fuerzas de seguridad sirias, y durante operaciones de seguridad del gobierno. La comunidad alauita ha sido la más afectada por la violencia, según señaló Human Rights Watch.

Si bien el presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa reconoció que “muchas partes entraron en la costa siria y se produjeron muchas violaciones de derecho”, se negó a hacer comentarios sobre la participación de combatientes extranjeros, de facciones aliadas o de sus propias fuerzas de seguridad. El alcance total de estos crímenes y los autores de los mismos aún no se han determinado de manera concluyente.

La reciente ola de abusos comenzó después de los ataques coordinados del 6 de marzo por parte de hombres armados aparentemente vinculados con el anterior gobierno de Bashar al-Assad. Estos ataques resultaron en la muerte de 231 miembros de las fuerzas de seguridad hasta el 9 de marzo, según el Comando de Operaciones Militares del nuevo gobierno a través de su canal oficial de Telegram. En respuesta, las fuerzas de seguridad del gobierno, incluidas las facciones dependientes del Ministerio de Defensa, llevaron a cabo lo que el gobierno llamó "operaciones de rastrillaje" en toda la región. Grupos armados no identificados e individuos, muchos de los cuales ingresaron a las gobernaciones de Tartus y Latakia desde otras partes de Siria tras los llamados oficiales a la movilización general, se unieron a estas operaciones. Videos no verificados publicados en canales de Telegram, muestran a los perpetradores, muchos de ellos con uniforme militar, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, saqueos y disparos indiscriminados en casas y aldeas, así como malos tratos generalizados y atentados contra la dignidad personal, incluida la retórica sectaria. 

“Los nuevos líderes de Siria prometieron romper con los horrores del pasado, pero se están denunciando graves abusos a una escala asombrosa contra sirios predominantemente alauitas en la región costera y en otras partes de Siria”, dijo Adam Coogle, subdirector para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch, y agregó que “Las medidas gubernamentales para proteger a los civiles y procesar a los autores de tiroteos indiscriminados, ejecuciones sumarias y otros crímenes graves deben ser rápidas e inequívocas”. 

Human Rights Watch no pudo verificar el número de civiles muertos o desplazados, pero los obituarios que circulan en Facebook indican que cientos de personas fueron asesinadas, incluidas familias enteras. La Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR) informó el 9 de marzo que las fuerzas de seguridad generales y las facciones armadas afiliadas e individuos fueron responsables de la muerte de al menos 396 personas, "tanto civiles como miembros desarmados de los restos del régimen de al Asad". Algunas estimaciones sitúan el número de muertos civiles en más de 700. La SNHR también informó de muertes de civiles a manos de grupos armados afiliados al gobierno anterior.