Amnistía Internacional ha declarado hoy que dos ataques que mataron a 23 civiles durante operaciones militares somalíes, apoyadas por drones turcos, deben investigarse como crímenes de guerra.

Entre los civiles muertos en los ataques del 18 de marzo de 2024 se encontraban 14 niños y niñas, cinco mujeres y cuatro hombres. Otros 17 civiles resultaron heridos en los ataques: 11 niños y niñas, dos mujeres y cuatro hombres. Todos son del clan Gorgaarte.

Los ataques alcanzaron la granja de Jaffey, en la región del Bajo Shabelle, entre las 20.00 y las 20.30 horas. Las víctimas y otros residentes dijeron a Amnistía Internacional que los ataques con drones se produjeron tras intensos combates terrestres que comenzaron ese mismo día entre el grupo armado Al Shabaab y las fuerzas de seguridad somalíes cerca de las aldeas de Jambaluul y Bagdad.

“Los gobiernos somalí y turco deben investigar estos mortíferos ataques como crímenes de guerra y poner fin a los ataques imprudentes contra civiles”, afirmó Tigere Chagutah, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional.

“En Somalia, los civiles han sido los más afectados por el sufrimiento de la guerra con demasiada frecuencia. Estas horribles muertes no deben pasarse por alto. Los devastados supervivientes y sus familias merecen verdad, justicia y reparación”.

Amnistía Internacional entrevistó a distancia a 12 personas, entre ellas cuatro víctimas y testigos presenciales, y cuatro familiares de las víctimas. Los investigadores también revisaron imágenes satelitales e informes médicos, analizaron fotografías de víctimas y fragmentos de armas, y videos geolocalizados de la escena de los ataques y de las operaciones de drones turcos en el Aeropuerto Internacional de Mogadiscio.

A partir de las fotografías de la chatarra de municiones, el investigador de armas de Amnistía Internacional pudo confirmar que el ataque se llevó a cabo con bombas deslizantes MAM-L, que se lanzan desde drones TB-2. Ambos son fabricados por Turquía. Los ataques que no diferencian entre objetivos militares y bienes civiles son indiscriminados y pueden constituir crímenes de guerra.

No está claro si las fuerzas turcas o somalíes tenían el control del dron TB-2 en el momento de los ataques a la granja Jaffey. Una fuente del gobierno somalí dijo a Amnistía Internacional que miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad vuelan los TB-2 durante operaciones de combate contra Al Shabaab. Sin embargo, en 2022, el Panel de Expertos de la ONU para Somalia informó que, según el gobierno turco, Turquía no transfirió los drones a Somalia en violación del embargo de armas de la ONU, sino que opera sus propios drones “en la lucha contra el terrorismo”. También en 2022, se informó que Ahmed Malim Fiqi, entonces ministro del Interior de Somalia y ahora ministro de Asuntos Exteriores, dijo que mientras las fuerzas turcas operan los drones, los comandantes somalíes proporcionan los objetivos.

En los últimos años, Turquía ha proporcionado equipo militar y apoyo a Somalia. Imágenes de satélite y vídeos geolocalizados por el Laboratorio de Evidencia de Crisis de Amnistía Internacional muestran drones TB-2 turcos en la pista del aeropuerto internacional de Mogadiscio ya el 12 de septiembre de 2022. Después de años de entrenar a la unidad “Gorgor” de las fuerzas armadas somalíes en el Campamento Turksom de Turquía en Mogadiscio, los dos países firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación Económica y de Defensa en febrero de 2024.

El 5 de abril, Amnistía Internacional envió cartas a los gobiernos de Somalia y Turquía, pidiendo detalles sobre la operación del 18 de marzo, incluido qué fuerzas militares controlaban el dron en el momento de los ataques. Al momento de publicación, ninguno de los gobiernos había respondido.