Amnistía Internacional: "Turquía debe cesar graves violaciones de derechos en Afrin"

Turquía ha dado rienda suelta a los grupos armados aliados para cometer todo tipo de violaciones de derechos humanos en Afrin según Amnistía Internacional. Estas conclusiones son parte del informe que ha sido producido tras una investigación.

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y que ha sido publicada hoy ha revelado que los residentes de Afrin están sufriendo una amplia gama de violaciones, la mayoría a manos de los grupos armados sirios que han estado equipados y armados por Turquía. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones, confiscación de propiedades y saqueos ante los cuales las fuerzas armadas de Turquía hacen la vista gorda. Algunos de estos grupos, y las propias fuerzas armadas de Turquía, también han tomado colegios, interrumpiendo la educación de miles de niños.

“La ofensiva militar de Turquía y la ocupación han exacerbado el sufrimiento de los residentes de Afrin, los cuales ya habían sufrido años de un sangriento conflicto. Hemos escuchado historias abrumadoras sobre las personas siendo detenidas, torturadas o desaparecidas a la fuerza por parte de grupos armados sirios, los cuales continúan sembrando el caos, sin ningún tipo de impedimento por parte de las fuerzas turcas,” ha explicado Lynn Maalouf, Directora de Investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional.

“Turquía es el poder ocupante en Afrin, y por tanto es responsable del bienestar de la población civil así como de mantener el orden y la ley. Hasta ahora, las fuerzas armadas han fracasado estrepitosamente a la hora de cumplir estas responsabilidades. No pueden evadir su responsabilidad por medio de la utilización de grupos armados sirios para que desempeñen su trabajo sucio. Sin más retraso, Turquía debe acabar con estas violaciones por parte de grupos armados pro-tucos y hacer que los culpables de cometer estos crímenes rindan cuentas, como también, comprometerse con los residentes de Afrin para que puedan reconstruir sus vidas.”

En enero de 2018, Turquía y grupos armados sirios aliados con ella lanzaron una ofensiva militar contra las Unidades de Protección Popular (YPG), la fuerza armada de la Administración Autónoma liderada por el partido kurdo sirio Partido de la Unión Democrática (PYD).  Tres meses más tarde, Turquía y sus fuerzas aliadas tomaron el control de Afrin y el territorio alrededor desplazando forzosamente a miles de personas que se vieron obligadas a huir en búsqueda de seguridad a la región de al-Shahba en la que ahora viven en condiciones muy duras.

Según varios residentes de Afrin, las fuerzas armadas de Turquía tienen una presencia significativa en el centro de la ciudad y en las aldeas alrededor de ésta. El 1 de julio, el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía afirmó que sus fuerzas armadas se quedarían en Afrin para trabajar en el desarrollo de la zona.

Entre mayo y julio de 2018 Amnistía Internacional ha entrevistado a 32 personas, algunas de las cuales todavía viven en Afrin y otras han huido a otros países o zonas de Siria. Los entrevistados nombraron a los grupos armados pro-tucos Ferqa 55, Jabha al-Shamiye, Faylaq al-Sham, Sultan Mourad, y Ahrar al-Sharqiye, como responsables de las graves violaciones de derechos humanos.

El 16 de julio, Amnistía Internacional comunicó al gobierno turco el resumen de los resultados preliminares de la investigación al tiempo que solicitaba una respuesta del gobierno turco al respecto. El 25 de julio, el gobierno turco respondió cuestionando la imparcialidad, para lo cual hicieron referencia al uso de la expresión  ‘región al-Shahba’ y ‘Administración Autónoma’, pero no han dado ninguna respuesta concreta sobre los resultados de la investigación.

Fuerzas pro-turcas son responsables de detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas

Amnistía Internacional ha entrevistado a varios residentes y desplazados internos que han informado de las detenciones arbitrarias de civiles para cobrar un rescate como castigo por reclamar su propiedad o sobre acusaciones sin base de estar vinculados al PYD o las YPG. Las fuentes locales han confirmado a Amnistía Internacional al menos 86 casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas.

Dos personas que habían sido detenidas han sido entrevistadas por Amnistía Internacional y han dicho que fueron detenidas por Sultan Mourad y acusadas de pertenecer a las YPG. También dijeron que habían visto a periodistas, profesores, ingenieros, activistas, así como antiguos empleados de las PYD y las YPG en la prisión de Azaz en la que fueron detenidos.

Fuerzas pro-turcas responsables de confiscaciones de propiedad

Desde marzo de 2018, cuando Turquía y los grupos armados aliados tomaron control de Afrin, cientos de personas han estado volviendo a la ciudad a pie a través de una ruta montañosa, ya que las YPG han bloqueado las rutas oficiales hacia la ciudad, impidiendo deliberadamente la vuelta de personas desplazadas a Afrin. Muchos de los que han conseguido volver han visto como sus propiedades habían sido confiscadas y sus posesiones robadas por los grupos armados aliados de Turquía.

Las personas han relatado a Amnistía Internacional que los grupos armados sirios habían confiscado propiedades y tiendas en Afrin. Los residentes desplazados han dicho que fueron informados por sus familiares y vecinos que sus casas estaban siendo o ocupadas por los grupos armados pro-turcos como cuarteles militares o ocupadas por familias desplazadas de Ghouta Oriental o Homs.

Fuerzas pro-turcas son responsables de saqueos de casas y negocios

Doce personas han confirmado a Amnistía Internacional que vieron o fueron victimas de saqueos. Varias personas desplazadas fueron informadas por familiares que sus casas habían sido completamente saqueadas o que les habían robado electrodomésticos caros como televisiones, ordenadores, lavadoras o neveras.

En abril de 2018, un representante del tribunal militar afirmó en una entrevista con los medios que habían habido incidentes de saqueo durante las operaciones militares, tanto por los grupos armados como por civiles, pero que el tribunal había comenzado a devolver las propiedades saqueadas a sus dueños. El representante del tribunal explicó que, en coordinación con la policía militar de Azaz y las fuerzas armadas turcas, los individuos responsables de los saqueos habían sido arrestados y llevados ante la justicia.

Pero una persona que ha vuelto a Afrin en mayo ha alegado en la entrevista con Amnistía Internacional que “Fui a casa de mis padres y estaba vacía. Habían robado cada mueble, electrodoméstico y absolutamente todo lo demás. Los vecinos vieron al Ejército Libre de Siria llevándose todos los muebles a un camión. Al menos cuatro grupos armados tienen el control de la aldea, así que no saben cual ha sido el responsable”.

Un residente de Afrin que se ha refugiado en Alemania ha dicho durante la entrevista que “Tengo cinco apartamentos en la ciudad de Afrin y una tienda comercial. Mi amigo me ha dicho que dos de mis casas están ahora ocupadas por familias desplazadas. He podido conseguir el número de teléfono de dos de esas familias, una era de Harasta y la otra de Ghouta Oriental. Les llamé para pedirles que cuidaran la casa y me dijeron que la casa ya había sido saqueada cuando se mudaron. La acababa de reformar. Yo no tengo problemas con la familias viviendo ahí, sino con los grupos armados”.

“Todos las partes en el conflicto sirio, incluyendo las YPG, las fuerzas armadas turcas y los grupos armados locales deberían facilitar el regreso voluntario del pueblo de Afrin,” ha dicho Lynn Maalouf.

“Como potencia ocupante, Turquía debe indemnizar a aquellos cuyas casas hayan sido confiscadas, destruidas o saqueados por las fuerzas de seguridad o sus aliados. Es responsabilidad de Turquía el asegurar que los civiles desplazados puedan volver a sus hogares en Afrin y se les restituya, o en caso de no ser posible, se les de una compensación”

Turquía y los grupos armados son los responsables del uso militar de las escuelas

Desde enero de 2018, el acceso a la educación ha sido prácticamente imposible para el pueblo de Afrin. Los residentes han informado a Amnistía Internacional que desde marzo, los niños solo habían tenido disponible una escuela en la ciudad de Afrin, mientras que la Universidad de Afrin ha sido completamente clausurada después de ser destruida y saqueada. Según los antiguos profesores desplazados a la región de al-Shahba, las fuerzas turcas junto con los grupos armados sirios aliados, están usando el colegio Amir Ghabari como cuartel militar. Amnistía internacional ha revisado imágenes de satélite del 20 de abril de 2018 que muestran vehículos armados además de una estructura construida recientemente. Estos vehículos y estructura no estaban presentes antes de que las fuerzas turcas y los grupos armados tomaran control de Afrin el 18 de marzo de 2018.

Según los medios locales y residentes, en junio de 2018 las fuerzas turcas y los grupos armados han convertido los colegios públicos en Shara en comisarías de policía. Las fuerzas turcas están usando otro colegio en Jenderes como hospital de campo según los residentes.

“Bajo el derecho humanitario internacional, y en particular en situaciones de ocupación, los colegios gozan de una protección especial y la educación de los niños debe ser garantizada. Urgimos a Turquía a que tome todas las medidas necesarias para asegurar que los niños puedan volver a la escuela y que la universidad sea rehabilitada tan pronto como sea posible” ha dicho Lynn Maalouf.

Después de la ofensiva de enero 2018, miles de personas huyeron a la cercana región de al-Shahba. Al menos 140.000 personas están ahora viviendo en campamentos o casas dañadas sin el debido acceso a servicios, especialmente sanitarios. Los heridos y enfermos crónicos tienen que esperar al permiso del gobierno de Damasco para que se les permita acceso a la ciudad de Aleppo, el sitio más cercano en el que pueden recibir cuidados médicos.