Un tribunal turco de Urfa ha condenado a catorce civiles kurdos a un total de cincuenta años de prisión. Se trata de personas que fueron detenidas y torturadas por las fuerzas de seguridad hace más de dos años durante una operación en respuesta a un enfrentamiento entre guerrilleros y la policía. Las fotos que se hicieron públicas en su momento dejaron a la gente boquiabierta de horror y rabia. Mostraban a algunos de los afectados tumbados en el suelo en el puesto de mando de la gendarmería (policía militar) con las manos atadas a la espalda.

Los niños también se ven afectados por las detenciones masivas

El 18 de mayo de 2019, estallaron enfrentamientos entre dos miembros de las HPG y una unidad especial de la policía en una casa del barrio Dergili de Halfeti. Dos policías resultaron heridos y el subcomisario de la unidad murió, mientras que los dos guerrilleros murieron a consecuencia de las explosiones. Ese mismo día comenzaron las detenciones masivas en Halfeti y en el distrito de Bozova, más al noreste; 51 personas de entre 13 y 70 años fueron detenidas. El 24 de mayo, 22 de los afectados, entre ellos tres menores, habían sido puestos en libertad.

Castigo colectivo contra la población kurda

Durante los interrogatorios en el puesto de la gendarmería y la policía antiterrorista, los detenidos fueron torturados con descargas eléctricas y maltratados gravemente, entre otras cosas. Según la información proporcionada por los abogados, muchos de ellos sufrieron heridas en la cabeza, cortes y contusiones en la cara, las piernas y otras partes del cuerpo. Casi todos sufrieron fracturas de huesos como consecuencia de los puñetazos y las patadas, y algunos incluso tuvieron fracturas de cráneo. Varias víctimas también denunciaron descargas eléctricas en los genitales. Los abogados se quejaron de que sus clientes estaban irreconocibles a causa de la violencia sufrida, pero se les negó el tratamiento médico. La Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD) habló de un "castigo colectivo contra el pueblo kurdo".

Se retractan de las declaraciones hechas bajo tortura

Trece de los civiles fueron detenidos en mayo de 2019 bajo la sospecha de pertenencia al PKK. El juicio no comenzó hasta más de un año después, en junio de 2020. Mientras tanto, la Fiscalía General de Urfa había ampliado los cargos y los acusó de asesinato, lesiones graves, dirección de una organización terrorista y de atentar contra la unidad e integridad del Estado, además de pertenecer a una supuesta organización terrorista. Todos los acusados dejaron claro ante el tribunal que fueron torturados por la policía y las fuerzas de seguridad tras su detención y que firmaron declaraciones prefabricadas. "Me arrancaron los dientes y me rompieron las costillas", relató uno de ellos. "Me torturaron con descargas eléctricas en la zona genital y me colgaron boca abajo por los pies", declaró otro. "Lo firmé, pero nada de lo que dice es cierto", dijeron los acusados.

50 años y 6 meses de prisión para 14 personas

Desde el inicio del juicio, cinco de los afectados han quedado en libertad condicional. El juicio terminó ayer con sentencias condenatorias, pero antes hubo protestas y disturbios. La causa por torturas contra varios policías y gendarmes sigue pendiente. No obstante, el tribunal consideró las "confesiones" extraídas bajo tortura como pruebas y condenó a Celal Ercan y Zeki Alakuş a siete años y medio de prisión y a Mehmet Alakuş a cinco años por pertenencia a una organización terrorista. Los tres permanecen en prisión. Celal Yıldırım, Fahrettin Alakuş, Cindi Zencirkıran, Ömer Gül y Vakkas Kılıç recibieron penas de prisión de tres años y medio cada uno por "apoyar voluntariamente y a sabiendas al PKK". Al mismo tiempo se ordenó su puesta en libertad. Gazeley Alakuş, Fatma Alakuş, Mehmet Hayri Çiftçi, Sariye Gümüş, Niyazi Gümüş y Ruken Deniz también fueron condenados a dos años y un mes de prisión cada uno por presunta ayuda al PKK. Los demás acusados fueron absueltos.