Colegios de abogados y ONG piden al CPT que “tome medidas inmediatas para İmralı”

Los colegios de abogados y las ONG enviaron una carta al CPT contra el régimen de aislamiento en la prisión de la isla de İmralı y declararon: "Se necesitan medidas urgentes".

IMRALI

La Asociación de Derechos Humanos (IHD) envió una carta al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) el 12 de enero de 2024 con la firma conjunta de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), la Asociación de Abogados Contemporáneos (ÇHD), la Fundación de Derechos de Turquía (TİHV), Fundación para la Investigación sobre la Sociedad y el Derecho (TOHAV), la sociedad civil en el sistema de ejecución penal (CİSST), el Colegio de Abogados de Muş, el Colegio de Abogados de Van, el Colegio de Abogados de Batman, el Colegio de Abogados de Diyarbakır, el Colegio de Abogados de Hakkari, el Colegio de Abogados de Mardin Asociación, Colegio de Abogados de Urfa y el Colegio de Abogados de Şırnak.

En la carta, se señalaba que se violaban los derechos del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş, que se encuentran detenidos en la prisión de İmralı, a reunirse con sus familias y abogados.

Las organizaciones firmantes hicieron un pronunciamiento en la sede de la IHD sobre la carta que enviaron. El co-presidente de IHD, Hüseyin Küçükbalaban, afirmó que llamaron la atención sobre el aislamiento absoluto del PKK Abdullah Öcalan en la carta que enviaron al CPT.

Küçükbalaban declaró lo siguiente:

"En nuestra carta al CPT, afirmamos que esperábamos que contribuyera a la solución del problema como exigencia de sus autoridades y responsabilidades derivadas del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes debidos a el agravamiento del estado de incomunicación en la prisión de İmralı y la falta de cambios en las condiciones.

Por otro lado, a Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş, que se encuentran recluidos en la prisión de alta seguridad tipo F de İmralı, se les ha negado la posibilidad de reunirse con sus familiares y abogados y de tener contacto con el mundo exterior durante aproximadamente tres años, con todos los graves efectos y consecuencias que ha provocado.

Nos gustaría compartir con el público la necesidad de tomar medidas inmediatas para resolver este problema, que es inaceptable en términos de normas jurídicas universales y valores y principios de derechos humanos, y daremos seguimiento a este proceso".