Las sesiones, que finalizarán mañana, se centrarán en los crímenes cometidos en el mandato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien se encuentra entre los principales sospechosos por la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos. El gobierno del AKP, los militares y los oficiales de inteligencia también están entre los que serán juzgados en el TPP.

El tribunal manejará dos casos principales, uno de los cuales se centra en los ataques a las ciudades kurdas de Cizre, Sur, Şırnak y Nusaybin, que fueron arrasadas y los civiles masacrados. El otro caso es el triple asesinato de Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla Şaylemez, cometido en París el 9 de enero de 2013. Otros crímenes cometidos por el Estado turco también se presentarán como pruebas.

El presidente del TPP, Philippe Texier, presidirá el panel de jueces, compuesto por Madjid Benchikh, Luciana Castellina, Teresa Almeida Castro, Domenico Gallo, Denis Halliday, Norman Paech.

Philippe Texier: Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es juez honorario en el Tribunal de Casación de Francia. Fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 1987 a 2008 y fue su presidente de 2008 a 2009. También se desempeñó como director de la División de Derechos Humanos de ONUSAL (Misión de las Naciones Unidas en El Salvador) de 1991 a 1992, y fue experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos en Haití de 1988 a 1990.

Madjid Benchikh: Profesor emérito de la Universidad de Cergy-Pontoise (París-Val d’Oise), donde también dirigió la Escuela de Doctorado en Derecho y Humanidades. Fue decano y presidente del Consejo Científico de la Facultad de Derecho de Argel. Coordinó la creación de la sección de Amnistía Internacional en Argelia de la que fue el primer presidente. Miembro fundador del TPP, ha enseñado en varias universidades en Argelia y en Europa, y ha publicado varios libros, entre ellos, “Derecho público internacional” (Casbah Editions 2016, Argel). También encabezó diversas luchas para denunciar las violaciones de las libertades democráticas y los derechos humanos en Argelia y en otros países.

Luciana Castellina: Periodista y escritora, integrante del Partido Comunista Italiano y del Partido Unidad para el Comunismo, diputada de varias legislaturas del Parlamento italiano y varias veces del Parlamento Europeo. Ex vicepresidenta de la Comisión de la Unión Europea (UE) para América Latina y América Central, en la actualidad es titular honoraria de la asociación Arci y miembro del TPP.

Teresa Almeida Castro: Investigadora en el Centro de Estudios Sociales y Humanitarios, Migraciones y Estudios para la Paz, y Profesora Asistente de Relaciones Internacionales en la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal). Actualmente es co-coordinadora del Doctorado en Democracia en el Siglo XXI y coordinadora de la Maestría en Relaciones Internacionales – Estudios de Paz, Seguridad y Desarrollo. Completó su doctorado en el Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge. Tiene una Maestría en Estudios de la Paz de la Universidad de Bradford, Reino Unido, y una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, así como un Diploma de Postgrado en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad de Coimbra.

Domenico Gallo: Magistrado, ha estado sirviendo en el Tribunal de Casación desde 2007, asumiendo recientemente el cargo de Presidente de la Cámara. Fue elegido senador en 1994. Ha participado activamente en los movimientos a favor de la paz y de la defensa de los derechos humanos. Ha editado numerosas publicaciones sobre temas relacionados con cuestiones institucionales y de derechos humanos. En 2013 publicó “Da sudditi a cittadini il percorso della democracia” (Ega). Colabora con los periódicos Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano.

Denis Halliday: Fue Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Iraq desde el 1 de septiembre de 1997 hasta 1998. Anteriormente, fue Representante Residente Adjunto en Singapur del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene una maestría en Economía, Geografía y Administración Pública del Trinity College, Dublín. Después de una carrera de 34 años en las Naciones Unidas, donde alcanzó el nivel de Asistente del Secretario General, Halliday renunció en 1998 por las sanciones de la ONU que cortaron los suministros de alimentos a Iraq, caracterizándolos como medidas “genocidas”. Galardonado con el Premio Internacional de la Paz Gandhi, es miembro del TPP.

Norman Paech: Es profesor emérito de la Universidad de Hamburgo, ex miembro del Parlamento alemán y experto en derecho internacional. Comenzó su carrera en el Ministerio Federal de Cooperación Económica en Bonn. Continuó como investigador en el Centro de Investigación de la Federación de Científicos Alemanes en Hamburgo. En 1975 se convirtió en profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Hamburgo y posteriormente enseñó derecho público en la Universidad de Economía y Política de Hamburgo. Es miembro del Consejo Asesor Científico de ATTAC, IALANA e IPPNW.

Inicio de sesión

El magistrado Domenico Gallo abrió la sesión y declaró que a Turquía se le ha enviado una invitación oficial para la defensa en el tribunal, pero no confirmó su asistencia.

La acusación fue leída por el abogado belga Jan Fermon, quien dijo que presentarán evidencias de que el Estado turco cometió asesinatos, secuestró personas, bombardeó civiles y destruyó sus viviendas. Refiriéndose a la lucha del PKK, Fermon dijo que en Turquía existe “un conflicto armado. El Estado turco ha hablado sistemáticamente de terrorismo. El derecho a la autodeterminación debe organizarse en el futuro”. Fermon señaló que la negación, las violaciones y el rechazo de la autodeterminación del Estado turco son la razón de la violencia.

Pidiéndole a la corte que presente una opinión sobre los crímenes cometidos en Turquía en el pasado, y que no fueron sido tratados, Fermon señaló los crímenes cometidos en Şırnak, Cizre, Sur y Nusaybin, y las operaciones a gran escala llevadas a cabo contra ciudades kurdas. Fermon dijo que esto no es luchar contra el terror.

Al remarcar que los tribunales juzgan solo a las personas, Fermon apuntó que “sin embargo, el Estado turco actuó como una organización criminal. No es como una persona que comete un crimen con iniciativa personal”.

Tras señalar que no existe un mecanismo para juzgar a Turquía como Estado, Fermon pidió al panel de jueces que tratara la organización de los crímenes por parte del Estadot turco.

Fermon declaró que el presidente turco, Erdoğan, se responsabilizó de los incidentes de 2015-2016 donde se destruyeron las ciudades kurdas, y dijo: “El objetivo era terminar el proceso de paz y generar a un conflicto”.

También señaló que los militares turcos usaron una fuerza desproporcionada durante las operaciones. Recordando que el Segundo Jefe del Ejército Adem Hududi está encarcelado por sus relaciones con Fetullah Gülen (FETÖ), Fermon indicó: “En el Estado turco, varios círculos están dañando y enfrentando golpes de Estado. Están en un conflicto sobre quién gobernará Turquía, pero se convierten en socios solo cuando los kurdos están en cuestión”.

Fermon recordó que el gobierno turco motivó los incidentes de Kobane en 2014, cuando la ciudad fue atacada por ISIS, y alertó sobre las relaciones de Turquía con los terroristas. Fermon también habló sobre el “Plan de colapso” decidido por el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía para poner fin al proceso de paz y la represión contra el HDP (Partido Democrático de los Pueblos), después de las elecciones del 7 de junio de 2015.

Mostrando imágenes de Sur, Cizre, Şırnak y Nusaybin, Fermon dijo que estos constituían crímenes de guerra.

El tribunal dará su veredicto sobre el caso dos meses después de la sesión. El anuncio se hará en una reunión que se celebrará en el Parlamento Europeo en Bruselas. Se invitará a los miembros del Parlamento Europeo a la conferencia para reflexionar sobre las iniciativas políticas que se derivan de las conclusiones del TPP, en particular sobre las medidas para luchar contra la impunidad.

El tribunal cuenta con el apoyo de unas 300 personas y 45 instituciones internacionales.