ANF ​​entrevistó al vicepresidente de Derecho del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Ümit Dede, sobre las declaraciones del ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, en un programa de televisión más reciente.

Dede indicó: “Süleyman Soylu declaró que no ha habido torturas, ejecuciones, incidentes como secuestro o desaparición durante su oficina y agregó que Amnistía Internacional no tenía ningún informe sobre Turquía. Sin embargo, Amnistía Internacional negó las acusaciones de Soylu al publicar sus informes sobre ese país en su sitio web. Los mismos demuestran que efectivamente se han producido casos de tortura y secuestro en Turquía".

“Las organizaciones de derechos humanos en Turquía también han informado de casos de tortura. Ha habido muchas denuncias durante la oficina de Süleyman Soylu. En Van, dos ciudadanos kurdos fueron arrojados de un helicóptero militar. Uno de ellos murió como resultado de este crímen. El Colegio de Abogados de Urfa reveló al público que los detenidos en Halfeti, Urfa habían sido torturados. El año pasado, 10 jóvenes de las organizaciones de nuestro partido fueron secuestrados y amenazados en el centro de la ciudad. Nuestros amigos presentaron una denuncia penal y las investigaciones aún continúan”, detalló.

Asesinatos ante las cámaras

"Ya sabemos quiénes fueron los responsables de la evacuación de las aldeas durante los notorios años 90, que quedó parcialmente expuesta después del accidente de Susurluk. Ayhan Çarkın ya había confesado sobre las profundas actividades estatales. La decisión de absolución se ha levantado y Ağar será juzgado nuevamente.

En la década de 2000, ha habido casos de asesinatos y torturas sin resolver durante el período Soylu. Tahir Elçi y Kemal Kurkut fueron asesinados frente a las cámaras. Somos testigos de estos incidentes”, comentó Dede.

El estado debe enfrentar su pasado

“Siempre decimos que el Estado debe afrontar su pasado. Todos los delitos cometidos desde la década de 1960 deben investigarse de manera eficaz. Los ciudadanos turcos deberían presionar al estado para que enfrente sus crímenes contra sus propios ciudadanos", concluyó Dede.