Han transcurrido treinta y un días desde que el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, junto con la Delegación Imrali, emitió el “Llamamiento a la paz y una sociedad democrática” el 27 de febrero. Sin embargo, y a pesar de la atención mundial que ha recibido, el Estado turco no ha tomado medidas concretas en respuesta al mismo.

Las secciones de Urfa (Riha) de la Asociación de Abogados por la Libertad (OHD) y la Asociación de Derechos Humanos (IHD), junto con el Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Urfa, han descrito el llamado como una “fuente de esperanza”. Han enfatizado que, para que el proceso produzca resultados tangibles, el Estado debe actuar de inmediato.

Debe establecerse un marco legal integral para garantizar la libertad física de todos los presos políticos.

Yasin Aktas, co-presidente de la sección de Urfa de la OHD, declaró que, en respuesta al llamado de alto el fuego del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en un contexto militar, Turquía debería dar el primer paso declarando un alto el fuego y retirando sus fuerzas de la Región Federada del Kurdistán. A pesar del proceso en curso y sus exigencias, Aktas señaló que el aislamiento continúa y añadió: “Para que el proceso avance de forma más sana y constructiva, el primer paso debe ser permitir que el Sr. Öcalan se reúna físicamente con sus abogados y familiares. Posteriormente, debe garantizarse su libertad física. El siguiente paso necesario es asegurar la liberación de los presos enfermos que se encuentran detenidos. Después de esto, deben promulgarse reformas legales para abordar las condenas de otros presos. Debe establecerse un marco legal integral para garantizar la libertad física de todos los presos políticos”.

Debe iniciarse un nuevo proceso de redacción constitucional.

Serdil Izol, representante de la sección de Urfa de la IHD, calificó el mensaje de Öcalan como “sumamente valioso”. Afirmó: “El llamamiento de Öcalan es claro y directo. Las respuestas del gobierno y otros partidos políticos también fueron significativas. Los presos políticos, especialmente aquellos que se encuentran gravemente enfermos, deben ser liberados mediante una reforma legal. Las graves injusticias cometidas por el poder judicial deben ser corregidas. Para que esto sea posible, debe iniciarse un nuevo proceso de redacción constitucional. Además, las personas condenadas por ‘pertenencia a una organización’ o por los llamados ‘delitos de pensamiento’, y anteriormente excluidas de las protecciones del principio constitucional de igualdad, ahora deben ser incluidas en dichas reformas”.

Si el Estado realmente busca la paz, debe actuar en consecuencia.

Ferhat Oldurur, representante del Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Urfa, declaró que, tras el llamado de Öcalan, el PKK declaró un alto el fuego; sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el Estado turco no ha tomado ninguna medida.

Oldurur declaró: “El Estado debe garantizar primero la libertad física del Sr. Öcalan. Para ello, el primer paso debe ser una reforma legal. Ya existe una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al respecto. En su Segunda Decisión, la propia Turquía se refiere al ‘derecho a la esperanza’. Si el Estado realmente busca la paz, debe actuar en consecuencia. En segundo lugar, está la realidad de los nombramientos de los fideicomisarios. El Estado debe tomar medidas urgentes para abordar esto también”.

Oldurur añadió: “La Constitución debe reestructurarse en torno al principio de ciudadanía inclusiva. Ahora debe convertirse en una constitución civil basada en el consenso. Además, debe satisfacerse la demanda de educación en kurdo, su lengua materna. Es esencial que la ciudadanía participe en este proceso. Los abogados pueden desempeñar un papel en la redacción de la nueva Constitución, ya que actúan como intermediarios entre el Estado y la población carcelaria. Por lo tanto, debemos participar en cualquier posible reforma del sistema penitenciario”.

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