El control judicial, como medida alternativa a la detención recogida en el Código Penal turco, se ha convertido en una práctica generalizada. Esta medida se aplica a un amplio segmento de la sociedad, especialmente a la oposición.

Şükrü Alpsoy, abogado de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), afirmó que la medida de control judicial es equivalente a una detención y que, si no existen pruebas concretas que justifiquen una detención, entonces tampoco debería aplicarse el control judicial. Declaró que esta práctica equivale a encarcelar a la sociedad desde dentro.

El abogado Alpsoy explicó que “la detención es una medida preventiva en el Código Penal y solo debería aplicarse en casos excepcionales. Deben existir pruebas concretas que indiquen una fuerte sospecha de delito, riesgo de interferencia con las pruebas o peligro de fuga. Una tercera condición es que la detención debe ser proporcional, y parte de esa proporcionalidad es valorar si el control judicial sería suficiente.” Sin embargo, señaló que en la práctica, “la detención se ordena incluso ante acusaciones simples, como actos relacionados con el derecho a organizarse, la libertad de expresión o la libertad de prensa. Incluso cuando no existe riesgo de manipulación de pruebas ni de fuga, y el control judicial sería suficiente, se sigue ordenando la detención.”

El abogado Alpsoy añadió que el control judicial es en realidad una alternativa a la detención, y agregó: “Pero esto no significa que, si alguien no es detenido, deba automáticamente estar bajo control judicial. Si se cumplen todas las condiciones para una detención, esta puede aplicarse. Si el control judicial es suficiente, entonces puede aplicarse en su lugar. Según el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, las condiciones para el control judicial y la detención son las mismas. El control judicial es una medida seria y comparte las mismas bases legales que la detención. Solo debe aplicarse si los objetivos de la detención pueden lograrse mediante el control judicial. Sin embargo, en la práctica, esta comprensión no existe. La mayoría de las detenciones ya son ilegales y, además, se impone la idea de aplicar al menos el control judicial para que la persona no quede libre.”

Alpsoy subrayó que las medidas de control judicial “restringen los derechos y libertades fundamentales y actúan como serios disuasorios para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.” Afirmó que el control judicial “supone una grave intervención y provoca violaciones en el ámbito de los derechos y libertades básicas. Por ejemplo, una prohibición de viajar al extranjero vulnera el derecho a la libre circulación y la libertad de salir del país. También vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar. En su profesión, los abogados pueden necesitar viajar al extranjero. Algunas personas tienen cónyuges, familiares o amigos en el extranjero, y no pueden visitarlos. A veces, estas medidas de control judicial pueden durar años.”

También señaló que “las acciones utilizadas como base para imponer control judicial suelen estar relacionadas con el ejercicio de derechos como el derecho a la protesta, el derecho a organizarse, la libertad de prensa y la libertad de expresión. En los últimos tiempos, muchas personas han sido detenidas o puestas bajo control judicial por acusaciones como propaganda o insultos al presidente. Todo esto constituye una vulneración del ejercicio de derechos fundamentales.”

El abogado se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de Nurcan Kaya, en la que el tribunal declaró que prohibir salir del país debido a acciones dentro del ámbito de la libertad de expresión vulnera ese derecho. “El principio aplicado por el tribunal –dijo– es que, si se criminaliza a alguien por una acción que entra en el ámbito de la libertad de expresión, protesta, organización o libertad de prensa –aunque no deba considerarse delito– y se le impone control judicial alegando pruebas concretas, se están obstruyendo sus derechos.

Esto provoca lo que se conoce como ‘efecto disuasorio’, un término que aparece con frecuencia en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si las personas sufren interferencias al ejercer sus derechos y eso les desanima a ellos o a la sociedad en su conjunto de utilizar esos derechos, entonces significa que se han vulnerado derechos fundamentales.”

El abogado Alpsoy concluyó que “casi nadie ha quedado al margen de las medidas de control judicial. En estas condiciones, las personas pueden sentir ansiedad y presión al intentar ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Esto interfiere con la esencia misma de esos derechos. El uso generalizado del control judicial ha llegado a significar, en esencia, encarcelar a la sociedad desde dentro.”