RojNews entrevistó al abogado del preso kurdo Ramin Hossein Panahi, sentenciado a muerte en Irán.

El abogado, Ehmedi Niyaz, ha dicho que Panahi es víctima de una propaganda perversa y está acusado con cargos de “luchar contra el gobierno islámico, el tribunal y sus imanes.”

El abogado subrayó algunos elementos importantes a saber cuando se lee la sentencia.

Primero, Ramin está acusado de luchar contra el gobierno islámico y no contra una o mas personas.

Segundo, si Ramin está acusado de luchar contra el gobierno en el poder, debería ser juzgado por crímenes políticos.

Tercero, en este caso, la parte acusadora es el gobierno. La lucha contra un gobierno implica una fuerza o ejército igual por parte del oponente. Claramente esto no se produce en este caso.

Cuatro, el artículo 34 de la Constitución de Irán estipula que el proceso judicial y posterior castigo se deben producir en el marco de la sistema judicial. Sin embargo, en el caso de Ramin, oficiales del ejército están presente en el tribunal revolucionario. Una persona, que pesa 70 kilos como Ramin, se enfrenta a este poder, y su voz nunca es escuchada. Por ello el juicio de Ramin carece de fundamento en la justicia.

El abogado Hisên Ehmedi Niyaz también ha comentado que en todas sus declaraciones Ramin ha rechazado las acusaciones de “luchar contra el gobierno iraní.”

El abogado ha añadido que “Ramin ha dicho en cada una de sus declaraciones que él nunca ha estado implicado en una guerra con armas. Cuando fue capturado, ya estaba herido e inconsciente. Alguien que está inconsciente no puede usar un arma ni luchar. Ramin también ha declarado que fue a Kurdistán a visitar a sus padres. No se le puede sentenciar a muerte con esta flagrante ausencia de pruebas. Según las evidencias recogidas, Ramin solo podría ser sentenciado a un año de prisión.”

Ramin, declaró durante la sesión del juicio del 14 de febrero que había sido torturado. Sin embargo, el tribunal no ha ordenado ninguna investigación al respecto a día de hoy.

El abogado de Ramin también ha dicho que “El artículo 38 de la Constitución rechaza todo tipo de tortura. Por lo que el informe entregado al tribunal no tiene ninguna validez legal”.