En la solicitud, el HDP pidió que se tomaran medidas contra el gobernador de Hatay y el jefe de policía, el jefe de policía del distrito de Iskenderun y los funcionarios públicos que cometieron el delito de tortura.

En la denuncia penal, se hizo hincapié ante el fiscal en que las alegaciones sobre los detenidos no reflejaban la verdad.

La denuncia decía: "Personas inocentes que perdieron a sus familiares, vieron destruidos sus hogares y lugares de trabajo a causa del terremoto, fueron gravemente torturadas por el personal encargado de hacer cumplir la ley. La tortura está prohibida en la Constitución, en el Código Penal turco nº 5237 y en numerosos convenios internacionales. La prohibición de la tortura y los malos tratos está garantizada por la ley a escala internacional. Desgraciadamente, los sospechosos del expediente fueron brutalmente golpeados, tenían graves contusiones en la cara y el cuerpo, fueron insultados. Presentamos a su oficina las imágenes de tortura y malos tratos en cuestión y las imágenes de las personas que fueron golpeadas".