Decenas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Red de Derechos Humanos del Kurdistán (KHRN), Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han emitido una declaración conjunta en la que piden la prórroga de los mandatos del Relator Especial de las Naciones Unidas y de la Misión de Investigación de la ONU sobre Irán.

La declaración, entregada al mismo tiempo que los informes detallados de la Misión de Investigación de la ONU y el informe del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en Irán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pide a los Estados miembros que apoyen la continuación de estos mandatos.

Dirigida a los representantes de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la declaración subraya la importancia de renovar los mandatos e insta a los gobiernos a que presionen a las autoridades iraníes para que faciliten el acceso sin trabas al territorio del país de los órganos pertinentes de la ONU.

Expresando su grave preocupación por la crisis de los derechos humanos en Irán, la declaración conjunta pide que se transmita un mensaje firme a las autoridades iraníes, subrayando la necesidad de poner fin a las violaciones en curso, acabar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales, y garantizar la rendición de cuentas de las autoridades iraníes.

La Misión de Investigación de la ONU sobre Irán fue creada tras la muerte bajo custodia policial de Jina Mahsa Amini para abordar las violaciones cometidas en el contexto de las protestas nacionales de 2022, con especial atención a las mujeres y los niños.

El texto íntegro de la declaración conjunta es el siguiente:

A: Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Excelentísimos Señores,

Nosotros, las organizaciones de derechos humanos iraníes e internacionales abajo firmantes, hacemos un llamamiento a sus países para que apoye la renovación del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán y la prórroga del mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán (FFMI) en la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. La continuación de estos dos mandatos distintos y complementarios es esencial para que el Consejo cumpla su mandato de promoción y protección de los derechos humanos en Irán.

También instamos a sus gobiernos a que aprovechen esta oportunidad para expresar públicamente su alarma por las graves y persistentes violaciones de derechos humanos cometidas en el país, algunas de las cuales, según la FFMI, "equivalen a crímenes contra la humanidad... cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, concretamente mujeres, niñas y otras personas que expresan su apoyo a los derechos humanos", y a que pidan que se ponga fin a estas violaciones y que se haga justicia, se busque la verdad y se ofrezca reparación.

La renovación del mandato del Relator Especial es esencial, dada la gravedad de la crisis de derechos humanos en Irán, caracterizada por la persistencia de crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos que afectan a millones de personas en Irán y por la gran variedad de derechos cercenados. El seguimiento, la información pública periódica y la capacidad de diálogo con las autoridades y otras partes interesadas por parte del Relator Especial son un salvavidas en este contexto.

En esta sesión, se vuelve a presentar al Consejo un amplio conjunto de pruebas que demuestran la actual crisis de impunidad sistémica por la que los crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos quedan impunes en el país. Esto incluye violaciones generalizadas del derecho a la vida, a no ser sometido a tortura y otros malos tratos, a la seguridad y la libertad de la persona, a un juicio justo, a un recurso efectivo, a la libertad de religión o creencias, de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y de los derechos a la intimidad, la salud, la educación, el sustento y el trabajo, como se detalla en un anexo a esta carta.

Las mujeres y las niñas siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase, en medio de una intensificación de la represión por desafiar las leyes degradantes y abusivas sobre el velo obligatorio. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, así como las minorías étnicas y religiosas, también son objeto de discriminación sistemática. Entre ellas se encuentran los árabes ahwazíes, los turcos azerbaiyanos, los baluchis, los kurdos y los turcomanos; las personas pertenecientes a minorías religiosas o de creencias, como los bahaíes, los cristianos, los derviches gonabíes, los judíos, los yarsan (Ahl-e Haq), los musulmanes suníes y los ateos.

En este contexto, la renovación del mandato del Relator Especial es fundamental para supervisar y documentar la evolución de la situación e informar a este Consejo sobre si las autoridades iraníes están cumpliendo o no sus obligaciones en materia de derechos humanos. El relator para el país es esencial para entablar contactos con las autoridades iraníes y hacer llamamientos urgentes y otras comunicaciones que pueden salvar vidas, entre las que se incluyen intentar detener ejecuciones inminentes y mejorar las circunstancias de las personas detenidas y su acceso a atención médica urgente. En un contexto marcado por tácticas extremadamente represivas para negar el espacio cívico, este mandato también llama la atención sobre las voces de los supervivientes, las víctimas y sus familias, los defensores de los derechos humanos y otras personas que buscan verdad y justicia. A lo largo de la última década, las conclusiones y recomendaciones del Relator Especial han resultado fundamentales para orientar y fundamentar los esfuerzos de los órganos de la ONU y de los Estados miembros por alentar a las autoridades iraníes a adoptar medidas para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y exigirles responsabilidades.

También sigue siendo esencial el mandato de la FFMI, creada tras la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini, para abordar las violaciones cometidas en el contexto de las protestas nacionales de 2022, con especial atención a las mujeres y los niños. No sólo las violaciones relacionadas con las protestas de 2022 siguen resonando en Irán, sino que el mandato desempeña un papel crucial a la hora de abordar la impunidad que alimenta esos y otros abusos.

Como se ha señalado, continúa la letanía de crímenes de derecho internacional relacionados con las protestas de 2022. Miles de personas, incluidos niños y niñas, han sido sometidas a interrogatorios abusivos, detención arbitraria, procesamiento injusto y suspensión o expulsión de la educación o el empleo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Los organismos de inteligencia y seguridad han seguido persiguiendo a familiares de personas muertas ilegalmente durante las protestas por buscar verdad y justicia por el homicidio de sus seres queridos. Al menos nueve personas han sido ejecutadas arbitrariamente en relación con las protestas tras juicios manifiestamente injustos. En enero de 2024, expertos de la ONU condenaron enérgicamente la ejecución de Mohammad Ghobadlou y señalaron que, según informes, al menos cuatro personas seguían en riesgo inminente de ejecución en relación con las protestas nacionales, mientras que al menos otras 15 se enfrentaban a la pena de muerte. Mientras tanto, continúa la impunidad y no se han llevado a cabo investigaciones nacionales imparciales, independientes y efectivas sobre el uso ilegítimo y letal de la fuerza, la tortura y otros malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual, y otros abusos graves.

Los prolongados patrones de violaciones de los derechos humanos que se detallan en el Anexo se ven facilitados por lo que la FFMI describe como una situación de "impunidad generalizada", en la que "las autoridades no han investigado las denuncias de violaciones de los derechos humanos, ni enjuiciado o castigado a los responsables, y han obstaculizado deliberada y sistemáticamente cualquier esfuerzo de las víctimas y sus familias por obtener reparación y establecer la verdad".

Como subrayó este Consejo en la resolución del año pasado, "la impunidad sostenida y sistemática de las violaciones graves de los derechos humanos y la ausencia de rendición de cuentas... crean un entorno propicio para los perpetradores, violan el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y perpetúan los ciclos de violencia" . Para que los patrones de violaciones del pasado no se repitan en el futuro, debe abordarse esta situación de impunidad generalizada de las violaciones de derechos humanos y los crímenes internacionales. Sólo un órgano de investigación independiente, con los recursos, el personal y el tiempo adecuados, puede abordar adecuadamente este reto fundamental. Está claro que la FFMI tiene un importante papel que desempeñar a este respecto.

De acuerdo con su mandato, la FFMI ha situado la situación de las mujeres y las niñas en el centro de su investigación. Concluyó que se ha cometido el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género, y que "la discriminación estructural e institucionalizada, generalizada y profundamente arraigada contra las mujeres y las niñas, que impregna todos los ámbitos de su vida pública y privada" en Irán ha sido tanto "un desencadenante como un facilitador" de las violaciones y los crímenes que ha constatado. La ampliación del mandato de la FFMI permitiría analizar más a fondo la dimensión de género de las violaciones de derechos humanos y los delitos documentados.

A pesar de los retrasos en el proceso de puesta en marcha y de los problemas presupuestarios que escapan a su control, la FFMI ha realizado avances significativos en la investigación de las violaciones cometidas en el contexto de las protestas. Sin embargo, siguen existiendo lagunas, como se ha señalado anteriormente, y la FFMI necesita más tiempo y recursos adecuados para procesar la importante cantidad de material probatorio recopilado. Más tiempo permitirá a la FFMI abordar también las lagunas que quedan en sus conclusiones antes de presentar un informe final, y seguir promoviendo vías de justicia, verdad y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por funcionarios iraníes. Esto garantizará también que se escuche la voz de los supervivientes, las víctimas y sus familias que comparten sus testimonios y participan en el establecimiento de la verdad y la justicia.

Ambos mandatos son claramente distintos y complementarios. La FFMI cumple temporalmente una misión de investigación sobre un conjunto específico de acontecimientos marcados por una violencia estatal paroxística que el mandato del Relator Especial no está equipado para cumplir, y tiene el mandato específico de abordar la impunidad y los derechos de las mujeres y los niños. Mientras tanto, el mandato a largo plazo del Relator Especial es clave para garantizar que se abordan debidamente otras violaciones que no entran en el mandato de la FFMI y que las autoridades iraníes mantienen algún tipo de compromiso con el Consejo sobre la amplia gama de abusos contra los derechos humanos que perpetúan impunemente contra la población en Irán. El relator especial también desempeña un papel vital trabajando en casos individuales, incluso en relación con la pena de muerte, cuyo uso se disparó en 2023.

Las víctimas y los supervivientes de violaciones pasadas y presentes necesitan que estos dos mecanismos existan y sean operativos. Al igual que sus familias, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, los disidentes y otras personas que siguen sufriendo represalias de las autoridades iraníes sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.

Por todas estas razones, instamos a su gobierno a que apoye en esta sesión la prórroga tanto del mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán como del mandato de la Misión de Investigación de la ONU sobre Irán, y a que presione a Irán para que conceda a estos mecanismos acceso sin restricciones al territorio. También pedimos a su gobierno que manifieste públicamente su grave alarma por la crisis de derechos humanos en Irán y que envíe un mensaje rotundo a las autoridades iraníes de que las violaciones en curso deben cesar, que la impunidad por violaciones de derechos y crímenes internacionales debe terminar y que los funcionarios iraníes tendrán que rendir cuentas.

Anexo

Entre las violaciones documentadas el año pasado figuran violaciones graves y generalizadas del derecho a la vida, mediante lo que el Alto Comisionado describió como un "fuerte repunte" de las ejecuciones, que alcanzaron cifras "aterradoras", ya que en 2023 se ejecutó a más de 800 personas, la cifra más alta desde 2015, incluidas siete en público. Las autoridades iraníes ejecutaron a varias personas que eran menores en el momento del presunto delito, incluida una que también lo era en el momento de la ejecución, así como a seis manifestantes detenidos en relación con las protestas "Mujer, Vida, Libertad". La pena de muerte afectó de forma desproporcionada a miembros de minorías oprimidas, en particular baluchis, así como a kurdos. Al menos 22 mujeres fueron ejecutadas, la cifra más alta desde 2013.

A lo largo del año se dictaron o ejecutaron condenas a muerte, castigos corporales como la flagelación y la amputación, y penas de prisión tras juicios manifiestamente injustos en el marco de un sistema judicial que carece de independencia y que, según el relator especial, "actúa como un órgano represivo en lugar de como un órgano independiente al que las personas pueden recurrir". A los detenidos se les niega sistemáticamente el acceso a un abogado independiente y, como destacó un grupo de procedimientos especiales, los abogados "a menudo trabajan en peligro dentro de una profesión jurídica que se ha visto restringida por normas y reglamentos que contravienen las normas internacionales relativas al ejercicio libre e independiente de la profesión jurídica y al derecho a un juicio justo".

Además, en el último año, miles de personas, incluidos niños y niñas, se han enfrentado a niveles crecientes de acoso judicial y detención arbitraria por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Entre las personas afectadas se encuentran mujeres y niñas que aparecen en público sin el pañuelo obligatorio, actores y músicos, escritores y académicos, periodistas, estudiantes universitarios, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, así como defensores de los derechos humanos, incluidos activistas de los derechos laborales, activistas de los derechos de la mujer, defensores de los derechos del niño, abogados y familias que buscan la verdad y la justicia para las víctimas de homicidios ilegítimos.

Como pone de manifiesto el informe de la Misión de Investigación, las mujeres y las niñas en Irán están sometidas a "una discriminación estructural e institucionalizada, generalizada y profundamente arraigada contra las mujeres y las niñas, que impregna todos los ámbitos de su vida pública y privada". Un proyecto de ley sobre "castidad e hiyab", actualmente a punto de aprobarse en el Parlamento, codificaría e impondría nuevas penas draconianas que violarían gravemente los derechos de las mujeres y niñas que se considere que no acatan las leyes sobre el velo obligatorio, y criminalizaría a los agentes no estatales, incluidos empleadores y propietarios de comercios, que no impongan el velo obligatorio. Las autoridades iraníes han intensificado su campaña a gran escala para imponer el velo obligatorio, entre otras cosas mediante la vigilancia de mujeres y niñas en espacios públicos y controles policiales masivos dirigidos a conductoras. Desde enero de 2023, se han confiscado arbitrariamente los automóviles de decenas de miles de mujeres como castigo por desafiar las leyes iraníes sobre el velo. Otras han sido procesadas y condenadas a penas de flagelación o prisión, o se han enfrentado a otras penas como multas u obligadas a asistir a clases de "moralidad". Este ataque sin cuartel contra las mujeres y niñas que reivindican sus derechos humanos a la libertad de expresión, religión, creencias y autonomía corporal es gravemente preocupante.