El 16 de septiembre, más de 1.500 abogados e instituciones jurídicas internacionales enviaron una carta al Ministerio de Justicia de Turquía en favor del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan. En la misma se señala que es ilegal que Öcalan y Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş, que se encuentran recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de alta seguridad de tipo F de Imralı y de los que no se ha tenido noticias desde hace 43 meses, no puedan reunirse con sus abogados. En la carta se exige que los abogados firmantes vayan a Imralı y que se permita a Öcalan ver a sus representantes legales. Urko Aiartza, co-presidente de la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH), que se encuentra entre los solicitantes, respondió a las preguntas de ANF.

Urko Aiartza declaró que el aislamiento del líder kurdo viola las Reglas Nelson Mandela y que la respuesta de organizaciones internacionales como el CPT ha sido inadecuada, lo que genera preocupaciones sobre su capacidad para defender los estándares internacionales de derechos humanos en casos políticamente cargados.

Como abogado, ¿cómo interpreta las prácticas contra Abdullah Öcalan?

Las condiciones en las que se encuentra detenido Abdullah Öcalan, en particular las severas restricciones al acceso tanto a su representación legal como a su familia, constituyen una clara violación de las normas internacionales de derechos humanos. El hecho de que sus abogados hayan podido reunirse con él solo cinco veces en 13 años (2011-2024) es sumamente preocupante.

Las Reglas Nelson Mandela de la ONU destacan la importancia de la comunicación regular entre los presos y sus representantes legales, que es fundamental para garantizar un trato justo y una defensa. Además, el aislamiento prolongado, la negación del acceso a su familia y la ausencia de cualquier prueba concreta de su bienestar durante 43 meses constituyen tortura o trato cruel, inhumano o degradante según el derecho internacional. Es especialmente preocupante teniendo en cuenta la importancia política de Öcalan y el trato que históricamente ha dispensado el Estado turco a los presos políticos. La situación del líder kurdo es una violación del derecho a la vida, el derecho a acceder a un abogado y el derecho a un trato humano garantizado por los tratados internacionales de derechos humanos.

¿Cómo valora la actitud de organizaciones internacionales como el CPT y el Consejo de Europa?

Estas organizaciones desempeñan un papel importante en la supervisión de las condiciones de las prisiones y en la garantía de que los países cumplen con sus obligaciones internacionales. El hecho de que el equipo jurídico de Abdullah Öcalan haya declarado públicamente que no ha podido comunicarse con él durante 43 meses plantea serias dudas sobre la eficacia y la oportunidad de las intervenciones del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT). El CPT ha visitado la prisión de la isla de Imrali en el pasado y ha elaborado informes en los que reconoce que las condiciones eran problemáticas. Sin embargo, la falta de cambios significativos en la situación sugiere que estas organizaciones no han ejercido suficiente presión sobre las autoridades turcas.

Además, el silencio o la respuesta inadecuada de las organizaciones internacionales pueden interpretarse como un fracaso a la hora de proteger los derechos de los presos políticos y de cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. La falta de acceso de Öcalan a representación legal y a su familia socava aún más la credibilidad de los mecanismos de supervisión internacionales, lo que plantea dudas sobre su independencia política y la eficacia de su intervención en casos políticamente delicados.

¿Cree usted que las Reglas de Mandela se están implementando y son adecuadas en el contexto actual?

Las Reglas Nelson Mandela son una norma internacionalmente reconocida para el tratamiento de los presos, que hace hincapié en la importancia de un trato humano, incluido el acceso a la atención médica, la representación legal y la prohibición del aislamiento prolongado o la tortura. Es evidente que estas reglas no se aplican en el caso de Öcalan. Las restricciones a su acceso a sus abogados y a su familia, junto con las preocupaciones sobre su salud y los prolongados períodos de detención en régimen de incomunicación, indican una violación sistemática de las Reglas Mandela.

Si bien las Reglas Mandela representan un conjunto sólido y completo de principios, su aplicación sigue siendo un desafío crítico, en particular en contextos políticamente sensibles. Las Reglas Mandela por sí mismas son suficientes para establecer estándares mínimos para el tratamiento de los prisioneros, pero el problema radica en la falta de mecanismos de aplicación sólidos y de voluntad política para hacerlos cumplir, en particular en el caso de prisioneros políticos como Öcalan. Las organizaciones internacionales deberían fortalecer su capacidad para aplicar eficazmente estas reglas.