En una declaración, HRW dijo que la represión contra posteos en redes sociales, viola el derecho a la expresión pacífica y que los casos "absurdos" contra activistas deberían abandonarse.

"Detener y enjuiciar a las personas por tweets que piden paz es una nueva caída para el gobierno de Turquía", dijo Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Las autoridades turcas deben respetar el derecho de las personas a criticar pacíficamente cualquier aspecto de la política gubernamental, incluidas las operaciones militares, y abandonar estos absurdos casos".

"Esta represión más reciente en las redes sociales se ha dirigido a una amplia gama de personas, que afecta a los periodistas; activistas de derechos humanos; políticos, incluidos cuatro miembros del parlamento del partido de oposición pro-kurdo HDP; miembros de organizaciones no gubernamentales; académica; trabajadores de la construcción; médicos;  estudiantes de secundaria y universitarios", dice el informe de HRW.

HRW examinó algunos casos de investigaciones criminales sobre tweets relacionados con Afrin y dijo: "Human Rights Watch cree que algunas de las redadas policiales y las investigaciones penales se están utilizando como una forma de castigo más que como una creencia genuina de que se ha producido una conducta delictiva. Incluso si un caso no va a juicio o termina en absolución, las personas etiquetadas como sospechosas de terrorismo enfrentan consecuencias adversas debido a investigaciones policiales y procedimientos penales, incluida la posible pérdida de empleo y la exclusión social".