Las autoridades iraníes amenazan con devolver a prisión a la defensora de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi para que cumpla el resto de su injusta condena como forma de presionarla para que cese en su defensa de los derechos, declaró Human Rights Watch el lunes. Las autoridades deben poner fin de inmediato a su acoso constante y liberarla incondicionalmente, así como a todas las demás personas detenidas arbitrariamente por su activismo en derechos humanos.

Narges Mohammadi cumple una condena de 13 años y nueve meses por cargos relacionados con su labor en defensa de los derechos humanos. Fue liberada de la prisión de Evin el 4 de diciembre de 2024, tras la suspensión de su condena por 21 días por parte de las autoridades. Actualmente recibe tratamiento médico por diversas afecciones y su liberación temporal se produjo tras meses de que se le negara atención médica. En noviembre de 2024, las autoridades, en contra de las recomendaciones médicas, devolvieron a Mohammadi a prisión tras una cirugía para extirparle una lesión ósea en la pierna que se sospechaba que era cancerosa.

Narges Mohammadi ha aprovechado este breve respiro de la prisión para continuar su activismo y visibilizar la grave situación de los derechos humanos en Irán. La amenaza de las autoridades iraníes de devolverla a prisión es un duro recordatorio de su tolerancia cero con la disidencia —declaró Federico Borello, director ejecutivo interino de Human Rights Watch—. Las autoridades iraníes tienen la obligación legal de liberar incondicionalmente a la Premio Nobel Narges Mohammadi y a todas las demás personas detenidas arbitrariamente, y de garantizar que todas las personas bajo su custodia tengan acceso a atención médica oportuna y adecuada.

A principios de marzo de 2025, Mohammadi se reunió virtualmente con Borello, directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, para hablar sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Mohammadi llamó la atención sobre la crisis de derechos humanos en el país, en particular la alarmante escalada del uso de la pena de muerte por parte de las autoridades y la continua represión contra las y los defensores de derechos humanos. Describió el trato a los presos políticos, incluyendo la práctica de las autoridades de negarles atención médica, así como la tortura y los malos tratos, incluyendo el aislamiento prolongado para obtener confesiones forzadas. Destacó la importancia de mantener el escrutinio internacional sobre el lamentable historial de las autoridades en materia de derechos humanos.

Durante los meses previos a su liberación temporal, Mohammadi padecía diversas afecciones, como cardiopatías, dolor agudo de espalda y rodillas, y una hernia discal. Las autoridades le negaron atención médica adecuada a pesar de sus reiteradas  solicitudes .

Mohammadi se negó a regresar a la prisión de Evin el 25 de diciembre de 2024, fecha en que finalizó la suspensión temporal. El 28 de diciembre, su abogado presentó una solicitud a la Organización de Medicina Legal, dependiente del poder judicial iraní, para extender la suspensión, de acuerdo con el consejo médico. Según información recibida por Human Rights Watch, la Organización de Medicina Legal aprobó su solicitud, pero las autoridades la han presionado para que regrese a prisión. Los médicos de Mohammadi han indicado que necesita al menos seis meses fuera de prisión para garantizar que tenga acceso a exámenes y atención médica exhaustivos y regulares.

Las autoridades iraníes tienen una política de larga data de negar a las y los presos, en particular a aquellos detenidos arbitrariamente por cargos de seguridad nacional con motivaciones políticas, acceso adecuado y oportuno a atención médica, en un intento de castigarlos y silenciarlos. A decenas de prisioneros políticos se les sigue negando atención médica oportuna y adecuada, como tratamiento especializado en hospitales. Entre ellos se incluyen  Zeynab Jalalian, una prisionera política kurda condenada a cadena perpetua; Fatemeh Sepehri, una crítica abierta del líder supremo condenada a 18 años de prisión; Raheleh Rahemi-Pour , una activista de derechos civiles de 72 años; Warisha Moradi  una activista kurda condenada a muerte; y  Motaleb Ahmadian  un prisionero político kurdo.   Mahvash Sabet, ex miembro del liderazgo de la comunidad bahá'í en Irán, que actualmente se encuentra de baja médica, se le negó durante mucho tiempo la atención médica y sigue en riesgo de ser devuelta a prisión.

Según las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, los reclusos enfermos que requieran tratamiento especializado deben ser trasladados a instituciones especializadas u hospitales civiles. Negar atención médica a las y los detenidos puede constituir tortura y otros malos tratos, lo cual está absolutamente prohibido por el derecho internacional. Como ha documentado  mnistía Internacional, en algunos casos, reclusos a quienes se les ha negado la atención médica necesaria han fallecido bajo custodia, lo que constituye una privación arbitraria de la vida.

“La abominable política de las autoridades iraníes de negar atención médica a detenidos y prisioneros puede tener consecuencias letales”, declaró Borello. “La comunidad internacional debe exigirles responsabilidades por su flagrante desprecio no solo por el derecho a la libertad, sino también por el derecho a la vida de las personas bajo su custodia”.