Las filiales de Van de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), el Colegio de Abogados, la Asociación de Derechos Humanos (İHD) y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV) han dado a conocer el informe sobre torturas policiales, violaciones de derechos y detenciones durante las protestas que comenzaron en la ciudad tras el nombramiento de un síndico en la Municipalidad Metropolitana. A la conferencia de prensa celebrada en la Sala de Conferencias Tahir Elçi del Colegio de Abogados de Van asistieron representantes de numerosas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.

La co-presidenta del Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Van, Hatice İslamoğlu, leyó el comunicado de prensa: “El 15 de febrero de 2025, el Ministerio del Interior nombró a un fideicomisario en la Municipalidad Metropolitana de Van por la mañana, después de lo cual las fuerzas del orden intervinieron con violencia física contra los ciudadanos que habían estado protestando pacíficamente durante cuatro días en el ámbito de la libertad de reunión y manifestación, que forma la base de una sociedad democrática junto con la libertad de expresión, y está garantizada por la Constitución y las convenciones internacionales de las que Turquía es parte”.

İslamoğlu afirmó que se produjeron graves violaciones de derechos como resultado de la violencia ilegal por parte de las fuerzas estatales turcas, que fueron mucho más allá de la autoridad para usar la fuerza definida en el derecho universal y nacional: "Se han experimentado graves violaciones de los derechos humanos, en particular tortura y otras formas de malos tratos. Las intervenciones arbitrarias y obstrucciones por parte de las fuerzas del orden contra el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y las violaciones de derechos que las acompañan han continuado desde el 15 de febrero de 2025 hasta hoy. Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad dentro y fuera del edificio de servicios municipales y en las zonas donde se celebraron manifestaciones pacíficas sin previo aviso para dispersarse, muchos ciudadanos fueron sometidos a torturas y actos de malos tratos como golpes, insultos, insultos, arrastres por el suelo, esposamientos por la espalda, etc. Como resultado de las intervenciones, al menos 55 ciudadanos resultaron heridos en diferentes partes del cuerpo, incluida la cabeza y el pecho, como resultado de disparos dirigidos con balas de goma y gas pimienta. Al menos 20 de estas lesiones fueron fracturas óseas. 

A los ciudadanos detenidos el 15 de febrero no se les permitió ver a sus abogados a pesar de sus peticiones. Algunos de ellos fueron objeto de amenazas como ´si llamas a tu abogado, permanecerás detenido otros tres días´. Se les negó así el derecho a que se registraran las torturas y los malos tratos sufridos. 

Mientras que entre los detenidos había 70 niños, 44 personas, incluidos 5 niños, fueron puestas en prisión preventiva y 76 personas fueron puestas en libertad bajo control judicial. 

El edificio de la Municipalidad Metropolitana de Van y el edificio provincial del Partido DEM en Van fueron bloqueados, y los ejecutivos municipales electos, los ejecutivos del partido, los diputados y los ciudadanos fueron sometidos a gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma.

De la misma manera, las fuerzas del orden bloquearon con escudos a diputados, co-alcaldes y otros funcionarios electos que estaban realizando manifestaciones y marchas pacíficas en la ciudad y se intentó cortarles el contacto con el público. Una vez más, las fuerzas del orden recurrieron a actos de violencia contra los funcionarios electos; co-alcaldes, diputados y otros funcionarios electos resultaron heridos en varias partes del cuerpo. Las fuerzas del orden interfirieron en manifestaciones pacíficas en varios puntos de la ciudad sin previo aviso, las calles y avenidas quedaron inutilizables, la vida laboral en la ciudad se vio afectada negativamente, los comerciantes del centro de la ciudad tuvieron que cerrar sus lugares de trabajo y la vida comercial se vio perturbada. Durante estos acontecimientos, las fuerzas de seguridad impidieron a los periodistas cubrir los incidentes y seis periodistas fueron detenidos. 

Durante el proceso se han violado la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, la seguridad y libertad personal y la prohibición de la tortura y los malos tratos. Se ha impedido el acceso a abogados y el derecho a un juicio justo, y se ha aplicado una práctica ilegal. Declaramos que nos opondremos a las violaciones de derechos y a la ilegalidad sufrida en este proceso y solicitaremos a todas las autoridades competentes que se lleven a cabo los procesos legales necesarios contra los responsables. Exigimos el cese inmediato de la suspensión de los derechos humanos por parte del Estado”.