En Turquía, las prisiones funcionan como espacios en los que se concentran intensamente los reflejos ideológicos del Estado, su mentalidad orientada a la seguridad y sus formas de abordar las crisis políticas. Especialmente cuando se trata de presas y presos políticos, estos lugares se convierten en “zonas de rehenes”, donde la ley, la salud y las normas de derechos humanos a menudo se suspenden y se sustituyen por la lógica del control estatal absoluto. En los últimos años, la obstrucción del acceso médico a los presos y presas enfermos y las amenazas a sus vidas han sido algunas de las manifestaciones más claras de esta política.

Según los documentos internacionales de derechos humanos, los presos tienen los mismos derechos de acceso a la asistencia sanitaria que las demás personas de la sociedad. El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) prohíbe estrictamente la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), afiliado al Consejo de Europa, lleva mucho tiempo llamando la atención sobre los problemas sistémicos de las cárceles turcas. En particular, la denegación de derechos de tratamiento a los presos políticos y el encarcelamiento continuado de reclusos gravemente enfermos sobre la base de informes del Instituto de Medicina Legal (ATK) siguen siendo una mancha oscura en el historial de derechos humanos de Turquía.

Sin embargo, no se trata de una mera violación técnica. La postura del Estado hacia los presos políticos forma parte de una estrategia de “política de rehenes”. Supera los límites del derecho penal clásico. La negativa a liberar a los presos enfermos no es sólo una cuestión de negligencia individual, sino un acto deliberado de castigo colectivo. Cada preso enfermo se convierte en un mensaje simbólico dirigido al movimiento político al que están asociados. Con ello, el Estado emite una forma explícita de chantaje, demostrando que ni siquiera el derecho a la vida está garantizado a menos que se demuestre su sumisión.

Esta política no es nueva. Durante el período comúnmente conocido como “proceso de paz”, que comenzó en 2013, la cuestión de los presos enfermos también se incluyó en la agenda. Los debates incluyeron la retirada de las fuerzas armadas a petición de Abdullah Öcalan, la liberación de presos políticos y pasos hacia la democratización. Sin embargo, el entonces gobierno del AKP no tomó ninguna medida concreta en relación con las prisiones. Aunque la liberación de los presos enfermos se consideraba la prueba más sencilla de sinceridad, no superó esta prueba básica.

La negligencia mostrada hacia los presos enfermos en aquel momento reveló que el proceso de paz no era un paso hacia la democratización, sino más bien una estrategia de desarme controlado y de ganar tiempo. Hoy, la misma mentalidad de Estado continúa, no sólo en sus métodos, sino también en su ideología central.

Detrás de esta obstinación no sólo se esconde un reflejo de securitización, sino también un cálculo ideológico profundamente arraigado. La República de Turquía considera el movimiento kurdo no sólo una cuestión de seguridad, sino también una “amenaza a la legitimidad”. Por lo tanto, liberar de prisión a políticos, intelectuales, académicos o individuos kurdos con antecedentes guerrilleros no se ve simplemente como un acto de amnistía, sino como una “rendición ideológica”. Esta mentalidad se vuelve aún más rígida cuando se trata de presos simbólicos: su excarcelación, incluso cuando están enfermos, se percibe como un signo de debilidad.

El blanco directo de esta política no son sólo los individuos encarcelados, sino también las comunidades políticas a las que pertenecen. Cada muerte, cada retraso en el tratamiento, cada rechazo es un mensaje colectivo. El Estado está diciendo: “No podéis negociar con nosotros. Vuestras exigencias son ilegítimas. Prepárate para morir”. La política que se lleva a cabo sobre los cuerpos de los presos enfermos para enviar este mensaje no sólo es ilegal, sino también un planteamiento moralmente ruinoso.

Ante esta realidad, el deber de la opinión pública democrática no es simplemente desarrollar “sensibilidad”, sino exponer abiertamente la naturaleza política de la cuestión. La liberación de los presos, y de las presas, enfermos no es una petición de clemencia, sino una lucha por los derechos. Esta lucha debe librarse no sólo por la vía legal, sino también ejerciendo una fuerte presión política tanto a nivel social como internacional. La libertad de los presos enfermos es esencial no sólo para su derecho a la vida, sino también para restablecer el nivel de la ley, la justicia y la democracia en Turquía.

Dicen que “las cárceles son el espejo de una sociedad”. Si Turquía no siente vergüenza cuando se mira en ese espejo, es gracias a la presencia de quienes intentan romperlo. Los presos enfermos son pruebas de fuego que hablan no sólo de la opresión del Estado, sino también de la conciencia del pueblo. A menos que se escuche esa voz, la verdadera paz, la justicia y la libertad no serán posibles.