El informe dice que miles de personas enfrentan violaciones de derechos humanos por la privación arbitraria del derecho al trabajo y la libertad de movimiento, la tortura y otros malos tratos, las detenciones arbitrarias y las violaciones de los derechos a la libertad de asociación y expresión.

El informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, advierte que el estado de emergencia ha facilitado el deterioro de la situación de los derechos humanos y la erosión del estado de derecho en Turquía, y puede tener "repercusiones duraderas en el tejido institucional y socioeconómico de Turquía ".

 "Los números son asombrosos: casi 160000 personas arrestadas durante un estado de emergencia en 18 meses; 152000 funcionarios despedidos, muchos de manera totalmente arbitraria; maestros, jueces y abogados despedidos o enjuiciados; periodistas arrestados, medios de comunicación cerrados y sitios web bloqueados; claramente los sucesivos estados de emergencia declarados en Turquía han sido utilizados para restringir severa y arbitrariamente los derechos humanos de un gran número de personas", dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein.

El informe también afirma que alrededor de 300 periodistas han sido arrestados con el argumento de que sus publicaciones contenían "sentimientos apologistas sobre el terrorismo" u otros "delitos de actos verbales" o de "pertenencia" a organizaciones terroristas. Según los informes, más de 100.000 sitios web fueron bloqueados en 2017, incluido un gran número de sitios web kurdos y canales de televisión por satélite.

El informe también señaló continuas denuncias de violaciones de derechos humanos específicas a la región kurda que incluyen asesinatos, tortura, violencia contra la mujer, uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas y patrimonio cultural, prevención del acceso a atención médica de emergencia, agua potable y medios de subsistencia, y severas restricciones del derecho a la libertad de expresión.

Turquía ha fallado consistentemente en llevar a cabo investigaciones criminales creíbles sobre las muertes civiles que ocurrieron en el contexto de las operaciones de seguridad 2015-2016 en el sudeste, dice el informe. Según el Ministerio de Defensa, entre julio de 2015 y junio de 2017, 10657 "terroristas fueron neutralizados". La falta de claridad sobre el significado de la palabra "neutralizado" es motivo de profunda preocupación, dijo el Alto Comisionado Zeid, y pidió a las autoridades que brinden información detallada sobre el destino de estas personas.

"Insto al gobierno de Turquía a garantizar que estas denuncias de violaciones graves de los derechos humanos se investiguen y que los responsables comparezcan ante la justicia", dijo el Alto Comisionado. "Una vez más, pido al gobierno que otorgue a mi oficina acceso total y sin restricciones para poder evaluar directa, independiente y objetivamente la situación de los derechos humanos en el sureste del país".