La abogada Şüheda Ronahi Çiftçi, detenida en Antalya el 20 de febrero en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Antalya, ingresó en prisión preventiva bajo la acusación de «pertenencia a organización terrorista».

El viernes, la abogada salió de la prisión de Şakran en libertad bajo control judicial después de que la objeción de sus abogados a la detención fuera aceptada por el Tribunal Penal de Paz de Antalya.

La abogada era directora de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) en Antalya y de la Asociación de Abogados Contemporáneos (ÇHD).

Cargo de «terrorismo»

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Tras las detenciones, se presiona a los presos y presas políticos para que hagan confesiones de remordimiento una vez cumplidas sus condenas regulares de prisión. Quienes se niegan, son mantenidos en la cárcel. Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas".

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