El Departamento de Derechos Humanos de la Asociación Médica Turca, la Asociación de Derechos Humanos y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (HRFT) han afirmado en una declaración escrita que "ninguna circunstancia excepcional, ya sea un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, puede ser invocada como justificación de la tortura."

Las heridas y la destrucción individual y social causadas por los terremotos que sacudieron el 6 de febrero de 2023 11 provincias kurdas y turcas con una población de 13,5 millones de personas se agravan cada día que pasa.

Según las declaraciones oficiales, en estas 11 provincias (Adana, Adıyaman, Antep, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Malatya, Maraş, Osmaniye y Urfa), donde las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso, el número de personas que han perdido la vida ha aumentado a casi 36.000 y el número de heridos a 105.000.

Las asociaciones de derechos humanos de Turquía han manifestado: "Queremos expresar una vez más que sentimos profunda e intensamente en nuestros corazones el dolor por quienes perdieron la vida. Extendemos nuestras condolencias a toda la sociedad, especialmente a los familiares de las víctimas, y deseamos una pronta recuperación a los heridos y heridas."

Las asociaciones de derechos humanos han agregado: "Hemos mencionado en diversas declaraciones los graves problemas en las operaciones de búsqueda y rescate, los servicios sanitarios y la ayuda prestada a los supervivientes, así como la falta de coordinación proporcional a la gravedad de la catástrofe, y hemos llamado la atención sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas. Hemos subrayado especialmente que el gran dolor y la destrucción causados por el terremoto sólo pueden superarse defendiendo los principios y valores de los derechos humanos y aumentando la solidaridad social."

Las asociaciones de derechos humanos han subrayado que "el factor humano tiene un gran impacto en la destrucción causada por los terremotos debido al incumplimiento de los requisitos científicos de preparación ante terremotos, errores graves, negligencia y mala conducta/corrupción antes y después de los terremotos. Por todo ello, las consecuencias del terremoto deben considerarse en sí mismas una grave violación de los derechos humanos. La perspectiva de los derechos humanos debe ser la guía no sólo para el poder político sino también para la sociedad a la hora de abordar todos los problemas causados por el terremoto."

En relación con las violaciones de derechos denunciadas en la zona del terremoto, las asociaciones de derechos humanos han manifestado: "Hemos visto con horror algunas de las imágenes de violencia y tortura compartidas en las redes sociales, que necesitan confirmación. Especialmente después de las declaraciones de las autoridades políticas defendiendo la declaración del estado de emergencia con el argumento de prevenir a ‘alienadores’ y ‘saqueadores’, el aumento de tales alegaciones e informes de tales violaciones da mucho que pensar. Observamos con gran preocupación que las medidas de seguridad y la retórica descuidada de criminalización se están convirtiendo rápidamente en discriminación, discurso de odio y violencia, incluyendo tortura y otros actos de maltrato. Estos acontecimientos están destruyendo directamente lo que más necesitamos hoy en día: la solidaridad social, la única forma de curar las heridas. A pesar de toda la retórica ostentosa y asertiva, el retraso en las labores de apoyo y socorro debido a la insuficiencia de los poderes públicos, que ha aumentado el número de los que han perdido la vida, y la justificada ira que ha surgido en la sociedad a consecuencia de ello, se ha desviado hacia objetivos equivocados y los delitos de odio contra solicitantes de asilo y refugiados que también son supervivientes del terremoto, la declaración de algunas personas como ‘saqueadores’ sin pruebas ni información concretas, y el uso de la violencia equivalente a la tortura y otros actos de maltrato sin la debida aplicación de la ley no son aceptables de ninguna manera. "

Por todo ello, las asociaciones hacen un llamamiento a las autoridades para que cumplan con las obligaciones del derecho universal, que Turquía ha aceptado en el marco de la advertencia y el recordatorio de la UNCAT, y que mantengan el respeto de los derechos humanos.

La declaración termina con el siguiente llamamiento:

"-Las autoridades a todos los niveles deben abandonar los discursos que alaban y fomentan la tortura y a los torturadores, y las autoridades políticas deben condenar inmediatamente los actos de tortura de forma inequívoca ante la opinión pública, en consonancia con las recomendaciones de los mecanismos internacionales al más alto nivel, y ofrecer garantías de que tales actos no quedarán impunes.

-La documentación y denuncia de tortura debe hacerse de acuerdo con los principios del ‘Protocolo de Estambul’, un documento de la ONU.

-Las denuncias de tortura deben ser investigadas de forma rápida, eficaz e imparcial por comités independientes, y en todas las fases de los procedimientos judiciales deben respetarse las normas éticas y jurídicas internacionales.

-Las garantías procesales deben aplicarse plenamente en las condiciones de detención.

-Debe retirarse inmediatamente el decreto presidencial de 11 de febrero de 2023, por el que se amplía el periodo de detención de cuatro a siete días en los lugares donde se ha declarado el estado de excepción.

-El estado de excepción debe levantarse sin demora.

En conclusión, nos gustaría reiterar que continuaremos resueltamente nuestro deber activo en la identificación y documentación, reparación y procesos legales de denuncias de tortura y otros malos tratos, y nos gustaría recordar que aquellos que hayan sido sometidos a tortura y malos tratos pueden dirigirse a nuestras organizaciones."