Nuevos delitos para procesar a los regresados de Rojava

A raíz del pánico causado por los ciudadanos británicos que viajaban al noreste de Siria para unirse a ISIS y la amenaza terrorista que podían suponer al regresar, el gobierno británico establece la Ley de Seguridad Fronteriza y Antiterrorista de 2019.

Reino Unido ha establecido un un nuevo delito por entrar o permanecer en una “área designada” en el extranjero. Un delito que se aplicaría a los ciudadanos y residentes del Reino Unido, con una pena máxima de diez años de prisión, una multa o ambos. Se permite una defensa siempre y cuando sea con una “excusa razonable”, siendo por tanto un derecho limitado en este caso. La responsabilidad, además, recae en el propio acusado. En otras palabras: la presente Ley elimina la presunción de inocencia en favor de una presunción de culpabilidad.

Según el Gobierno, este nuevo delito es necesario debido a los combatientes extranjeros que regresan ahora al país y para disuadir a nuevas personas de viajar a zonas de combate en el extranjero. Afirma que hay:

“400 personas en este país que han regresado de llevar a cabo actividades en puntos calientes, muchos de los cuales creemos, desde los servicios de Inteligencia, que han estado activos pero no les hemos podido procesar”.

Esto es algo notable: los supuestos combatientes que han regresado no han sido procesados, supuestamente debido a pruebas insuficientes, pese a los delitos criminales de gran alcance (como el fomento del terrorismo, la capacitación para el terrorismo y la pertenencia a una organización terrorista), todos sujetos a jurisdicción extraterritorial.

Al no haber procesado a los regresados por genuinos actos terroristas, el gobierno propone criminalizar el simple viaje a la zona: un remedio desproporcionado que presume la culpabilidad. En la práctica, tales viajes han tenido diversas razones, como por ejemplo visitar a familiares, realizar investigaciones, documentar abusos contra los derechos humanos, emprender ayuda humanitaria o unirse a la lucha contra el ISIS. Ahora, las personas que viajen por estos motivos podrían ser criminalizadas por este nuevo delito, dada su presunción de culpabilidad por actividades terroristas. Enfrentadas a una pena de hasta diez años de prisión en caso de que no se aceptara su “excusa razonable”, algunas personas simplemente optarán por no viajar. Este resultado tendría un efecto escalofriante en las relaciones familiares, la investigación académica, el periodismo de investigación y los actos de solidaridad.

Esta nueva ofensa también puede acabar criminalizando a las personas más vulnerables, como aquellas que no puedan abandonar una determinada zona una vez que esta haya sido designada. En algunos casos, la gente no sabrá siquiera que un área haya sido designada y pueden temer regresar a su hogar una vez que se den cuenta de que han cometido un delito al no haberse ido dentro del período de tiempo requerido.

Los poderes policiales, bajo las numerosas leyes contra el terrorismo establecidas desde el 2000, no han brindado seguridad al pueblo británico. La ley penal ordinaria tenía poderes suficientes para procesar a cualquier persona que planeara actos terroristas en el sentido tradicional, es decir: actos violentos destinados a causar graves daños o aterrorizar a grupos enteros. Pese a haber establecido poderes más amplios en virtud de las leyes antiterroristas, el Estado a menudo no ha sido capaz de identificar a los posibles terroristas ni de impedir que llevaran a cabo actos terroristas. Mientras tanto, la actividad política y las asociaciones no violentas han pasado a estar cada vez más criminalizadas por parte del Estado.

Como coartada recurrente, los sucesivos gobiernos siempre citan “poderes insuficientes” para justificar el establecimiento de nuevos delitos. Pero estos han desdibujado cualquier distinción entre actos violentos y actividad política, así como entre luchadores por la libertad y terroristas. Estos poderes le han dado al Reino Unido y sus aliados mayores oportunidades para reprimir a quienes luchan por los derechos humanos, calificándolos de terroristas.

En particular, el régimen antiterrorista de Gran Bretaña ha ayudado a legitimar la gran campaña terrorista de Turquía contra la población kurda en nombre del “antiterrorismo”. Paralelamente, el Reino Unido ha continuado vendiendo armas a Turquía para llevar a cabo dicha ofensiva, iniciada en el noreste de Siria a principios del pasado año y proporcionando así de paso cobertura a grupos terroristas como Jabhat Al-Nusra.

Al igual que toda la legislación antiterrorista alrededor de la Ley de Terrorismo de 2000 y en adelante, las últimas medidas son medidas indiscriminadas para todos. Como buen ejemplo, muchos voluntarios británicos se unieron a las Unidades de Protección Popular para defender Kobane contra el ataque del ISIS o a las Fuerzas Democráticas Sirias para derrotar aL ISIS en otras partes del noreste de Siria. Sus esfuerzos gozaron del apoyo de la coalición occidental.

Sin embargo, Gran Bretaña ya ha procesado a algunos de los retornados que se habían unido a las YPG para luchar contra el ISIS. Ahora, además, tales combatientes podrían ser criminalizados más fácilmente bajo estas nuevas leyes. Leyes injustas, análogas a la criminalización de los combatientes de la resistencia antifascista en la Segunda Guerra Mundial. Las “áreas designadas” difuminan cualquier distinción entre terroristas y quienes luchan contra los terroristas para proteger a sus comunidades.

La Campaña Contra la Criminalización de las Comunidades (CAMPACC) ha pedido a los partidos políticos, organizaciones comunitarias, organizaciones de derechos humanos, asociaciones profesionales, sindicatos, académicos, abogados, estudiantes universitarios y activistas de justicia social que:

1. Se opongan a estas leyes injustas que tienen como objetivo encarcelar a la gente durante 10 años por el simple hecho de encontrarse en una ubicación en particular, ya que suponen un grave abuso de las libertades civiles, independientemente de quién sea el objetivo.

2. Defiendan a cualquier persona que sea procesada bajo estos poderes ilegítimos e injustos.

3. Aumenten la concienciación pública por medio de encuentros y escritos sobre la injusticia de estas leyes que criminalizan a la gente por su mera presencia en un área en particular.

4. Ofrezcan solidaridad y apoyo a las familias de quienes perdieron la vida luchando contra el ISIS en su esfuerzo por repatriar sus restos y recordar su sacrificio.

5. Alienten y apoyen a individuos y grupos para que visiten el noreste de Siria (Rojava) con el fin de que aprendan sobre el movimiento por la libertad que tiene allí lugar e informen de lo que hayan aprendido".