El político kurdo Abdülmelik Okyay, quien se encontraba preso en la cárcel de tipo H de Erzurum, sufrió un ataque al corazón pocas horas antes de su liberación. Okyay, que fue trasladado al Hospital de Investigación de Erzurum, no pudo ser salvado a pesar de todas las intervenciones.

El cuerpo de Okyay fue llevado al Instituto de Medicina Forense de Erzurum.

La administración provincial de Erzirom (tr. Erzurum) del Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), los co-alcaldes del municipio y la familia se reunieron frente al Instituto de Medicina Forense después de recibir la triste noticia. El cuerpo de Okyay fue entregado a la familia después de los exámenes oportunos en el instituto.

El cuerpo de Okyay será enterrado hoy en su ciudad natal, el pueblo de Qirikan.

Abdulmelik Okyay conoció los movimientos políticos kurdos durante su vida estudiantil en la década de 1980 y dedicó su vida a la lucha del pueblo kurdo por sus derechos. Continuó su lucha política, que había iniciado con el Partido Laborista (HEP), uno de los partidos políticos del Movimiento de Liberación Kurdo que se desarrolló en la década de 1990, en varios niveles de la política kurda.

Okyay se desempeñó como presidente provincial del HADEP en Erzirom durante mucho tiempo, y luego continuó su política activa como miembro de la Asamblea del Partido Democrático de los Pueblos (HDP).

Política de impunidad estatal

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Tras las detenciones, se presiona a los presos y presas políticos para que hagan confesiones de remordimiento una vez cumplidas sus condenas regulares de prisión. Quienes se niegan, son mantenidos en la cárcel. Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas".

Muchos de estos presos y presas acaban muriendo en prisión o los pocos días de salir.

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