El abogado internacional Norman Paech es uno de los firmantes de un llamamiento en el que se exige al CPT que intervenga contra el régimen de aislamiento de Abdullah Öcalan, el líder kurdo que lleva encarcelado en aislamiento agravado en la isla-prisión turca de Imrali desde 1999, al margen de todo derecho nacional e internacional.

Más de un centenar de personalidades públicas y políticas escribieron recientemente al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) y pidieron urgentemente que se aclarara la situación de Abdullah Öcalan, de quien no se tienen noticias de ningún tipo desde hace 3 años, ya que ni tan siquiera puede reunirse con su familia o sus abogados.

El hombre, de 75 años de edad, recibió por última vez la visita de un abogado en 2019, mientras que su última visita familiar tuvo lugar en 2020. En marzo de 2021, una oleada de protestas internacionales hizo posible que Öcalan mantuviera una conversación telefónica con su hermano. Sin embargo, esta se interrumpió a los pocos minutos por motivos desconocidos. Desde entonces, no ha habido señales de vida de Öcalan.

Los firmantes de la carta abierta califican estas condiciones carcelarias de «violaciones de los derechos humanos e inhumanas» y hablan de «tortura» al hablar del aislamiento al que está sometido Öcalan. Piden al CPT que actúe y envíe una delegación a Imrali para investigar la situación de Öcalan y averiguar sobre su bienestar.

Esta es también la exigencia del profesor Dr. Norman Paech, abogado internacional emérito y escritor de Hamburgo, que es uno de los firmantes del llamamiento. En una entrevista con ANF, Paech describió la situación de Öcalan como completamente ilegal. «Según las categorías del derecho internacional, este aislamiento total es contrario al derecho internacional», afirmó. Criticó el hecho de que el CPT, que en el pasado se pronunció contra las condiciones actuales de la prisión de Imrali, no haga cumplir sus propias decisiones.

Según Paech, la UE también es responsable de la situación de Öcalan porque no contribuye a que Ankara aplique las decisiones de sus órganos. «Pero ya se sabe: Erdogan y sobre todo Turquía son extremadamente importantes políticamente para Occidente por varias razones. Por un lado por la OTAN, pero por otro porque Turquía actúa como barrera contra los refugiados, ya sean de Afganistán o de Siria. Y nadie se atreve a presionar a Erdogan. Ese es el gran problema. Porque este aislamiento es en realidad una reacción a la influencia política que Abdullah Öcalan sigue teniendo en la comunidad kurda, aunque nadie pueda oírle ni verle. Y temen eso, quieren eliminarlo. No quieren desviarse de su posición de aislamiento y separación del pueblo kurdo, por así decirlo. Ese es el trasfondo. Y la UE es actualmente incapaz y no está dispuesta a defender a Öcalan ni, de hecho, el derecho internacional».

Además del CPT, existe otro comité cuya tarea es garantizar a nivel internacional que la tortura no se produzca y se prevenga desde el principio. El «Subcomité para la Prevención de la Tortura» (SPT), un órgano de las Naciones Unidas. El nombre de esta institución se ha mencionado a menudo en el pasado en relación con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pero no por las condiciones de encarcelamiento de Öcalan. Norman Paech cree que esto se debe a que «la posición política del PKK en Europa sigue siendo que se le considera una organización terrorista». Considera que esto es erróneo y señala una sentencia de 2020 del Tribunal de Casación belga, según la cual el PKK «no es una organización terrorista, sino una parte en un conflicto armado». Y agrega Paech: «Tiene que haber un cambio político que consista en llamar al PKK por lo que es. A saber, un partido político que no quiere otra cosa que autonomía para el pueblo. Y éstas son exigencias que pueden aplicarse en cualquier Estado democrático».

En comparación con otros países de la UE, Alemania es probablemente el más alejado del cambio de rumbo respecto al PKK que se produjo tras la sentencia del máximo tribunal de apelaciones de Bélgica. El país está considerado pionero de la criminalización antikurda. Norman Paech afirmó que se trata de una «política muy desastrosa. No se corresponde con los hechos políticos y está vinculada a las relaciones germano-turcas, incluso en el resto de Europa. Los gobiernos europeos están en deuda con Erdoğan por el sellado de las fronteras para impedir la migración de los refugiados. No solo le están pagando miles de millones, sino que también están cumpliendo sus deseos políticos. También hemos visto con la cuestión de la entrada de Suecia en la OTAN que Erdoğan tiene bazas en su mano contra el PKK y los gobiernos. Creo que es una política equivocada. Pero se trata de un proceso que tiene lugar en el plano político y no en el jurídico. Tendría que haber un cambio en la política alemana, como en muchos ámbitos internacionales».

Según Paech, las amenazas de Turquía de intervenir contra la Administración Autónoma Democrática en la Región del Norte y el Este de Siria (AADNES) si se celebran elecciones allí como se ha anunciado, son también «absolutamente contrarias al derecho internacional». Erdoğan y su ministro de Asuntos Exteriores, Fidan, declararon en su habitual tono marcial que no permitirían que se estableciera un «Terroristán» en la frontera turca. «La agresión de Turquía comenzó mucho antes, cuando invadió Siria y se apoderó de la región de Afrin», dijo Paech, acusando al Estado turco de «llevar a cabo un cambio demográfico en las zonas ocupadas del norte de Siria expulsando a la población kurda y asentando en su lugar a personas de ascendencia árabe, incluidos refugiados. Todas estas acciones, así como los ataques con armas químicas del ejército turco en el norte de Irak y en el sur del Kurdistán, están en total contradicción con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, son toleradas por Occidente y los Estados de la OTAN, incluida Alemania. Y ése es el problema».

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