Preocupación por la violencia contra activistas en las regiones afectadas por el terremoto

Front Line Defenders manifiesta su "profunda preocupación por los informes de violencia, acoso judicial, detenciones arbitrarias y amenazas contra defensores de los derechos humanos en las regiones afectadas por el devastador terremoto de Turquía."

Front Line Defenders ha manifestado en un comunicado que “está profundamente preocupada por los informes de violencia, acoso judicial, detenciones arbitrarias y amenazas contra defensores de los derechos humanos en las regiones afectadas por el devastador terremoto de Turquía” y pide a las autoridades turcas que “no obstaculicen su labor. Los defensores de los derechos humanos percibidos como críticos con el gobierno son objetivo específico de las fuerzas de seguridad sobre el terreno”.

El comunicado añade: "Muchos periodistas sobre el terreno informaron de que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad mientras intentaban cubrir noticias y fueron amenazados por funcionarios para que no informaran de nada que pudiera socavar al gobierno."

Front Line Defenders recuerda a las autoridades turcas el artículo 1 del Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria, que establece que "la ayuda humanitaria es una expresión fundamental del valor universal de la solidaridad entre los pueblos y un imperativo moral". El Consenso también hace hincapié en que "el 'espacio humanitario' necesario para garantizar el acceso a las poblaciones vulnerables y la seguridad de los trabajadores humanitarios deben preservarse como condiciones previas esenciales para la prestación de ayuda humanitaria".

Front Line Defenders insta al gobierno turco a garantizar un entorno de trabajo seguro y propicio para los defensores y las defensoras de los derechos humanos que han estado trabajando incansablemente en la región desde el primer día del terremoto y a poner fin a los ataques dirigidos contra ellos como consecuencia de su legítima labor en defensa de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los funcionarios deben permitir que todos los defensores de los derechos humanos y los voluntarios continúen con su labor de entregar a los supervivientes los bienes y servicios necesarios para salvar sus vidas. Deben poder documentar e informar sobre los acontecimientos sobre el terreno sin temor a sufrir violencia y detenciones.

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