El diputado del Partido de la Izquierda Gökay Akbulut presentó una pregunta en el Bundestag sobre los refugiados a los que el Estado alemán prohibió hacer política de acuerdo con el artículo 47 de la "Ley de Inmigración". Akbulut preguntó por el origen de los políticos afectados por la orden, y fue respondido por el Ministerio del Interior en nombre del Gobierno Federal.

En esta respuesta, el gobierno de Scholz reveló por primera vez información sobre el número de extranjeros a los que se les ha prohibido hacer política. Afirmando que 13 extranjeros tienen actualmente prohibido participar en política, el ministerio dijo que la orden dada a una persona es temporal mientras que para los otros 12 es indefinida. Ocho de los afectados por la prohibición política viven actualmente en Alemania: 4 en Baden-Württemberg, 2 en NRW, 1 en Baviera y 1 en Sajonia.

Seis políticos kurdos afectados por la orden

En su respuesta, el Ministerio del Interior, dijo que 6 de los inmigrantes a los que se les prohibió hacer política eran políticos kurdos. Aunque el Ministerio informó de que dichas personas recibieron la orden de restricción en relación con el PKK, prohibido en Alemania desde 1993, se abstuvo de dar información más detallada.

El artículo 47 de la Ley de Inmigración, que impide a los inmigrantes disfrutar de muchos derechos, y pasó a la historia política alemana como la "Ley Ayata" porque se aplicó de forma exhaustiva al político kurdo Muzaffer Ayata.

Ayata, que fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión en Alemania, adonde llegó como refugiado político tras pasar 20 años en cárceles del Estado turco, se enfrentó a muchos obstáculos tras su liberación.

En 2012, la Oficina de Extranjería de Stuttgart, que tomó una decisión que suponía un golpe a la libertad de pensamiento basada en el artículo 47 de la "Ley de Inmigración", prohibió a Ayata escribir artículos, hablar en conferencias y participar en actos organizados por kurdos. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Stuttgart recurrió posteriormente a la Oficina de Inmigración y decidió suspender la ejecución, alegando que existían "serias dudas sobre la legalidad" de la prohibición política impuesta a Ayata.

Alemania no cumple las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La administración de Berlín tomó cartas en el asunto en 2017 e hizo las gestiones necesarias para que el artículo 47 entrara en vigor sin que los tribunales lo impidieran. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo en 2015 que "a pesar de que el artículo 47 es un obstáculo para la libertad de opinión de los refugiados que viven en Alemania", el Estado alemán sigue utilizándolo contra los políticos, la mayoría de los cuales obtuvieron el estatus de refugiados en Alemania, de donde proceden, porque no podían hacer política en su propio país.