La Comisión de Vigilancia Penitenciaria del Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Amed ha presentado una denuncia en relación con los incidentes ocurridos el 22 de abril en la prisión de Erzincan.

En estas denuncias, el Colegio de Abogados enfatiza que la implementación sistemática y la normalización de los registros corporales a los reclusos transferidos de otras prisiones a la prisión cerrada de alta seguridad de Erzincan violan la prohibición de la tortura y los malos tratos.

La Comisión también ha solicitado al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo, a la Dirección General de Prisiones y Centros de Detención, a la Comisión Parlamentaria de Investigación de Derechos Humanos y a la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía (TIHEK) una investigación exhaustiva.

Según informes recibidos de reclusos y sus familias, los registros corporales se han generalizado. Las denuncias indican que los reclusos que se negaron a someterse a los registros corporales fueron agredidos físicamente por guardias penitenciarios. El Colegio de Abogados de Amed realizó visitas a las prisiones a raíz de estas denuncias, durante las cuales los presos informaron haber sido retenidos en el vehículo de transporte de la prisión (vehículo de anillo) durante largos períodos sin acceso a las necesidades básicas, seguidos de detención prolongada en celdas de detención en condiciones igualmente inhumanas

Tortura de reclusos que se negaron a ser sometidos a registros corporales

Las denuncias también detallaron que se les imponía a los reclusos ser sometidos a registros corporales al entrar, y que quienes se resistían eran golpeados. El Colegio de Abogados de Amed declara que “los registros corporales no solo constituyen una violación física, sino que también constituyen acoso institucional sistemático, tortura psicológica y una grave vulneración de derechos. Este comportamiento por parte de funcionarios públicos no solo genera responsabilidad personal, sino que también constituye un abuso de autoridad pública”.

Violación de la prohibición de la tortura y los malos tratos

Las demandas destacan que estas prácticas constituyen una violación del artículo 17 de la Constitución turca, que garantiza la prohibición de la tortura y los malos tratos. También incumplen el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que prohíbe los tratos degradantes e inhumanos, así como las Reglas Mandela de la ONU y las normas establecidas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT).

El Colegio de Abogados ha exigido el cese inmediato de las prácticas de registros corporales y ha solicitado una investigación rápida y efectiva del asunto, incluyendo el inicio de procedimientos legales contra el personal penitenciario responsable.