En Turquía, la persecución penal también se utiliza para castigar acciones políticas que no son bien vistas por el gobierno. Ésta es una de las conclusiones del exhaustivo informe encargado por PRO ASYL. La Oficina Federal para la Migración y los Refugiados también debe reconocer esta realidad y cambiar su forma de tomar decisiones, reclama la organización.

¿El sistema judicial turco respeta el Estado de derecho en los procedimientos penales con implicaciones políticas? Esta pregunta suele estar en el centro de los procedimientos de asilo que afectan a ciudadanos turcos.

Para obtener una respuesta, PRO ASYL ha encargado un dictamen pericial que analiza la situación de la justicia penal turca en lo que respecta a su independencia, imparcialidad y respeto de los derechos procesales, en particular en lo que respecta a los procesos por delitos de terrorismo. La investigación se basa en la evaluación, entre otras cosas, de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, informes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, sentencias de tribunales turcos y entrevistas con abogados que ejercen en Turquía.

Los aspectos más destacados del informe PRO ASYL publicado el jueves incluyen lo siguiente:

Los solicitantes de asilo de Turquía conocen bien estos delitos: “propaganda a favor de una organización terrorista”, “pertenencia a una organización terrorista”, “apoyo a una organización terrorista”. Muchos de ellos huyeron a Alemania precisamente para escapar de estas acusaciones o de otras similares, en su mayoría infundadas, así como de años de investigación y de un castigo inminente. Turquía ha sido durante años uno de los principales países de origen de las personas que buscan protección en Alemania.

El hecho de que las acusaciones de delitos de terrorismo en Turquía sean en su mayoría falsas y arbitrarias se ha documentado en el informe de 140 páginas encargado por PRO ASYL 'Sobre el estado del poder judicial en Turquía. Inseguridad jurídica en los procesos penales por motivos políticos'. El informe muestra que los procesos penales basados ​​en acusaciones relacionadas con el terrorismo socavan regularmente los criterios del Estado de derecho. Las personas afectadas no tienen la posibilidad de defenderse eficazmente y no pueden esperar un juicio justo. La independencia judicial no está garantizada.

En este contexto, se pueden identificar varios grupos de riesgo que están más en peligro de convertirse en blanco de persecución política: por ejemplo, aquellos que se expresan "demasiado políticamente" sobre temas considerados demasiado sensibles, como las preocupaciones de los kurdos, la corrupción o las violaciones de los derechos humanos por parte de Turquía. Dentro de este grupo, los miembros de la población kurda en su conjunto corren un riesgo mayor que otros grupos de ser objeto de persecución por motivos políticos.

El problema es que la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) no suele reconocer estas circunstancias y niega la protección necesaria. Por ello, el nuevo informe es una fuente de información importante que también debería conducir a un cambio en la práctica de reconocimiento de la BAMF.

Análisis detallado del sistema de justicia penal turco en relación con los procesos políticos

Las conclusiones del informe se basan en un análisis del estado del sistema de justicia penal turco durante un período de más de un año, con vistas a su independencia, imparcialidad y respeto de los derechos procesales, en particular en relación con los procedimientos relacionados con acusaciones de terrorismo. La investigación fue realizada por dos reconocidos juristas independientes, cuyas identidades PRO ASYL no revela por razones de seguridad. Esta decisión por sí sola dice mucho sobre el estado de derecho turco.

Los autores han analizado sentencias de tribunales turcos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, informes del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, entre otros, y han entrevistado a abogados que ejercen en diversas partes de Turquía. Su investigación se divide en cuatro partes, cada una dedicada a un área problemática específica: el sistema judicial, los delitos relacionados con el terrorismo y su aplicación, la recopilación y valoración de pruebas y la salvaguardia de los criterios del derecho a un juicio justo.

La independencia del sistema judicial turco está suspendida

Las deficiencias detectadas en el sistema judicial turco se deben a diversos factores. Por ejemplo, la reestructuración profunda de la composición de los tribunales y la ocupación de puestos clave en las estructuras del poder judicial han dado lugar a abusos. En particular, en 2016, y sobre todo en el ámbito de la justicia penal, un gran número de jueces y fiscales fueron nombrados en un proceso muy poco transparente. Los puestos centrales han quedado bajo influencia política y, en la práctica, son ocupados por el partido gobernante.

Es muy poco probable que estos jueces o fiscales tomen decisiones que no sean del agrado del gobierno. Si lo hacen, se enfrentan a medidas disciplinarias, traslados o despidos. Se conocen casos en los que fiscales y jueces han sido procesados ​​incluso después de haber tomado decisiones no deseadas. Por otro lado, las decisiones pro gubernamentales conducen a ascensos. En consecuencia, las acusaciones y los veredictos suelen ser unilaterales. Los jueces y fiscales no son libres en sus decisiones. En esta estructura, a menudo sucede que se ignoran los veredictos de los tribunales superiores.

En 2020, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también señaló que las consideraciones estratégicas y político-coyunturales eran más importantes que las consideraciones jurídicas para las decisiones judiciales. E incluso la Comisión Europea expresa una fuerte preocupación por la interferencia política en el poder judicial en su último informe sobre Turquía (2023).

Las investigaciones, acusaciones y condenas están sujetas a arbitrariedad

Además, partes importantes del derecho penal turco y de la legislación antiterrorista turca no están formuladas con claridad. Los apartados pertinentes se interpretan con mucha libertad, con el resultado de que es imposible predecir qué acción será considerada delito y cuál no. La espada de Damocles pende así sobre la vida cotidiana de muchos ciudadanos turcos.

La participación en una reunión pública no prohibida puede ser penalizada en cuanto una organización clasificada como terrorista la haya convocado, independientemente de si el acusado conocía o no la convocatoria de la organización clasificada como terrorista. Pero eso no es todo: las definiciones jurídicas se han ampliado tanto en su interpretación que ni siquiera está claro en qué base jurídica se puede basar una acusación: "pertenencia a", "comisión de un delito en nombre de" o "apoyo"; los límites son difusos. Los criterios que se han establecido, aunque todavía vagos, en relación con la cuestión de cuándo existe, por ejemplo, "pertenencia a una organización terrorista", son regularmente socavados por la jurisprudencia establecida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado en varias ocasiones que esto contradice el requisito de certeza consagrada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero hasta ahora esto no ha cambiado nada.

Estas deficiencias de la legislación turca se acentúan en su aplicación práctica. Por ejemplo, en algunos casos penales no es posible determinar en qué hechos se basa la acusación. En otros casos, en los autos se puede encontrar una denominada declaración de hechos, pero no se examina si los hechos constituyen realmente un delito penal.

Recopilación defectuosa de pruebas

Otro elemento que contribuye a la decadencia del Estado de derecho en los procesos penales por motivos políticos es el carácter tendencioso de las investigaciones en las que se basan las acusaciones y las condenas. Por regla general, las investigaciones sólo se llevan a cabo en una dirección que es desfavorable para la persona en cuestión y que confirma la sospecha inicial. Un elemento central en este sentido son los testimonios de testigos "secretos". No es raro que un testigo de este tipo haga declaraciones sobre muchas personas (en algunos casos, cientos) que conducen a una condena. Las declaraciones suelen ser muy superficiales y no es posible comprender cómo la fiscalía llega a una determinada conclusión o valoración sobre la base de las declaraciones.

Sin embargo, para la defensa es difícil o incluso imposible rebatir estas declaraciones incriminatorias. Los abogados no tienen la oportunidad de interrogar a los testigos o de hacer preguntas complementarias para refutar así la acusación. Este es sólo uno de los muchos ejemplos que demuestran que la "igualdad de armas" entre la acusación y la defensa ha quedado en suspenso. Incluso se conocen casos en los que los propios testigos se retractaron ante el tribunal del testimonio incriminatorio, alegando que se lo habían extorsionado mediante violencia psicológica o física, y sin embargo la sentencia se basó en ese testimonio incriminatorio tan "antiguo".

PRO ASYL: ¡BAMF debe adaptar sus principios rectores para Turquía!

Miles de personas siguen huyendo de Turquía hacia Alemania para escapar de las prácticas descritas anteriormente y solicitar asilo en busca de protección contra la persecución estatal: en la primera mitad de 2024, la BAMF registró casi 16.000 solicitudes iniciales de ciudadanos turcos en Alemania. Como en años anteriores, los kurdos siguen representando la mayor parte y están especialmente en la mira del Estado.

Quienes huyen de la justicia se enfrentan a años de investigación en Turquía por actos que no han cometido. No pueden contar con el derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cambio, se enfrentan a largas penas de prisión y, por tanto, a una privación ilegal de la libertad. La posibilidad de participar en la política es prácticamente inexistente en estas circunstancias. Sin embargo, a pesar de la presión de la persecución descrita anteriormente, la tasa general de protección en los procedimientos que involucran a solicitantes de asilo turcos sigue disminuyendo: en el primer semestre de 2024, la tasa general de protección ajustada fue de solo el 13 por ciento. Los solicitantes se enfrentan a la aceptación acrítica de las acusaciones turcas por parte de las autoridades alemanas y a una carga de la prueba que excede con creces el nivel habitual en los procedimientos de asilo.

La BAMF debe reconocer la realidad y la arbitrariedad de los procesos penales turcos con una conexión política, como ha quedado demostrado una vez más en el informe. Por ello, es imperativo adaptar las directrices del país a Turquía, tener en cuenta los resultados en los cursos de formación y realizar los cambios pertinentes en la práctica de toma de decisiones. Los tribunales administrativos también deberían aprovechar el informe como una oportunidad para revisar su jurisprudencia. ¡Las víctimas de persecución en el sistema de justicia penal turco necesitan protección!

Imágen de portada: PRO ASYL