Se acerca el plazo dado a Turquía por el Comité de Ministros del Consejo de Europa (CdE) en relación con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las condenas a cadena perpetua agravadas de algunos presos políticos, entre ellos el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan. Sin embargo, Ankara aún no ha facilitado ninguna información al respecto.

En diciembre del año pasado, el Comité de Expertos pidió a Turquía que aplicara medidas en el caso de Öcalan y otros para eliminar las violaciones de los derechos de los presos y exigió a Ankara que presentara un informe sobre los progresos realizados antes de septiembre de este año.

A pesar de que el plazo del organismo internacional se acerca, Turquía se ha abstenido de tomar las medidas necesarias sobre el asunto y más bien ha impuesto nuevos castigos disciplinarios a Öcalan en varias instancias, además de seguir manteniéndolo aislado en la prisión de İmralı, informó la agencia Mezopotamya.

El proceso comenzó cuando los abogados de Öcalan llevaron el caso de su cliente al TEDH en 2003 alegando que la condena a cadena perpetua agravada que se le impuso violaba el artículo 3, que prohíbe la tortura y los malos tratos. El 18 de marzo de 2014, el tribunal falló a favor de una demanda por violación de derechos, ya que no se le concedió el derecho a la libertad condicional. La sentencia apodada «Öcalan 2» se dictó también para los presos Hayati Kaytan, Emin Gurban y Civan Boltan en el siguiente proceso.

En declaraciones a Medya News sobre el proceso, el abogado de Öcalan, İbrahim Bilmez, dijo que, en circunstancias normales, el país contra el que el TEDH dictó sentencia en un caso así debería haber aplicado cambios legales.

"El tribunal dijo básicamente: 'No se puede mantener a una persona entre rejas sin la esperanza de liberarla. Si se encarcela a alguien de esa manera, la forma en que se aplica esta sentencia incluye la tortura y los malos tratos'", dijo Bilmez, y añadió que Turquía no hizo los cambios necesarios y el CdE no tomó medidas por su cuenta.

Tras años de inacción en este asunto, varios grupos de derechos y los abogados de Öcalan pidieron al Comité de Ministros del CdE que lo incluyera en su agenda. El Comité, antes de su reunión de noviembre del año pasado, pidió a Turquía que proporcionara información sobre los casos y Turquía afirmó que no había habido ninguna violación de derechos en İmralı desde 2009.

Sin embargo, el Comité pidió entonces a Turquía que presentara un informe sobre los progresos realizados en relación con el derecho a la libertad condicional antes de septiembre de este año. También pidió a Ankara que compartiera información sobre el número de presos que cumplen cadenas perpetuas con agravantes.

Según Bilmez, Turquía trató de paralizar el proceso, mientras que la sentencia de cadena perpetua agravada, contra la que se pronuncia el TEDH, se ha aplicado a miles de presos.

Al acercarse el plazo, no parece haber avances a la vista. Desde hace 16 meses no se obtiene ninguna información sobre Öcalan, ya que se le mantiene en total aislamiento. Desde el 25 de marzo de 2021 se han presentado un total de 271 solicitudes, 70 de ellas de su familia y 201 de sus abogados, para reunirse con él, pero todas han sido infructuosas.

Una de las solicitudes mencionadas para reunirse urgentemente con él fue realizada el 22 de noviembre de 2021 por sus abogados, lo que dio lugar a que los abogados descubrieran que se había impuesto a Öcalan una prohibición de reunirse con los abogados durante seis meses el 12 de octubre del mismo año. También se le prohibió ver a su familia durante tres meses, según otra decisión fechada el 18 de agosto.

Tras el levantamiento de la prohibición de reunirse con sus abogados el 22 de abril, los abogados volvieron a solicitar formalmente el 29 de abril reunirse con Öcalan. A continuación, las autoridades comunicaron a los abogados que el 13 de abril se había impuesto otra prohibición de seis meses. La prohibición de reunirse con la familia siguió un proceso similar, y las autoridades citaron «medidas disciplinarias» en una respuesta a una solicitud presentada el 8 de junio.

Los abogados del bufete Asrın, que representa a Öcalan, llevaron entonces las prohibiciones al Tribunal Constitucional, mientras que 775 abogados se inscribieron en 29 colegios de abogados y presentaron solicitudes entre el 10 y el 17 de junio para reunirse con el líder del PKK. Todavía no han recibido respuesta.

Bilmez ha pedido a Turquía que actuara de acuerdo con el derecho internacional. "La cadena perpetua agravada es una tortura. Esperamos que Turquía haga lo necesario", dijo Bilmez, al tiempo que criticó el silencio de la opinión pública ante el caso de Öcalan.

Fuente: Medya News. Traducción: Rojava Azadî Madrid.