La Comisión Europea ha publicado su informe sobre el proceso de negociaciones que en Turquía "el retroceso democrático continuó durante el periodo del informe. Las deficiencias estructurales del sistema presidencialista siguieron vigentes. Las principales recomendaciones del Consejo de Europa y sus órganos siguen sin ser atendidas".

El Parlamento turco, dijo la Comisión Europea, "siguió careciendo de los medios necesarios para exigir responsabilidades al gobierno. La arquitectura constitucional siguió centralizando los poderes en el nivel de la Presidencia sin garantizar una separación sólida y efectiva de los poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En ausencia de un mecanismo eficaz de control y equilibrio, la responsabilidad democrática del poder ejecutivo sigue limitada a las elecciones".

La Comisión Europea añadió que "continuó la persecución de los partidos de la oposición, incluso mediante la aceptación por parte del Tribunal Constitucional de una acusación del fiscal jefe del Tribunal de Casación que pretendía cerrar el segundo mayor partido de la oposición, lo que contribuyó a debilitar el pluralismo político en Turquía. La presión ejercida por el gobierno de coalición sobre los alcaldes de los partidos de la oposición debilitó aún más la democracia local. Los alcaldes de los partidos de la oposición se enfrentaron a investigaciones administrativas y judiciales. En el sureste, los alcaldes destituidos por la fuerza siguieron siendo sustituidos por síndicos nombrados por el gobierno, negando a los ciudadanos la representación que habían elegido. En la mayoría de los casos, los síndicos entrantes han mantenido suspendidas las asambleas municipales. Cientos de políticos locales y cargos electos fueron detenidos por cargos relacionados con el terrorismo".
La Comisión Europea subrayó que "alrededor de 4.000 miembros y funcionarios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) siguen en prisión, incluidos varios parlamentarios". En junio, el Tribunal Constitucional aceptó una acusación que exigía el cierre del HDP, solicitando la inhabilitación política de 451 ejecutivos del HDP, incluidos los copresidentes del partido y todos los diputados y ejecutivos pasados y presentes, así como la congelación de las cuentas bancarias del partido. Había solicitudes pendientes de la fiscalía en el Parlamento para levantar la inmunidad de casi todos los legisladores del HDP".

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la sociedad civil, la Comisión Europea afirmó que "continuaron los graves retrocesos. La sociedad civil se enfrentó a continuas presiones y su espacio para operar libremente ha seguido disminuyendo, limitando su libertad de expresión y su libertad de asociación. La nueva ley sobre la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva suscita preocupación por las posibles restricciones a las actividades de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil".

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el informe decía que "Turquía seguía en una fase temprana de los preparativos y no había hecho ningún progreso en el periodo del informe. El país no estableció órganos de lucha contra la corrupción de acuerdo con las obligaciones internacionales de Turquía".

El deterioro de los derechos humanos y fundamentales continuó, según el informe, añadiendo que "muchas de las medidas introducidas durante el estado de excepción siguen en vigor". La retirada de Turquía del Convenio de Estambul también puso en entredicho su compromiso con dichas normas. El nuevo plan de acción en materia de derechos humanos, que prometía reformas en una serie de ámbitos, no aborda cuestiones críticas".

En cuanto a la libertad de expresión, continuaron los graves retrocesos, decía el informe, añadiendo: "La legislación y su aplicación, especialmente las disposiciones sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, siguieron contraviniendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otras normas internacionales y apartándose de la jurisprudencia del TEDH. La difusión de las voces de la oposición y la libertad de expresión se vieron afectadas negativamente por la creciente presión y las medidas restrictivas. Continuaron las causas penales y las condenas contra periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, escritores, políticos de la oposición, estudiantes y usuarios de las redes sociales".

Asimismo, según el informe, "se produjeron nuevos y graves retrocesos en el ámbito de la libertad de reunión y asociación, a la luz de las prohibiciones recurrentes, las intervenciones desproporcionadas y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, las investigaciones, las multas administrativas y los procesamientos contra manifestantes acusados de actividades relacionadas con el terrorismo. La legislación y su aplicación no se ajustan a la Constitución turca, a las normas europeas ni a los convenios internacionales".