Zozan G. es madre de cinco hijos. Debido a que su hija de 13 años está implicada políticamente, la madre ha sido amenazada con la retirada de la custodia de todos sus hijos.
Zozan G. de Oberhausen es una madre soltera trabajadora con cinco hijos. Debido a que su hija de 13 años participó en una acción de apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos contra el aislamiento agravado de Abdullah Öcalan en marzo de 2019, la madre está amenazada con la retirada de la custodia de sus cinco hijos de entre 4 y 15 años por el Tribunal de Distrito de Oberhausen.
'Integrados y muy educados'
Zozan G. está activa dentro del movimiento kurdo, habla a menudo en las manifestaciones de solidaridad con Rojava en Duisburg, Oberhausen y Mülheim. Sobre todo, hace campaña por los intereses de las mujeres en Kurdistán. Zozan está acusada de adoctrinar a sus hijos menores de edad con "propaganda del PKK". Al parecer, la Policía Estatal de Düsseldorf, es decir, la policía política, ha presentado una instancia ante la oficina de asistencia a la juventud de la ciudad de Oberhausen.
"La Oficina de Bienestar Juvenil incluso vino a mi casa en mi ausencia para ver todas las habitaciones de mi apartamento. El padre de los niños los dejó entrar. Sin embargo, después de varios debates e investigaciones, la representante de la Oficina de Bienestar de la Juventud, la Sra. Merkel, llegó a la conclusión de que los niñxs no corrían ningún riesgo, sino todo lo contrario: estaban integrados y eran muy educados", informa Zozan.
El compromiso con la democracia como delito
La hija de Zozan, L., es muy buena estudiante. El expediente se cerró en la Oficina de Bienestar de la Juventud. No obstante, se inició un proceso judicial, probablemente a instancias del Estado o de la Oficina de Protección de la Constitución. El contexto es la participación de la hija de 13 años en una acción contra el aislamiento agravado de Abdullah Öcalan en el Parlamento estatal de Düsseldorf el 12 de marzo de 2019.
En la primavera de 2019 se realizaron acciones de solidaridad en todo el mundo ante la situación cada vez más dramática de Leyla Güven y otros presos políticos. Estos presos llevaron a cabo una huelga de hambre para romper los años de aislamiento agravado del representante del movimiento kurdo, Abdullah Öcalan. L. y otrxs jóvenes querían entregar un dossier informativo al Parlamento del Estado. La policía sospechó de una acción de ocupación y puso a L. bajo custodia. Se alega que L. también participó en una "marcha kurda" de Mannheim a Karlsruhe en febrero de 2019 y que cometió "delitos", como la supuesta exhibición de banderas con el retrato de Öcalan.
Vigilada durante años
En noviembre de 2019 tuvo lugar la primera audiencia en el tribunal. "Fui allí sin abogado porque no sabía que querían quitarme a los niños. La acusación que se hace contra mí es 'poner en peligro el bienestar de los niños'. Mis hijos no están en peligro, los educo para que sean personas que tengan una opinión, que representen los valores humanos y que los defiendan. Obviamente quieren hacer de mi caso un ejemplo, intimidarme, para que deje de ser políticamente activa", dice Zozan G.
En el tribunal, se presentaron fotos y transcripciones de acciones políticas de los últimos años. Así que claramente se la lleva vigilando durante años, a pesar de que siempre ha estado involucrada en acciones democráticas declaradas y rechaza la violencia.
La Seguridad del Estado informó a la Oficina de Bienestar de la Juventud en mayo de 2019 que Zozan G. "respalda el entorno de apoyo al PKK por parte de sus partidarios. Se deduce que L.G. seguirá participando en acciones políticas del PKK y que su cercanía al entorno relacionado con el PKK en Alemania se consolidará aún más, probablemente debido a la influencia de su madre Zozan G.".
Así, se le niega a L. cualquier posición propia, y se difama la actividad política legítima por la causa kurda.
Niños bajo interrogatorio
La jueza Bertante del Tribunal de Distrito de Oberhausen al parecer consideró necesario interrogar a los otros cuatro niños además de L. El tribunal ha nombrado a una "abogada de los niños", por así decirlo. Esta llamó a la jueza un día antes de la audiencia y trató de impedir la audiencia por el bienestar de estos. Especialmente por el del niño de seis años, S., que sufre un retraso en su desarrollo debido a un defecto de audición, por lo que se consideró que un interrogatorio sería demasiado duro para él. Pero tampoco pudo evitar la audiencia. Contrariamente a la recomendación, la Jueza Bertante insistió en la comparecencia de los niños, que se celebró el 20 de diciembre. Se les interrogó individualmente, a veces hasta 20 minutos. Especialmente para el niño de seis años, S., fue un trance: está en terapia logopédica y ocupacional y quedó muy trastornado por la situación del interrogatorio.
El abogado de Zozan, Tim Engels, ha dicho: "Cualquiera que conozca las disputas de divorcio sabe lo estresante y doloroso que es, especialmente para niños pequeños, ser obligados a testificar en el tribunal contra sus propios padres o contra uno de ellos".
Es completamente incomprensible que la jueza Bertante esté tan involucrada en el proceso, ya que la Oficina de Bienestar Juvenil ha demostrado entretanto que no hay peligro para el bienestar de los niños. "No sabemos quién está detrás de los procedimientos, la Oficina de Bienestar Juvenil ya no ve la necesidad de actuar, pero mi abogado todavía no tiene acceso a los archivos", dice Zozan. Zozan sigue siendo investigada.
El de Zozan no es un caso aislado
El caso de Zozan no es un incidente aislado. Es evidente que no se permite a los menores de 18 años expresar sus propias opiniones, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión kurda y a la crítica del régimen de Erdogan. Rojbîn G., de Maguncia, que ahora tiene 26 años, informa que su familia ha sido acosada por las fuerzas de seguridad del Estado durante años. Como ella había estado implicada en el movimiento kurdo desde que tenía 16 años, quisieron apartarla de su familia. "Sólo cuando mi madre sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser ingresada en la sala de psiquiatría y yo misma cumplí 18 años, la situación se calmó un poco. Pero luego continuó con los niños más pequeños", dice Rojbîn.
La Seguridad del Estado y la Oficina de Bienestar de la Juventud trabajaron mano a mano, como en Oberhausen. "Mi hermano fue abordado por la Seguridad del Estado en el campo de fútbol. Mi madre sigue en tratamiento hoy en día. A menudo tiene ataques de pánico. La Seguridad del Estado está buscando el punto débil de los activistas kurdos y estos son sus hijos. Sin duda, se intimida a cientos de familias de esta manera para evitar que sigan siendo políticamente activas", ha dicho Rojbîn.
Niños y jóvenes políticos
A los niños y jóvenes no se les permite tener su propia opinión política y darla a conocer. También se pasa por alto que los niños y jóvenes del Kurdistán y otras zonas de guerra se enfrentan a los problemas de la guerra y las violaciones de los derechos humanos desde una edad temprana. En casi todas las familias kurdas hay muertos y parientes o amigos en la cárcel. Una amiga íntima de la familia de Zozan estaba en huelga de hambre, por lo que su hija L. se vio afectada personalmente.
No se puede mantener a los niños alejados de la realidad del Kurdistán. Lo que causa el ocultamiento de crímenes es especialmente conocido en Alemania. La sociedad kurda es una sociedad politizada y esto es obviamente una piedra en el zapato del Estado alemán.
Todos somos Zozan
Son las mujeres, las madres, las que deben lidiar con la amenaza del secuestro de los niños. La Seguridad del Estado ejerce repetidamente una enorme presión sobre las familias kurdas, ya sea reclutando informantes, amenazando con retirarles el permiso de residencia o, como en el caso de Zozan y la madre de Rojbiîn, amenazando con privarlas de sus hijos.
El caso de Zozan es un precedente. Si el Servicio de Seguridad del Estado y el juez de menores se salen con la suya en la retirada de los niños, esto podría suponer una amenaza para todas las madres políticamente activas. Este tipo de represión ni siquiera se le ha ocurrido al Estado turco todavía. "Huimos del Kurdistán porque la represión del Estado turco era demasiado fuerte. Mi padre estuvo en la cárcel durante años. Es insoportable que aquí también suframos represión por estar organizándonos y luchando por nuestros derechos", ha denunciado Rojbîn.
La represión está justificada con la infame prohibición del PKK, una concesión al Estado turco. El 15 de noviembre de 2018, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo dictaminó que el PKK fue incluido erróneamente en la lista de organizaciones terroristas de la UE desde 2014 hasta 2017. Sin embargo, el fallo tuvo poca influencia en la situación jurídica del PKK.
Mientras tanto, se ha formado una iniciativa en Oberhausen para apoyar a Zozan en su lucha contra la Oficina de Bienestar de la Juventud y el Servicio de Seguridad del Estado.
El llamamiento dice: "Rechazamos con indignación el intento de la Seguridad del Estado de impedir que una madre se comprometa políticamente con los derechos humanos, los derechos de las mujeres y Rojava. La Seguridad del Estado quiere silenciar a Zozan. ¡No tendrá éxito!"
