67 personas condenadas a 299 años de prisión en juicios por libertad de expresión en Turquía

La Asociación de Estudios de Medios de Comunicación y Derecho lleva desde 2018 haciendo un seguimiento de los juicios por libertad de expresión en Turquía. Acusar a profesionales de los medios de comunicación en juicios por terrorismo es habitual.

Se ha publicado el informe anual de seguimiento de juicios de la Asociación de Estudios de Medios de Comunicación y Derecho (MLSA, por sus siglas en inglés), que ha estado supervisando juicios de libertad de expresión desde 2018 y que actualmente cuenta con el mayor programa de seguimiento de juicios en Turquía. El informe contiene los datos recopilados a través del seguimiento de 446 audiencias de 210 juicios por libertad de expresión celebrados en 23 ciudades diferentes con el apoyo del Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y la Oficina de Turquía de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

Según el informe, se siguió juzgando a periodistas en casos de terrorismo en los que sus artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales se citaban como prueba de cargo. En el informe también se afirma que han aumentado los procesos abiertos contra quienes habían participado en manifestaciones y protestas pacíficas. El informe también destaca que los fiscales y los tribunales de primer grado hacen caso omiso de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). También llama la atención sobre el radical aumento registrado en las penas de prisión impuestas en juicios por delitos contra la libertad de expresión.

Continúa la práctica de juzgar a periodistas en casos de terrorismo

El informe demuestra que la práctica de juzgar a periodistas en casos de terrorismo continuó en el periodo de seguimiento. En el informe se indica que la acusación de “hacer propaganda de una organización terrorista” se formuló en 62 juicios y que, en total, 143 periodistas comparecieron ante los tribunales por esta acusación. Del mismo modo, también se indica que en 38 de los 44 juicios en los que se imputó a los acusados y acusadas el cargo de “pertenencia a una organización terrorista”, éstos eran periodistas. En total, 132 periodistas comparecieron ante los tribunales por cargos de “propaganda”. Según el informe, los artículos periodísticos y las publicaciones en redes sociales de los periodistas constituyeron la mayoría de las pruebas citadas en estos casos.

Pruebas ilícitas en casos de “insultos al Presidente”

En el informe se afirma que los casos de “insultos al presidente” son los que más afectan a los periodistas. 34 personas fueron juzgadas en 29 casos de “insultos al presidente” y 18 de esos 34 acusados eran periodistas.

Se subraya que en 19 casos, las publicaciones de los acusados y acusadas en las redes sociales fueron la única prueba citada para los cargos. El informe señala el hecho de que en 14 casos, las publicaciones en las redes sociales se recopilaron mediante el método denominado “patrulla virtual”, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en su sentencia de 19 de febrero de 2020 y, por tanto, revocó el artículo de la ley pertinente que autorizaba a la policía a emplear este método. En el informe se subraya que los tribunales aceptaron ocho acusaciones que se prepararon después de la decisión del Tribunal Constitucional y en las que se citaban como pruebas contra los acusados publicaciones en redes sociales recopiladas ilegalmente mediante este método.

800 personas juzgadas por haber asistido a protestas y manifestaciones pacíficas

Según el informe, 800 personas fueron juzgadas por haber asistido a protestas y manifestaciones pacíficas en virtud de sus derechos garantizados en el artículo 34 de la Constitución. Entre los que se enfrentaron a la acusación de “desafiar la Ley nº 2911 sobre Manifestaciones y Asambleas” había 328 activistas, entre ellos Madres de Sábado, y 285 estudiantes que fueron juzgados en nueve casos distintos que se abrieron a causa de las protestas iniciadas tras los nombramientos de rectores de la Universidad Boğaziçi por parte del presidente Erdoğan.

En el informe, también se comparte que en algunos casos, los fiscales citaron las prohibiciones arbitrarias de manifestaciones y protestas de las gobernaciones de distrito o provinciales y las prohibiciones de manifestaciones impuestas por las Juntas Provinciales de Salud Pública durante la pandemia con el fin de demostrar que las manifestaciones y protestas citadas en las acusaciones eran “ilegales”.

Los tribunales impusieron penas de prisión ignorando las sentencias del TEDH

El informe llama la atención sobre el aumento radical de las penas de prisión impuestas en juicios por libertad de expresión. Señalando que 67 personas fueron condenadas a 299 años, 2 meses y 24 días de prisión por haber ejercido sus derechos fundamentales, el informe subraya que las penas de prisión impuestas a 36 personas se basaban en artículos de la ley que el TEDH consideró sistemáticamente fuentes de violaciones sistemáticas de derechos.

El informe también incluye las duras penas de prisión impuestas durante el periodo de seguimiento y llama la atención sobre el hecho de que el galardonado periodista Rojhat Doğru fue condenado a cadena perpetua por sus actividades como periodista y que el defensor de los derechos humanos Osman Kavala fue condenado a cadena perpetua agravada sin pruebas y por una acusación de la que fue absuelto en 2020.

También se ha registrado en el informe un aumento del número de juicios que terminaron con absolución. El aumento se ha evaluado como un indicador del hecho de que las investigaciones penales relativas a la libertad de expresión evolucionan fácilmente hacia juicios. Según el informe, durante el periodo de seguimiento, 226 personas juzgadas en 51 casos fueron absueltas de los cargos que se les imputaban.

El informe lleva por título 299 años, 2 meses y 24 días: El coste de la libertad de expresión en Turquía, que también contiene notas detalladas sobre las violaciones del derecho a un juicio justo.