En su posición sobre la Ley europea sobre la libertad de los medios de comunicación, adoptada el martes por 448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones, el Parlamento Europeo quiere obligar a los Estados miembros a garantizar la pluralidad de los medios y a proteger su independencia frente a interferencias gubernamentales, políticas, económicas o privadas. .
Los eurodiputados quieren prohibir toda forma de interferencia en las decisiones editoriales de los medios de comunicación y evitar que se ejerza presión externa sobre los periodistas, como obligarlos a revelar sus fuentes, acceder a contenidos cifrados en sus dispositivos o atacarlos con software espía.
El uso de software espía sólo puede justificarse, argumentan los eurodiputados, como medida de "último recurso", caso por caso, y si lo ordena una autoridad judicial independiente para investigar un delito grave, como el terrorismo o la trata de personas.
Para evaluar la independencia de los medios, el Parlamento quiere obligar a todos los medios, incluidas las microempresas, a publicar información sobre su estructura de propiedad.
Los miembros también quieren que los medios de comunicación, incluidas las plataformas en línea y los motores de búsqueda, informen sobre los fondos que reciben de la publicidad estatal y sobre el apoyo financiero estatal. Esto incluye fondos de países no pertenecientes a la UE.
Para garantizar que las decisiones de moderación de contenidos por parte de plataformas en línea de gran tamaño no afecten negativamente a la libertad de prensa, los eurodiputados piden la creación de un mecanismo para gestionar las órdenes de eliminación de contenidos. Según los eurodiputados, las plataformas deberían procesar primero las declaraciones para distinguir los medios independientes de las fuentes no independientes. Luego, se debe notificar a los medios sobre la intención de la plataforma de eliminar o restringir su contenido junto con un período de 24 horas para que los medios respondan. Si, pasado este plazo, la plataforma aún considera que el contenido multimedia no cumple con sus términos y condiciones, puede proceder a eliminarlo, restringirlo o remitir el caso a los reguladores nacionales para que tomen la decisión final sin demora. Sin embargo, si el proveedor de medios considera que la decisión de la plataforma no tiene fundamento suficiente y socava la libertad de prensa,
Los Estados miembros deben garantizar que los medios públicos cuenten con una financiación adecuada, sostenible y predecible asignada a través de presupuestos plurianuales, afirman los eurodiputados.
Para garantizar que los medios de comunicación no se vuelvan dependientes de la publicidad estatal, proponen un límite a la publicidad pública asignada a un único proveedor de medios, plataforma en línea o motor de búsqueda del 15% del presupuesto total de publicidad asignado por esa autoridad en un determinado país de la UE. Los eurodiputados quieren que los criterios para asignar fondos públicos a los medios de comunicación estén disponibles públicamente.
El Parlamento también quiere que la Junta Europea de Servicios de Medios –un nuevo organismo de la UE que se creará mediante la Ley de Libertad de Medios– sea legal y funcionalmente independiente de la Comisión y pueda actuar independientemente de ella. Los eurodiputados también presionan para que se cree un “grupo de expertos” independiente, que represente al sector de los medios de comunicación y a la sociedad civil, para asesorar a esta nueva junta.
"No debemos hacer la vista gorda ante la preocupante situación de la libertad de prensa en todo el mundo y en Europa", afirmó la relatora Sabine Verheyen antes de la votación, y agregó: “Los medios No son un negocio cualquiera. Más allá de su dimensión económica, contribuye a la educación, el desarrollo cultural y la inclusión en la sociedad, protegiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Con este proyecto de ley, alcanzamos un hito legislativo importante para salvaguardar la diversidad y la libertad de nuestro panorama mediático y de nuestros periodistas y proteger nuestras democracias”.
Una vez que el Parlamento adoptó su posición, ahora pueden comenzar las negociaciones con el Consejo sobre la forma final de la ley.