Investigan a los periodistas que cubrieron las protestas contra los fidecomisarios

Las autoridades denuncian a 8 personas, incluidas 5 periodistas, por participar o cubrir las protestas contra la toma de la Municipalidad de Mardin por el AKP-MHP.

Después de que el AKP/MHP usurpara la Municipalidad de Mardin, cientos de personas, incluidos diputados del HDP, protestaron frente al ayuntamiento el 20 de agosto de 2019. La policía atacó a los manifestantes con cañones de agua y gas lacrimógeno. Detuvieron a los periodistas de la Agencia de Mesopotámia (MA) Ahmet Kanbal y Mehmet Şah Oruç, a la periodista de Jinnews Rojda Aydın,a los periodistas Halime Parlak y Nurcan Aslan, junto con Mehmet Ete, de 67 años, Hamza y Mehmet Selim Şimdi también fueron detenidos. Los detenidos fueron puestos en libertad después de una semana.

La Oficina del Fiscal de Mardin abrió una investigación contra estas 8 personas, incluidos los 5 periodistas, acusándoles de "ser miembros de una organización ilegal" y de "hacer propaganda para una organización ilegal". Sin embargo, el año pasado se tomó la decisión de no procesarlos. No contentos, la Oficina del Fiscal General preparó una acusación con la alegación de que los acusados habían "participado en reuniones y marchas ilegales sin armas y no se disolvieron a pesar de haber sido advertidos".

El acta de acusación preparada fue aceptada por el Tribunal Penal de Primera Instancia de Mardin. En el acta de acusación, el Gobernador de Mardin declaró que había una "prohibición de acciones y actividades" de 30 días el día del incidente. Se hicieron declaraciones sobre los periodistas y las otras 3 personas que los acusaban de "bloquear la autopista al tráfico de vehículos; no abandonar la zona de acción a pesar de la advertencia y después de la intervención policial; mostrar resistencia y estar entre el grupo de protesta".

En el acta de acusación, el fiscal alegó que "la reunión y la marcha tuvieron lugar de forma ilegal" y añadió: "Los informes del examen de vídeo y las declaraciones tomadas indican que los acusados formaban parte del grupo que cometió el acto ilegal y, por lo tanto, hay suficientes sospechas sobre ellos para exigir una demanda pública".