La Unidad Legal de la Asociación de Medios y Estudios de Derecho (MLSA) se ha opuesto a la prohibición de transmisión impuesta por el 10º Juzgado Penal de la Paz de Estambul después de la explosión en Taksim.

Los abogados de la MLSA solicitaron que se levantara la prohibición, ya que viola las libertades de prensa, expresión y comunicación garantizadas por la Constitución, así como el principio que establece que Turquía es un estado social gobernado por el estado de derecho.

El 13 de noviembre de 2022, el 10º Juzgado Penal de la Paz de Estambul impuso una prohibición de transmisión a las 6.27 PM después de una explosión en la avenida İstiklal de Beyoğlu a las 4.20 PM. Tras la prohibición de transmisión, la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (BTK) decidió limitar el acceso a varias plataformas de redes sociales que hicieron que  fueran inaccesibles. El estrangulamiento, que duró 10 horas, terminóesta mañana temprano . Sin embargo, la prohibición de transmisión aún continúa.

Solicitando a la 10ª Juzgatura Penal de Paz de Estambul, la Unidad Legal de MLSA se opuso a la prohibición de transmisión, que fue "tomada de manera ilegal" y que "resultó en la violación de los derechos constitucionales" y solicitó que se eliminara la prohibición. En su petición, los abogados de MLSA enfatizaron que la limitación del acceso a las plataformas de redes sociales que acompañó a la prohibición de transmisión creó más miedo y pánico entre el público.

Los abogados de MLSA argumentaron que la prohibición viola el Artículo 22 de la Constitución, que garantiza la libertad de comunicación, el Artículo 26, que garantiza la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y el Artículo 28, que garantiza la libertad de prensa.

Los abogados argumentaron además que, como la decisión de prohibición se tomó de tal manera que no podía preverse legalmente, también viola el artículo 2 de la Constitución, que establece que "Turquía es un estado social gobernado por el estado de derecho".

En la petición, se afirmaba que "La intervención en cuestión, es decir, una prohibición de transmisión de un tema que es de interés para el público, no es sólo un bloqueo al acceso a las noticias, sino que también constituye una aniquilación de la fuente de noticias de las masas; una intervención directa al derecho a la información y a la libertad de formarse una opinión al mantener a las personas alejadas de las fuentes de información y, por lo tanto, también constituye una restricción al derecho a la participación pública".