Siete destacadas organizaciones periodísticas de Turquía han expresado su “preocupación por un proyecto de ley sobre desinformación que, en nuestra opinión, podría dar lugar a uno de los mecanismos de censura y autocensura más severos de la historia de la República turca”.

Los diputados del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), junto a los diputados del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) en coalición, han presentado en el Parlamento un “Proyecto de Ley sobre Desinformación”.

Firmada por 66 diputados de ambos partidos, la “propuesta de ley sobre la modificación de la Ley de Prensa” fue presentada a la Presidencia del Parlamento el 26 de mayo. El proyecto de ley, de 31 páginas, contiene 39 artículos.

La declaración en contra de las organizaciones periodísticas, firmada por el Sindicato de Periodistas de Turquía (TGS), el Comité Nacional del Instituto Internacional de la Prensa (IPI) en Turquía, la Asociación de Periodistas, la Asociación de Periodistas Progresistas (PJA), el Consejo de la Prensa Turca, Haber-Sen y la Asociación de Periodistas de Esmirna (IGC), afirma que “el proyecto de ley fue preparado a puerta cerrada por el AKP en el poder y representantes del MHP, y no se consultó la opinión de los periodistas”.

La declaración añade: “El proyecto de ley agrega al código penal un nuevo delito titulado ‘distribuir públicamente información engañosa’, con penas de prisión. También otorga a la administración nuevos poderes para sancionar a los medios de comunicación con multas, prohibiciones de publicidad y estrangulamiento del ancho de banda. Si el proyecto de ley se convierte en ley, impulsará la censura sistemática y la autocensura en Turquía, en lugar de luchar contra la desinformación. Pedimos su retirada inmediata porque una ley de medios de comunicación que no refleja las opiniones de los periodistas y las organizaciones periodísticas no puede resolver el problema de la desinformación”.

Según las asociaciones de prensa, el proyecto de ley “cita conceptos como desinformación, noticias falsas, información infundada e información distorsionada, sin proporcionar definiciones legales, y también se refiere a nociones vagas como seguridad, orden público y paz pública. Estas definiciones y conceptos vagos se han utilizado contra los periodistas en los juicios. Este enfoque deja las leyes expuestas a graves abusos por parte de un sistema judicial que ya sufre la captura política y la pérdida de independencia. Rechazamos esta propuesta de ley”.

Las organizaciones de prensa han hecho un llamamiento a todos los actores políticos para que inicien un proceso de diálogo con las organizaciones periodísticas, con el fin de resolver problemas como la desinformación: “La desinformación es un problema en todo el mundo. Hay muchos otros problemas que reducen la calidad del periodismo en Turquía y perjudican el derecho del público a estar informado. Invitamos a todos los actores políticos a iniciar un proceso de diálogo amplio y transparente con las organizaciones periodísticas para crear leyes pluralistas, establecer instituciones democráticas y mejorar la autorregulación que pueda solventar estos problemas, tras la suspensión de la actual propuesta de ley”.

Antecedentes

La propuesta de ley dice que “el uso de los medios sociales, que aumenta en paralelo a Internet, facilitando y acelerando el acceso a las noticias y a la información” representa un problema.

Los aspectos negativos de los medios sociales se enumeran de la siguiente manera:

“Están surgiendo nuevas y diferentes plataformas de medios sociales con diferentes temáticas. La gente pasa la mayor parte de su tiempo en estas plataformas.

La digitalización conduce a un mundo en el que se discuten los trastornos de la personalidad o las psicopatologías.

Debido a la digitalización, las personas se enfrentan a nuevos problemas o a violaciones de sus derechos personales.

Los proveedores de estas redes sociales u otros actores que desempeñan un papel en el mundo digital [...] se resisten a las exigencias legítimas de los Estados”.

La justificación general dice que la ley se preparó para proteger a las personas de “las injurias, calumnias, insultos, desprestigio, odio y discriminación” porque “las personas malintencionadas ocultan sus identidades” y “crean contenidos ilegales con nombres y cuentas falsas”. Y agrega que “en este contexto, es evidente que el acto de producir y difundir intencionadamente noticias falsas (desinformación) se ha convertido en una grave amenaza que (...) impide el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz.

Esta amenaza también tiene como objetivo impedir el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión y la libertad de información, abusando de diversas libertades. El punto al que ha llegado la desinformación con el desarrollo de la tecnología ha hecho necesario combatir esta amenaza para proteger los derechos y las libertades fundamentales”.

Pero el núcleo de la propuesta de ley está en el artículo 29, que se titula “lucha contra la desinformación”. Con esta disposición, se añadiría al Código Penal turco el delito de “difundir abiertamente información que induzca a error al público”:

Quienes difundan información falsa sobre la “seguridad interna y externa del país, el orden público y la salud pública” de forma que “perturbe la paz pública” serán condenados a entre “uno y tres años de prisión. Si el delito se ha cometido ocultando la identidad real o como parte de las actividades de una organización, la pena se incrementará en la mitad”.

La Comisión Parlamentaria de Justicia va a comenzar a debatir el proyecto de ley.