Después del llamado al parlamento en Turquía por parte de siete organizaciones periodísticas líderes, incluida la Unión de Periodistas de Turquía (TGS), las Federaciones Europea e Internacional de Periodistas (EFJ-FIP), se unieron a 21 organizaciones internacionales de libertad de prensa y de expresión, y periodistas para pedir la desestimación inmediata del proyecto de ley sobre “desinformación y noticias falsas” que fue presentado al parlamento el 27 de mayo por la alianza gobernante del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP).

El proyecto de ley amenaza con hasta tres años de prisión para los culpables de la publicación deliberada de "desinformación y noticias falsas" con la intención de instigar miedo o pánico, poner en peligro la seguridad interna o externa del país, el orden público y la salud general de la sociedad turca.

Tal proyecto de ley, donde la definición de desinformación e "intención" es tan vaga, pone a millones de usuarios de Internet de Turquía en riesgo de acciones criminales por publicaciones con las que el gobierno no está de acuerdo.

Colocada en manos del poder judicial altamente politizado de Turquía, la ley se convertiría en otra herramienta para hostigar a periodistas y activistas, y podría provocar una autocensura general en Internet.

El proyecto de ley también aumentaría en un 50% cualquier sentencia en la que se publique información de cuentas de usuarios anónimos. Esto socava gravemente el anonimato en Internet e intimida aún más a aquellos que desean publicar pruebas de corrupción e irregularidades pero temen las consecuencias de ser identificados públicamente. 

La alianza gobernante afirma que el proyecto de ley está en línea con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y el Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, no existen tales disposiciones en ninguna de estas normativas. 

La ley también traería sitios de noticias bajo la Ley de Prensa (Cuenca Kanunu). Esto da a sus periodistas acceso a la acreditación de prensa oficial y también a fondos públicos de publicidad a través de la Agencia de Publicidad de Prensa oficial, Basin Ilan Kurumu (BIK). En la práctica, sin embargo, esto simplemente permitirá que el gobierno financie sitios de noticias progubernamentales mientras prohíbe los medios críticos que se considera que han infringido la ley de desinformación.

En la etapa de redacción, el gobierno habría organizado una consulta con plataformas digitales internacionales, pero no logró reunirse con representantes de los medios, editores, asociaciones de periodistas o sindicatos, a pesar de que estos grupos y sus miembros son los más afectados por la legislación.

El proyecto de ley se encuentra actualmente en el Parlamento. Sin embargo, el papel del legisaltivo se ha visto tan socavado por el sistema presidencial que el proyecto se está acelerando sin un escrutinio o debate adecuado y se espera que se convierta rápidamente en ley en unos días. 

“La desinformación es un tema importante y debe combatirse, pero no al precio de restringir los derechos de los periodistas y los derechos de libertad de expresión del público. Cualquier iniciativa de este tipo debe desarrollarse en estrecha consulta con los medios y otras partes interesadas e incluir garantías suficientes para la libertad de expresión y el periodismo independiente que puedan evitar su abuso por parte del gobierno para imponer una censura arbitraria”, advirtió la declaración conjunta de los 23 grupos.

Las organizaciones hacen un llamado a todas las y los parlamentarios de Turquía que creen en el proceso parlamentario y el libre flujo de ideas e información como parte central de una sociedad democrática, para que rechacen este proyecto de ley.