Periodistas y sindicatos han salido a la calle en Estambul contra la nueva “ley de censura” del gobierno turco. El sindicato de medios de comunicación Basın-İş, el sindicato de periodistas TGS y la Comunidad de Periodistas de Turquía (TGC), así como numerosos y numerosas profesionales de los medios de comunicación, participaron en la protesta celebrada frente al monumento a la paz en Şişhane.

El proyecto de ley presentado por la coalición de gobierno turco formada por el AKP y el MHP el 27 de mayo permite una pena de prisión de hasta tres años por la difusión intencionada de “desinformación y noticias falsas”.

Özge Yurttaş dijo en nombre del sindicato Basın-İş que la ley prevista va dirigida contra todos los medios de comunicación que no sigan la línea del gobierno. “Es una de las leyes más oscuras de la historia de la República y amenaza no sólo a los medios digitales, sino también a los ciudadanos y ciudadanas de a pie”, dijo el sindicalista.

Se utilizan argumentos de “interés público” y “seguridad nacional” para condenar a los usuarios y usuarias de los medios digitales y silenciar a quienes no apoyan al gobierno.

El presidente del TGS, Gökhan Durmuş, recordó la detención de 16 periodistas en Amed la semana pasada, y señaló que las cámaras y los artículos de los detenidos y detenidas figuran como pruebas de un presunto delito de terrorismo. “Incluso antes de que se apruebe el nuevo proyecto de ley, el periodismo se verá ya impedido en la práctica. Exigimos la derogación de este proyecto de ley”, declaró Durmuş.

“La desinformación la difunde el propio gobierno”

Uğur Güç habló en nombre del TGC y condenó el proyecto como una ley de censura grave. “No se le puede llamar de otra manera. La desinformación la difunde el propio gobierno de todos modos. Si decimos que hay inflación y que el precio del gas está subiendo, nos meterán en la cárcel. No tenemos miedo a la cárcel, de todas formas nos detienen constantemente y nos juzgan. Seguiremos escribiendo la verdad”.

El proyecto de ley, que consta de 40 artículos, define vagamente los términos “desinformación” y “voluntariedad”, y puede ser utilizado por el gobierno para perseguir la publicación de información indeseable a su discreción.